Gonzalo Boye ha presentado un escrito donde acusa al Tribunal de Cuentas de contradecir la reciente sentencia del TJUE emitida la semana pasada. Este escrito también cuenta con la firma de Comín y Puig.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dirigieron un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea en el que acusan a España de no haber implementado la Ley de amnistía tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la semana pasada.
Según el documento avanzado por Vilaweb y al que tuvo acceso EL MUNDO, el abogado Gonzalo Boye denunció que la resolución del Tribunal de Cuentas de reabrir el plazo de alegaciones de 10 días en el caso del supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O de 2017 va en contra de la decisión del TJUE.
Boye sostiene que la determinación del Tribunal de Cuentas implica la suspensión de la sentencia y solicita a la Comisión que intervenga «dada la naturaleza del incumplimiento y su efecto sobre las medidas cautelares que afectan a los denunciantes con una cuantía que supera los 9,5 millones de euros». «Incluirla tras el fallo, sin ninguna base factual, no representa un ejercicio legítimo de la competencia exclusiva del juez nacional para verificar y valorar las pruebas: es una elusión de la interpretación establecida», agrega.
Además, en su opinión, la medida adoptada por el Tribunal vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea relativo a la cooperación leal. «El incumplimiento intencionado de una sentencia del Tribunal de Justicia por parte de un órgano judicial de un Estado miembro, junto con su distorsión pública a través de una nota oficial, afecta al valor fundamental del Estado de Derecho en el que se fundamenta la Unión. Esto ocurre sin menoscabo de la responsabilidad patrimonial del Estado ante particulares por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales», señala la denuncia.
La denuncia también destaca que se ha registrado «un incumplimiento claro y voluntario de una sentencia del Tribunal de Justicia, agravado por la utilización del procedimiento en beneficio de una de las partes, y la responsabilidad patrimonial del Estado por violación del Derecho de la Unión atribuible a sus órganos jurisdiccionales».
Desde la Comisión Europea aún no se ha emitido una respuesta oficial; no obstante, fuentes del Ejecutivo comunitario indican que mañana publicarán algún tipo de pronunciamiento. No obstante, parece poco probable que la denuncia prospere.
La semana pasada, tras conocerse la sentencia, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, se manifestó indicando que la Comisión «toma nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal de Justicia, incluidas las relacionadas con la ley de amnistía española». «Analizaremos esta y las demás sentencias dictadas por el TJUE», enfatizó el funcionario irlandés, y concluyó: «Hay otras solicitudes de decisión prejudicial pendientes y corresponde al órgano jurisdiccional que las remitió aplicar la sentencia; continuaremos siguiendo de cerca la evolución de estos hechos».