Considera que sí tiene competencia para «poner fin» a las nacionalizaciones que se producen según la aplicación de esta norma, tal como señalaron los cuatro vocales de la Junta que presentaron voto particular.
En la sede situada en la calle Bambú, la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que el pasado jueves se pronunció acerca de los escritos que Vox presentó contra las nacionalizaciones conforme a la ley de nietos, fue recibida con una mezcla de satisfacción y descontento.
Por una parte, en el partido de Santiago Abascal celebran que el órgano haya exigido una justificación «suficiente» acerca de la provincia a la que se adscriben las personas que obtengan la nacionalidad española -en Vox plantearon dudas sobre el impacto electoral que puede conllevar la asignación a una circunscripción determinada-. Sin embargo, en las filas del partido lamentan que la Junta Electoral se haya declarado incompetente para «pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento» -es decir, para profundizar en su actuación contra la ley de nietos-.
Por esa razón, el partido de Abascal se dispone ahora a impugnar este último punto. Fuentes del partido señalan que sus servicios jurídicos presentarán en las próximas horas un recurso ante los tribunales contencioso-administrativos -en particular, ante el Tribunal Supremo- contra la resolución de la Junta Electoral. En dicha resolución, explican, el órgano indica «no tener competencias para poner fin al fraude o la ilegalidad en el censo» derivados de la aplicación de la ley de nietos -una disposición integrada en la Ley de Memoria Democrática-, pero desde Vox opinan que la Junta Electoral «sí puede» y «debe» intervenir para frenar este proceso de nacionalizaciones.
Para fundamentar esta postura, en Vox se apoyan, entre otras razones, en que cuatro vocales de la Junta Electoral presentaron un voto particular a la resolución cuestionada, en el que instaban al órgano a no permanecer «inactivo». «Si la Junta Electoral Central no es la competente para detener un incremento considerable e irreversible del censo contrario a lo previsto en la Ley, ¿quién lo sería?», planteaban.
Grupo de trabajo sobre la ‘ley de nietos’
El partido de Abascal ha colocado la oposición a las nacionalizaciones por la ley de nietos entre sus prioridades políticas y, por ello, ha establecido un grupo de trabajo interno para coordinar las iniciativas y recursos que ha impulsado contra esta norma. Este órgano está integrado por el coordinador jurídico de Vox y jefe de su delegación en Europa, Jorge Buxadé; su secretaria general adjunta, Montserrat Lluis; su vicesecretario de Acción Política y diputado, Ignacio de Hoces; y el director de la fundación de Vox (Disenso), Jorge Martín Frías.
Así, junto a las acciones judiciales, como el recurso contra la resolución de la Junta Electoral, se suman otras coordinadas desde este órgano interno, tales como el envío a todos los eurodiputados del informe de la fundación Disenso sobre este tema o la petición de una «reunión técnica» con la Dirección General de Justicia. Estas dos últimas iniciativas son impulsadas por Vox porque consideran que las nacionalizaciones bajo la ley de nietos «tienen un alcance europeo»: «Quien adquiere la nacionalidad española obtiene también la condición de europeo», explican fuentes del partido, justificando así su solicitud para que las instituciones comunitarias requieran al Gobierno información sobre este procedimiento.