Las claves
El Gobierno, Junts y el Tribunal Constitucional esperan que el TJUE respalde la ley de amnistía, lo que facilitaría la vuelta de Carles Puigdemont a España.
La resolución del TJUE es fundamental para que el Tribunal Supremo ejecute la ley de amnistía respecto a Puigdemont, aunque el proceso podría extenderse hasta finales del año.
Junts opina que la normalización procesal de Puigdemont beneficiaría también al PP, permitiendo negociaciones futuras sin impedimentos legales.
El TJUE debe decidir si la ley de amnistía contraviene la legislación europea en materias de malversación y terrorismo, pero no se pronunciará sobre su constitucionalidad.
El Gobierno deposita su confianza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita este jueves un dictamen positivo acerca de la ley de amnistía, el principal obstáculo para que Carles Puigdemont regrese a España en los próximos meses.
Desde Moncloa afirman que se trata de un «presentimiento» o un «anhelo», pero realmente se fundamenta en las conclusiones presentadas en noviembre pasado por el abogado general Dean Spielmann. Su opinión jurídica no obliga al tribunal, sino que le orienta. No obstante, la mayoría de las veces, los jueces adoptan estas conclusiones y las incluyen en sus sentencias.
Esta confianza es compartida también por Junts. De hecho, el abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, prevé que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmará el criterio del Abogado General, que apoya la ley, como él mismo explicó recientemente en Catalunya Ràdio.
Coinciden igualmente con el Tribunal Constitucional, cuya presidencia de Cándido Conde-Pumpido ya respaldó la ley de amnistía y, aunque el TJUE no se pronuncia sobre su constitucionalidad sino sobre su compatibilidad con los tratados europeos, una sentencia contraria este jueves supondría una desautorización.
Además, el Tribunal Constitucional aguarda ese dictamen del TJUE para admitir el recurso presentado por Puigdemont, para que, a su vez, el Tribunal Supremo pueda aplicar la ley de amnistía que le permitiría retornar a España sin impedimentos.
En caso de que así sea, el efecto práctico no resultará inmediato, ya que aún se requerirá una resolución del Tribunal Constitucional y su posterior aplicación por el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar hasta casi fin de año la posibilidad de que Puigdemont se beneficie de la amnistía y regrese a España sin ser detenido.
Para el Gobierno, no obstante, el fallo del TJUE tendría un impacto político y simbólico muy importante, pues en gran medida la legislatura actual, que está en su recta final, empezó con las negociaciones y aprobación de esta ley que entró en vigor el 11 de junio de 2024. Pedro Sánchez convirtió la necesidad de conseguir los votos de Junts en el Congreso en una oportunidad para aprobar la norma y avanzar en lo que el Ejecutivo denominó la normalidad y reconciliación en Cataluña, dejando atrás las consecuencias del procés independentista de 2017. Por ello asumió un coste político.
Casi hace un año, Junts interrumpió las negociaciones con el Gobierno alegando incumplimientos como el no reconocimiento del uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas o el fracaso en el Congreso para trasladar a Cataluña la competencia en materia de inmigración.
También siempre demandó la vuelta de Puigdemont una vez aplicada la amnistía. El Ejecutivo respondió que estas demandas dependen de terceros, es decir, de la UE, la mayoría parlamentaria en el Congreso y los tribunales.
Fuentes gubernamentales reconocen un pesimismo respecto a la posibilidad de reanudar la relación con Junts aunque el fallo sea favorable a la ley de amnistía. Principalmente, porque el calendario no es favorable: la vuelta concreta de Puigdemont a España coincidirá casi con la convocatoria de elecciones generales, y además Junts ya ha procedido estratégicamente a distanciarse lo más posible del Gobierno para mejorar sus negativas perspectivas electorales.
Sin embargo, lo intentarán, aunque enfrentan un problema serio: la caída política de los dos interlocutores del Gobierno con Junts. Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero están siendo investigados por distintos casos de corrupción. Por ello, Antonio Hernando ha asumido esa función por orden de Sánchez para reconstruir mayorías con Junts y PNV.
El Gobierno ya ha constatado la dificultad esta semana tras el rechazo de Junts a la llamada senda de déficit, paso previo para aprobar los Presupuestos, que se volverá a repetir la próxima semana cuando el Ejecutivo presente por segunda vez la propuesta en el Congreso.
Es decir, que el Gobierno intentará negociar los presupuestos, pero sin grandes exigencias, pues todo apunta a que la negativa a las cuentas en el Congreso será la excusa para convocar elecciones en febrero o marzo de 2027.
Otra novedad es que, según el Gobierno, surgirá la paradoja de que la «normalización procesal» de Puigdemont beneficiará al PP, porque ambas partes podrán negociar en el futuro sin impedimentos legales y sin necesidad de desplazarse a Waterloo o Suiza.
El TJUE resolverá cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional para determinar si la ley de amnistía contradice la legislación europea en relación con los delitos de malversación y terrorismo. En ningún caso emitirá juicio sobre su constitucionalidad.
El Tribunal Supremo ya decidió que no podía conceder amnistía para el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont, quien apeló ante el Tribunal Constitucional. Si el TJUE falla a favor de la ley, el Constitucional tendrá que resolver ese recurso tras el verano y, en caso de resolver favorablemente para el expresident de la Generalitat, será el Supremo quien aplique la ley y permita su regreso a España.
Todo ello requiere varios meses y Junts ya ha indicado que su líder no regresará hasta entonces, aún si el TJUE emite este jueves un fallo favorable para la aplicación de la norma.