El paquete de adhesión de Montenegro a la UE por 3.200 millones de euros representa una cantidad modesta para los contribuyentes del bloque, pero podría establecer un precedente sobre cómo se financiarán futuras ampliaciones.
Se prevé que Montenegro marque un precedente en la forma de financiar la expansión de la UE en el corto plazo, agregando una nueva complejidad a las ya complicadas negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo del bloque.
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En el mes pasado, la Comisión Europea presentó el paquete financiero para la adhesión de Montenegro, el proceso más avanzado entre los países candidatos actuales a la membresía de la UE.
El costo económico para este país de los Balcanes Occidentales, con una población aproximada de 626.000 habitantes, se estimó en 3.200 millones de euros, una cifra inferior a 1 euro por contribuyente europeo, o, como indicaron funcionarios de la Comisión, menos que el precio de un café.
Aunque el impacto económico resulte pequeño, insignificante frente al presupuesto a largo plazo de casi 2 billones de euros de la UE, la influencia de Montenegro en las sensibles negociaciones presupuestarias puede ser mucho más relevante de lo que su monto sugiere.
“El paquete financiero para Montenegro será polémico, no tanto por la cuantía implicada, sino por principios fundamentales,” afirmó un diplomático de la UE a Euronews, quien solicitó anonimato debido a la delicadeza del tema.
La ampliación de la UE ha experimentado un renovado impulso tras estar prácticamente estancada desde la adhesión de Croacia en 2013. Funcionaros de la Comisión presumen que el avance de los últimos seis meses supera al logrado en la última década.
Sin embargo, este renovado empuje también ha impulsado propuestas para reformar el proceso de adhesión, con varias capitales europeas solicitando salvaguardas democráticas y una integración gradual para aspirantes como Ucrania.
Como consecuencia, Montenegro, cuyo tratado de adhesión comenzó a redactarse hace pocas semanas, se ha convertido en un caso de prueba para definir cómo será la siguiente etapa de ampliación, mientras la Comisión prepara sus propias propuestas para recuperar la iniciativa en este ámbito.
“Montenegro es un precedente. No debería serlo, pero inevitablemente lo es,” dijo otro diplomático, señalando que los Estados miembros quieren que sus posturas sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual se reflejen en este expediente.
Implicaciones presupuestarias
El punto conflictivo se centra en la financiación de los costes adicionales que Montenegro supondría para el presupuesto de la UE – si ello se realizará mediante la redistribución de recursos existentes o la búsqueda de fondos nuevos – y qué repercusiones tendrá para los programas comunitarios.
Los programas de financiamiento reflejan las distintas prioridades políticas de los países miembros y constituyen una línea divisoria clave en las negociaciones presupuestarias, con Estados del sur y este de Europa impulsando una mayor inversión en política de cohesión y agricultura, mientras que los países nórdicos insisten en priorizar competitividad y defensa.
En caso de que Montenegro se convierta en miembro de la UE, dejaría de ser un “contribuyente neto” para pasar a ser un receptor neto, recibiendo más fondos de la UE de los que aporta. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, una gran parte de la financiación para cohesión y agricultura provendría de los recursos asignados a Montenegro bajo el Plan Europa Global, el programa europeo de ayuda al desarrollo.
Es decir, conforme Montenegro deje de ser elegible para la asistencia al desarrollo, esos fondos se redirigirán a programas agrícolas y regionales. Queda por definir cómo se financiarán los demás programas.
La Comisión sugiere un aumento proporcional del presupuesto destinado a áreas como defensa y competitividad, con el objetivo de “garantizar que no haya un efecto negativo en los fondos previstos para la UE-27”.
No obstante, permanece la pregunta sobre la fuente de esos fondos adicionales, que implicaría o bien aumentar los ingresos por impuestos propios de la UE, o incrementar las contribuciones nacionales de los Estados miembros.
Los países “contribuyentes netos”, como Alemania y los Países Bajos, conocidos como los “frugales”, han abogado por reducir el tamaño general del presupuesto europeo para minimizar las aportaciones nacionales, por lo que probablemente defendrán la redistribución de los recursos existentes.
Aunque la cantidad pueda resultar insignificante para los presupuestos nacionales, la cuestión está destinada a marcar un precedente para futuros tratados de adhesión, ya sea para candidatos más pequeños como Albania y Moldavia o para casos más complejos como Ucrania.
El desenlace podría ser más que una simple pugna por la distribución del presupuesto comunitario; también podría generar un efecto disuasorio para países más ricos que consideren su ingreso al bloque, pues comenzarían siendo aportantes netos.
Iceland, en particular, tiene previsto realizar un referéndum sobre la reapertura de las negociaciones de adhesión a finales de agosto, tras haber suspendido su candidatura en 2015.
“Montenegro marca el precedente,” afirmó otra fuente con conocimiento directo del asunto. “La UE deberá mantener coherencia en procesos futuros de adhesión. De dónde provenga el dinero será un tema polémico.”