Las claves
Lucas Bravo de Laguna, líder de Unidos por Gran Canaria, está acusado en la investigación sobre la trama de mascarillas del Gobierno canario durante la pandemia.
Su padre, José Miguel Bravo de Laguna, fue sentenciado en 1986 por el hurto de un pijama en Londres, motivo por el cual renunció a sus cargos políticos.
La empresa de Lucas Bravo de Laguna, B&M Sport Marketing, se vio involucrada como subcontratada en operaciones indagadas por canalizar fondos derivados de contratos de material sanitario.
La Fiscalía Europea está investigando posibles delitos de malversación, blanqueo de capitales y corrupción vinculados a la adjudicación de contratos de material sanitario en Canarias.
Lucas Bravo de Laguna, actual presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), figura entre los imputados en la trama de las mascarillas del Gobierno de Canarias durante la pandemia, bajo la gestión de Ángel Víctor Torres.
Su padre, José Miguel, fue secretario general del Partido Liberal y diputado en Coalición Popular. Sin embargo, debió renunciar a sus cargos en 1986 tras ser condenado por robar un pijama.
El hijo aparece como administrador único de B&M Sport Marketing SL, compañía que, según la investigación, fue subcontratada por Tabaiba Capital. Esta última es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta que sirvió para canalizar fondos de la trama.
El progenitor, con una larga carrera en el Partido Popular (PP), fundó UxGC, un desprendimiento de la formación de Génova.
Sin embargo, hace tres décadas, cuando ejercía como diputado de Coalición Popular, un juez en Londres le impuso una multa de 35 libras por sustraer una prenda en los almacenes Marks and Spencer.
Empresa subcontratada
Lucas Bravo de Laguna está imputado en la trama canaria de las mascarillas junto a Noel Jammal. Este empresario con doble nacionalidad hispano-libanesa administra Tanoja Services y Danco Trading Services, dos entidades que obtuvieron 13 contratos por un total de 24 millones de euros. También está investigado Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), entre otros.
La empresa de Bravo de Laguna, B&M Sport Marketing SL, fue contratada por Tabaiba Capital, dirigida por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
El contrato confería a B&M responsabilidades sobre la recepción, distribución y supervisión de la mercancía.
La Fiscalía Europea analiza si esos servicios se ejecutaron realmente y si las firmas contaban con los recursos humanos y materiales necesarios.
La acusación inicial sugirió que algunas sociedades involucradas carecían de la infraestructura acorde con los ingresos reportados.
El entramado societario bajo investigación seguía un patrón concreto: el SCS abonaba a Damco y Tanoja, que a su vez transferían fondos a Tabaiba Capital; esta última pagaba posteriormente a B&M Sport Marketing.
De acuerdo con el Registro Mercantil, Bravo de Laguna gestiona además otras dos compañías: Wewin Sport Marketing SL y Jedsky SL, una consultora y una empresa especializada en eventos deportivos, respectivamente. También preside la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria.
EL ESPAÑOL contactó con Lucas Bravo de Laguna respecto a su implicación en el caso, quien afirmó sentirse «tranquilo» y negó cualquier vínculo con Noel Jammal.
El robo del pijama
José Miguel Bravo de Laguna, padre del imputado, estuvo implicado en la sustracción de una prenda de vestir hace tres décadas.
En 1986, durante un viaje oficial a Londres, José Miguel ejercía como diputado de Coalición Popular y secretario general del Partido Liberal.
Mientras se encontraba en la ciudad británica, robó un pijama en unos grandes almacenes.
El propio Bravo de Laguna padre sostuvo que fue producto de un «despiste», asegurando que la prenda se deslizó accidentalmente en su bolsa.
No obstante, un juez londinense lo condenó a pagar una multa de 35 libras por el delito de hurto.
El político lamentó la repercusión del incidente: «Una pequeña chispa se convirtió en un incendio forestal». Calificó el suceso como «un incidente».
