Las claves
La jornada para el Gobierno de Sánchez estuvo marcada por contrastes: alegría por el respaldo del TJUE a la ley de amnistía y molestia derivada de la decisión judicial que lleva a juicio a Begoña Gómez.
El Tribunal de Justicia de la UE ratificó la ley de amnistía, autorizando su ejecución sobre líderes independentistas como Carles Puigdemont y fortaleciendo la táctica del Ejecutivo.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, enfrentará juicio por malversación y tráfico de influencias, aunque se le retiraron otros cargos y recuperó el pasaporte.
El Gobierno continúa defendiendo la inocencia de Begoña Gómez y denuncia persecución política por parte de la oposición y sectores judiciales que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
Algunos manuales de autoayuda sostienen que el estado de felicidad permanente no existe, solo se experimentan momentos o picos emocionales positivos desencadenados por estímulos específicos que generan esa sensación placentera temporalmente.
Algo similar vivió este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez, experimentando una montaña rusa de emociones políticas y personales que le impidió celebrar plenamente las buenas noticias.
La jornada arrancó con el entusiasmo por la ratificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a su arriesgada apuesta con la ley de amnistía, pero ese entusiasmo fue efímero debido al revés que supuso que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio con jurado a Begoña Gómez.
El soplo político favorable llegado desde Luxemburgo se vio empañado horas después ante la confirmación de que la esposa del presidente enfrentará juicio en los próximos meses.
Frente a esto, la reacción política desde Moncloa mantiene que los revéses judiciales no debilitán al Gobierno y que la consolidación de la amnistía valida gran parte de la política de Sánchez, poniendo en evidencia al PP por su oposición total a una norma que exime de responsabilidad penal a los condenados por el procés independentista de 2017 en Cataluña.
Es verdad que a la esposa del presidente le eliminaron dos delitos por los cuales fue imputada por Peinado y le devolvieron el pasaporte, pero permanece la frustración y la indignación porque se mantienen los cargos por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, y se ordena la celebración del juicio ante un jurado popular.
Esto representa una experiencia dura para la esposa del presidente y un revés importante para Sánchez, tanto a nivel emocional como político, especialmente tras la reciente condena de nueve años de inhabilitación para su hermano, David Sánchez, por prevaricación.
La respuesta oficial sigue la línea de la estrategia de Moncloa que cuestiona estas resoluciones, centrada hasta ahora en criticar a los jueces instructores, en particular a Peinado. Sin embargo, esta crítica debería extenderse también a los cinco magistrados de la Audiencia Provincial que respaldan el juicio a Begoña Gómez y a aquellos de Badajoz que aprobaron la celebración de la vista oral contra David Sánchez.
Si a esto se suman los magistrados que condenaron en el Tribunal Supremo al fiscal general, Álvaro García, en una sentencia que el Gobierno criticó con dureza, la conclusión es que la acusación de lawfare o de motivación política en decisiones judiciales debería aplicarse a aproximadamente una veintena de jueces que han intervenido en estos procesos en diferentes instancias.
Aunque el Gobierno expresa su desconfianza hacia los jueces, también lamenta que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal de jurado —es decir, sin magistrados profesionales— sin mencionar que la reforma legal que amplió el uso del jurado para delitos como los que se imputan a la esposa de Sánchez fue impulsada en su momento por el PSOE.
Sánchez sostiene que su esposa, su hermano y Álvaro García son inocentes y víctimas de maniobras políticas con intención de derribar al Gobierno. Desde hace dos años, ministros y dirigentes socialistas replican este mensaje y continuarán haciéndolo en las próximas semanas.
Todo esto ocurre mientras avanzan otras investigaciones relacionadas con el Gobierno y el partido, como las llamadas «cloacas del PSOE», que involucran a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.
Respecto a estos últimos casos, el Gobierno y el partido ya no ofrecen respuestas defensivas y reconocen, en distintos grados, la existencia de hechos graves sometidos a investigación. Sin embargo, mantienen intacto el apoyo y la defensa de la inocencia en los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García, estos dos últimos ya condenados.
En estos procesos se centra la estrategia de denunciar persecución política por parte de los tribunales, incluso con la intención de transformar esa narrativa en una «épica del perseguido», cubriendo casos de corrupción bajo un velo de victimismo.
«Quien conozca la instrucción sabe que se trata de un caso con una motivación política, originado en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, cuya única finalidad es hostigar y perseguir a la mujer del Presidente del Gobierno», aseguran fuentes de Moncloa.
Sobre la acusación de tráfico de influencias sostienen que «no existe ninguna prueba de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones», y respecto a la malversación afirman que «no hubo beneficio económico para ninguno de los investigados y la UCM no sufrió daño patrimonial. Begoña Gómez no recibió remuneración alguna por codirigir la cátedra. Colaboró con la Complutense desde 2012, años antes de que Pedro Sánchez fuera Secretario General del PSOE o Presidente del Gobierno».
Al inicio del día se esperaba una decisión favorable del TJUE sobre la ley de amnistía, confirmando su compatibilidad con la legislación europea y, por ende, su aplicabilidad a Carles Puigdemont, acusado de malversación, facilitando su regreso a España.
Se coordinó la reacción con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y ambos, junto con el ministro Félix Bolaños, llamaron al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo para que apliquen la ley a Puigdemont y den por concluida la fase penal del procés.
«El horizonte queda despejado para la aplicación total de la ley (…) Se habrá cumplido íntegramente la norma tal como la aprobaron las Cortes Generales cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
Esta será la etapa final del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería beneficioso para todos que esta fase se recorra lo más pronto posible«, afirmó Bolaños.
«La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro lleno de esperanza y liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como lo estableció el Tribunal Constitucional en su momento, y cumple con el derecho europeo. Por ello, solicito su aplicación ágil y completa», declaró Illa.
Después del verano, el Constitucional deberá resolver los recursos de amparo contra la no aplicación en el Supremo de la amnistía respecto al delito de malversación, lo que obligará al Supremo a asumirlo y aplicarlo para exculpar a los líderes del procés.
El Gobierno pretende evitar demoras para que Puigdemont regrese a España «cuanto antes», aunque da por perdida la posibilidad de retomar un acuerdo de investidura con Junts debido a la proximidad de las elecciones generales.
La rapidez en la aplicación de la norma es esencial para Sánchez, ya que necesita buenas noticias y esta le proporciona un motivo para mostrar satisfacción y criticar al PP por su ofensiva total, tanto en tribunales como en la calle, contra la ley de amnistía.
El Gobierno explica que la ley fue respaldada inicialmente por el Tribunal Constitucional y ahora por el TJUE, confirmando su conformidad primero con la Constitución y luego con el derecho europeo.
Desde la perspectiva política, consideran que esta validación apoya su gestión al plasmar en una ley el complicado acuerdo pactado con Junts para asegurar la investidura de Sánchez en 2023.
Resaltan que lo que denominan como «normalización» y «pacificación» de Cataluña, junto con los indicadores económicos, justifican esta exigente legislatura. No obstante, esa satisfacción se ve ensombrecida por las situaciones judiciales actuales y las que se avecinan.
Para Óscar Puente, la montaña rusa vivida el jueves en Moncloa fue intencionada, sugiriendo en redes que la Audiencia Provincial de Madrid hizo pública su resolución para eclipsar el éxito gubernamental en el TJUE sobre la amnistía. No mencionó que también coincidió con otros eventos, como la celebración de España y Argentina clasificándose para la final del Mundial de fútbol.