¿Cómo logró ‘Julito’ evadir el IRPF durante cuatro años? ¿Quién decidió no investigar el patrimonio de ZP hasta la intervención del juez? ¿Se ha verificado la autenticidad de los servicios facturados por Whathefav, la empresa propiedad de las hijas del ex presidente?
El Partido Popular rechaza pasar por alto la declaración de Soledad Fernández, ex directora de la Agencia Tributaria, en la comisión del Senado que examina las irregularidades de la SEPI, lamentando «profundamente» que no se advirtieran signos de alerta respecto al caso irregular de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, quien hoy comparece ante el juez y a quien, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no se le detectó declaración de IRPF entre 2020 y 2024, ni se abrió investigación patrimonial sobre el ex presidente hasta la intervención del magistrado José Luis Calama, que le imputó por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos contra la Hacienda Pública.
Julio Martínez, conocido como Julito, envió ayer un escrito al juez Calama en el que admite no solo la mediación de Zapatero para que el Gobierno otorgara un rescate de 53 millones de euros a la empresa Plus Ultra, sino también que el ex presidente ejercía control efectivo sobre la compañía Análisis Relevante, a través de la cual se canalizaban las comisiones que él recibió y de las que también se benefició Whathefav, la firma vinculada a sus hijas.
Los populares han presentado en el Senado, cámara que controlan, una avalancha de preguntas dirigidas al Ministerio de Hacienda, al que sitúan, junto con la Agencia Tributaria, en el centro de la polémica. El PP sostiene, según declaró a EL MUNDO su portavoz Alicia García, que «los amigos del Gobierno», refiriéndose a Zapatero y Julio Martínez, «pueden evadir impuestos de forma sumamente sospechosa».
El PP subraya que la ONIF ha constatado que, entre 2020 y 2025, Julio Martínez no presentó autoliquidaciones de IRPF excepto en 2024, a pesar de que controlaba 39 sociedades, residía en una propiedad alquilada por más de 60.000 euros al año y recibía remuneraciones como administrador. Sin embargo, la AEAT no emprendió ninguna acción en su contra. Por ello, exigen al Ejecutivo una explicación sobre por qué los sistemas automáticos de la Agencia no se activaron ante un contribuyente que dejó de declarar durante cuatro ejercicios consecutivos; si se le remitió algún requerimiento; cuál fue el fallo: el sistema informático, el criterio de selección de riesgos o una decisión humana; si se inició alguna investigación interna para esclarecer responsabilidades y, en definitiva, si Hacienda considera «que cualquier otro contribuyente que omitiera la declaración de IRPF durante cuatro años habría recibido el mismo trato».
También señalan que de las 39 entidades gestionadas por Julito, 20 están dadas de baja y no presentaron declaraciones por el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2025 o reportaron cifra de negocio nula. Solo una declaró ingresos por 3.630 euros en 2020 y tres más, aunque formalmente inactivas, registran movimientos bancarios significativos. Destacan en particular una: Zenzap S.L., la cual registró entradas bancarias por 1,7 millones de euros a pesar de no tener actividad ni empleados, no estar registrada en el IAE y mostrar patrimonio negativo desde 2019.
En este punto, preguntan al Ministerio que ahora lidera Arcadi España cómo es posible que 20 sociedades permanezcan años sin presentar el Impuesto de Sociedades sin que se active ningún procedimiento de verificación catastral o inspección; si se ha realizado alguna actuación respecto a Zenzap S.L. y por qué no se inician inspecciones sobre un contexto societario cuyos registros reflejan 4,9 millones en ingresos y en el que 20 sociedades no tributan.
Asimismo, el PP enfatiza que Martínez administra 25 sociedades, representa a 30 y figura como autorizado en las cuentas bancarias de 22. De todas ellas, en las tres que facturan a Plus Ultra su participación es reducida: Análisis Relevante (5,26%), Voli Analítica (6,92%) e Iotic Domotic Europe (0,25%). Además, su patrimonio personal es limitado: sin cuentas bancarias en 2020 y 2021, sin vehículos y con un volumen de ingresos que la propia ONIF considera insuficiente para afrontar el coste del alquiler de su vivienda. Por esa razón, consideran inexplicable que la AEAT no haya valorado «el desajuste entre renta declarada y signos externos».
El patrimonio del ex presidente
En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, principal receptor de Análisis Relevante con 418.000 euros en rendimientos profesionales entre 2020 y 2024, los populares desean conocer si la Agencia Tributaria contrastó dicha cifra con las autoliquidaciones de IRPF de Zapatero. Además, insisten en que, si, como afirmó la ex directora de la AEAT, investigar el patrimonio del ex presidente constituye una «obligación», por qué no se realizó en 2021, 2022, 2023 o 2024 cuando esos pagos ya aparecían en los sistemas de la Agencia. También preguntan si se ha verificado la autenticidad de los servicios facturados por Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas a su entorno familiar, y la correspondencia con una actividad económica real.
El PP recuerda que, según el informe de la ONIF, Zapatero recibió de Análisis Relevante 28.000 euros en 2020; 75.000 en 2021; 110.000 en 2022; 110.000 en 2023 y 95.000 en 2024 y que Whathefav, la empresa de sus hijas, obtuvo del conjunto societario 242.423 euros y 561.440 de Inteligencia Prospectiva S.L. Asimismo, Gate Center, cuyo consejo asesor, según la ONIF, preside Zapatero, recibió 266.200 euros de esta última sociedad.
También destacan que la ex directora admitió en el Senado que el caso de Zapatero fue analizado por ella misma junto a responsables de la inspección, el delegado especial de Madrid y la directora de Aduanas [debido a las joyas encontradas en su despacho], «por la relevancia pública» del caso y para determinar los pasos a seguir, pero a pesar de ello, puntualiza el PP, «no se iniciaron actuaciones inspectoras hasta la intervención judicial».
En este sentido, instan al Gobierno a clarificar quién tomó la decisión de no iniciar una inspección y si se informó al secretario de Estado de Hacienda o al ministro sobre las deliberaciones mantenidas en la cúpula de la Agencia Tributaria. Concluyen: «¿Asume el Ministerio alguna responsabilidad política por la posible prescripción de obligaciones tributarias que podrían haberse evitado mediante la apertura oportuna de un procedimiento administrativo?».
Los populares sostienen que «la consecuencia práctica de la inacción es la pérdida definitiva del derecho a liquidar». Por ello, insisten en que el Gobierno debe «detallar con exactitud qué responsabilidades se han perdido y cuáles permanecen activas» en estos procesos.