Las claves
La Audiencia Provincial de Madrid confirma que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular bajo la acusación de presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
El tribunal apoya al juez Juan Carlos Peinado en su investigación dirigida a Gómez, enfocada en su rol como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.
Se descarta el proceso contra Gómez por corrupción empresarial y apropiación indebida ante la ausencia de pruebas suficientes.
El tribunal ha levantado todas las medidas cautelares aplicadas a Gómez, incluyendo la retirada de su pasaporte.
Begoña Gómez enfrenta un juicio ante un tribunal compuesto por nueve ciudadanos sin formación jurídica, para responder por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Así lo ha resuelto la Audiencia Provincial de Madrid en una decisión clave sobre la esposa de Pedro Sánchez, para quien ahora resulta casi inevitable sentarse en el banquillo.
La Sección 23 de la Audiencia refrendó nuevamente al juez Juan Carlos Peinado respecto al fondo del caso abierto contra Gómez en abril de 2024, que tras diversos movimientos se ha centrado en su desempeño como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo, la Sala ha anulado los cargos por dos de los cuatro delitos señalados por Peinado, al no hallar indicios suficientes para procesarla por corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Su asistente, Cristina Álvarez, será juzgada únicamente por presunta malversación de fondos, referida exclusivamente al supuesto uso indebido para fines particulares de Gómez del ‘software’ para pymes desarrollado en la cátedra extraordinaria.
La Sala rechazó en su mayoría los recursos presentados por el fiscal y la defensa contra la decisión de Peinado del 20 de marzo, momento en que especificó los indicios contra Gómez y acordó transformar la investigación en un juicio ante el Tribunal del Jurado.
Esta resolución respondió a un emplazamiento de la Audiencia a corregir autos previos en los que el instructor había abierto dos procedimientos por Jurado (uno por presunta malversación y otro por los demás delitos investigados) sin detallar claramente las pruebas contra la esposa del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La Sala exigió a Peinado un mínimo esfuerzo para precisar los hechos supuestamente delictivos atribuidos a los implicados.
Como resultado de esta indicación, el juez emitió la resolución ahora avalada por la Audiencia, donde subraya que Gómez se «aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que en la UCM se creara la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, y para la financiación de sus actividades mediante aportaciones de empresas privadas que, conocedoras de quién era la solicitante, no dudaron en otorgar dichas ayudas».
Peinado calificó esta situación como una «prevalencia moral» que constituye tráfico de influencias, argumentando que el estar casada con el jefe del Gobierno «influye en la conducta de cualquier ciudadano, consciente del poder que tiene su esposo».
Por último, el tribunal ha levantado todas las medidas cautelares impuestas por Peinado, entre ellas la confiscación del pasaporte.