En una entrevista con eldiario.es, Bravo de Laguna relató que el padre de la exministra Nadia Calviño, entonces director de Radiotelevisión Española, se enteró del caso y lo difundió en televisión.
Además, mencionó que en 1986 gobernaba el PSOE y que le «tenían ganas».
Trayectoria ‘popular’
Tras renunciar por el incidente del hurto, desempeñó el cargo de consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria entre 1987 y 1991, hasta que ingresó en el PP.
Su etapa en el Partido Popular comenzó con su nombramiento como presidente regional, que ocupó desde 1991 hasta 1999.
Fue también presidente del Parlamento canario durante ocho años consecutivos, entre 1995 y 2003.
En 2003, el exministro José Manuel Soria asumió la presidencia del PP canario, desplazando a Bravo de Laguna tras las elecciones del 25 de mayo de ese año.
Después de esta derrota electoral, se retiró momentáneamente de la política activa para dedicarse a su carrera de abogado, aunque en 2011 regresó.
El PP lo recuperó y encabezó la lista para el Cabildo grancanario en las elecciones municipales y autonómicas de 2011.
Fue nombrado presidente del Cabildo insular de Gran Canaria hasta que, finalmente, en 2015 dejó el partido para crear UxGC.
UxGC, el partido
El padre de Lucas Bravo de Laguna fundó en 2015 el partido UxGC, una formación insular que actualmente dirige el propio Lucas, quien está siendo investigado por la trama canaria de las mascarillas.
Con el tiempo, la formación ha ganado peso en el escenario político canario, destacando particularmente en los últimos meses.
El 12 de febrero, UxGC estableció un pacto con Coalición por Gran Canaria (CXGC) para fortalecer las alianzas nacionalistas de la isla de cara a las elecciones de 2027.
Ambas formaciones aclararon que este acuerdo no solo abarca los comicios venideros, sino que representa un compromiso para impulsar el nacionalismo a nivel insular y también nacional.
El convenio fue suscrito por Pablo Rodríguez, secretario general de CXGC, y por Lucas Bravo de Laguna, líder de UxGC.
Trama canaria de mascarillas
La Fiscalía Europea investiga el posible soborno y corrupción en los contratos de material sanitario gestionados por el Gobierno canario durante la pandemia, bajo la administración de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial.
El caso se inició tras una inspección de la Agencia Tributaria sobre cómo varias empresas declararon las ganancias provenientes de esas ventas.
La Dependencia Regional de Inspección de Canarias remitió sus conclusiones al Ministerio Público.
Posteriormente, la Fiscalía Provincial inició diligencias mediante querella contra Noel Jammal, que obtuvo 13 contratos valorados en 24 millones de euros con dos firmas; Miguel Ángel Ramírez, administrador de Tabaiba Capital y presidente de la UD Las Palmas; Lucas Bravo de Laguna; y uno de sus vocales de partido, Christian Cerpa.
El Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas admitió la querella y está investigando a los mencionados por posibles delitos contra la Hacienda pública.
No obstante, el fiscal tampoco descarta imputar a los empresarios canarios por presuntos delitos de malversación, blanqueo de capitales y corrupción.
El contrato clave
Uno de los elementos centrales del caso es el contrato firmado entre Damco y Tanoja con Tabaiba Capital, la sociedad dirigida por Ramírez, exmandatario de la UD Las Palmas.
El acuerdo asignaba a Tabaiba la responsabilidad de identificar clientes potenciales en Canarias y facilitar la comercialización de productos de higiene y sanitarios.
Como contraprestación, la empresa recibiría «el 100% del margen adicional obtenido de los compradores en cada transacción específica de lotes de productos».
La Fiscalía mantiene que las compañías de Jammal trasfirieron sumas millonarias a la firma de Ramírez. Los documentos en poder de los investigadores estiman el total cercano a los 9,1 millones de euros.
La querella atribuye a Tabaiba beneficios netos de 3,29 millones en 2020 y 3,47 millones en 2021, sumando un total de 6,76 millones.