Las claves
El Ejecutivo español ha ratificado un tratado sobre Gibraltar que suprime la facultad de España para anular unilateralmente el acuerdo, delegando ese poder a la Comisión Europea.
El acuerdo, que se ha aprobado sin debate en las Cortes, contempla un control fronterizo «dual» y la incorporación de Gibraltar al espacio Schengen, consolidando la soberanía británica sobre el Peñón.
La oposición reprocha la falta de transparencia y alerta de la pérdida de influencia española sobre Gibraltar, mientras que el Gobierno argumenta que se trata de un avance técnico para los residentes de la zona.
El convenio posibilita la retirada de la Verja y mejora la movilidad y cooperación fronteriza, aunque deja fuera detalles sobre la equiparación fiscal y medidas compensatorias para España.
Este miércoles, coincidiendo con la demolición de la Verja, se publicó la versión final del tratado de Gibraltar.
Dentro del documento, oculto en las 1.178 páginas que lo componen, se observó una modificación en el segundo párrafo del artículo 66, por la que España renuncia a controlar directamente la continuidad o finalización del acuerdo.
El Gobierno español aprobó esta decisión el pasado 1 de abril, en una reunión del Consejo de la UE a nivel de representantes permanentes (embajadores). Con la nueva formulación, España pierde la potestad de «ordenar» a la Unión Europea la «finalización» del tratado.
El desistimiento de negociar como «tratado mixto», pasando a que la Comisión Europea sea la única parte, junto a Reino Unido, implica que el texto no será sometido a debate ni votación en las Cortes españolas.
Así, aunque el artículo 2 «protege» las posiciones de Madrid y Londres en la disputa por la soberanía de la Roca, los representantes políticos de España no tendrán voz «tras tres siglos de contienda», según José Manuel Albares.
El pacto se presenta oficialmente como un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. España figura como Estado miembro interesado, pero ya no como parte firmante que pueda activar la rescisión unilateral.
El cambio principal
La oposición del Partido Popular ha reprochado «las maneras».
Esto se contraviene con el compromiso que el Gobierno de Mariano Rajoy obtuvo en Bruselas durante las negociaciones del Brexit, para que Madrid tuviera «siempre la última palabra» en cualquier medida sobre Gibraltar.
No obstante, la crítica se intensifica con el cambio en el «fondo»: se supo que el 25 de marzo se modificó y el 1 de abril se aprobó sin ruido una cláusula clave que regula la terminación del tratado.
EL ESPAÑOL ha accedido al documento interno donde se reflejan esos ajustes. Se trata de una nota de la Secretaría General del Consejo presentada aquel miércoles de marzo y ratificada una semana después en una reunión de COREPER (los embajadores de los Veintisiete) en Bruselas.
En ese escrito se expone una «propuesta de compromiso de la Presidencia» para retocar varios artículos del tratado. Entre ellos se halla el artículo 66, que detalla cómo y quién puede dar por terminado el acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar.
La redacción original del artículo 66.2 era clara: España podía «ordenar» a la Unión que diera por terminado el acuerdo, y la UE estaba obligada a «proceder a dicha terminación», sin condiciones adicionales ni excepciones.
Tras la aprobación en COREPER, dicha obligación automática desaparece.
El nuevo texto estipula que si España solicita la finalización, la Unión «adoptará las medidas necesarias conforme a sus procedimientos internos, con intención de concluir el acuerdo».
Aunque parezca similar, en términos legales España pierde un poder vinculante sobre Bruselas, convirtiendo su petición en una solicitud sujeta a los equilibrios y tiempos de decisión de las instituciones europeas.
Aun así, desde el Ministerio de Exteriores restan importancia al cambio.
Fuentes del departamento de Albares aseguran que «España conserva intactas todas las prerrogativas para aplicar y rescindir el Acuerdo UE-Reino Unido», y sigue siendo el Estado clave para cualquier modificación sustancial sobre Gibraltar.
El proceso de «desvanecimiento»
El trasfondo arranca con el Brexit. El Gobierno de Rajoy consiguió que la Unión reconociera que ningún acuerdo futuro relacionado con Gibraltar con Londres podría cerrarse sin la previa aprobación de España.
Esta postura fue suavizándose con el paso de los años.
Con los repetidos cambios de Gobierno en Reino Unido tras la salida de la UE y en medio de crisis internacionales y geopolíticas, como la pandemia, las guerras y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la negociación se estancó en varias ocasiones.
No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó que la negociación formal y la firma del tratado recaigan en la Comisión Europea, dejando a Madrid en un papel periférico, como Estado miembro interesado que defiende sus intereses.
Fuentes diplomáticas recuerdan que el artículo se diseñó como garantía para que España mantuviera un «botón nuclear».
Así se comunicó desde el anuncio del acuerdo, a finales de febrero, hasta este martes, cuando la versión pública del tratado aún conservaba la redacción inicial, según estas fuentes diplomáticas.
«El texto original implicaba que España pedía y la UE automáticamente terminaba el acuerdo. Pero ahora el automatismo desaparece«, resumen.
Una de las fuentes indica cómo se formalizó esta revisión. «Fue presentada como un ‘ajuste técnico’, pero supone una alteración sustancial«, aclara.
Desde el PP hablan abiertamente de «dilución» de la posición española y «falta de transparencia» en el proceso.
“Se mantuvo oculto. No modificaron la versión publicada en redes. De hecho, este martes 14 de julio todavía estaba la antigua. Y han engañado a la opinión pública”, denuncia un representante del partido popular.
El contenido del tratado
Consultadas sobre el origen concreto de esta enmienda, las fuentes diplomáticas admiten que no saben «quién propuso los cambios». Sin embargo, por lógica, deducen que habrían sido Reino Unido y los dirigentes de Gibraltar, ya que son los beneficiarios.
El tratado protege formalmente las posturas legales de España y Reino Unido, pero lo hace dentro de un marco que solidifica la soberanía británica sobre el Peñón.
En otras palabras, España acepta un sistema de control fronterizo «dual», con supervisión europea e integración funcional al espacio Schengen para Gibraltar, lo que reduce la «ventaja» española derivada del Brexit para reclamar sus intereses.
Así, España asume un método estable de cooperación, mientras que Reino Unido mantiene la soberanía y el control de infraestructuras estratégicas.
Madrid queda a cargo de la gestión de flujos y controles de personas y mercancías, pero junto a las autoridades coloniales y sin autoridad real para imponer su titularidad sobre el territorio.
De todos modos, el Gobierno de Sánchez ha defendido el texto como un avance técnico, «para la vida diaria de los residentes» en la gestión de la frontera.
En efecto, el acuerdo cristaliza una colaboración en la que España mejora la operatividad diaria.
Pero acepta también que la cuestión de la soberanía quede congelada en cláusulas de salvaguardia que mantienen el statu quo dentro de un tratado internacional vinculante sin botón de salida.
La eliminación de la Verja y la mayor movilidad alivian la vida de los miles de trabajadores transfronterizos y pueden impulsar la economía en el Campo de Gibraltar.
Sin embargo, el texto no incluye medidas escritas que mitiguen las desventajas fiscales ni compensen las diferencias económicas entre ambos lados de la (ahora inexistente) Verja.
El documento también fortalece la coordinación con la UE en aspectos de aduanas, fiscalidad y seguridad, algo que España puede presentar como un avance en el control fronterizo y la lucha contra el contrabando.
Por otro lado, la instauración de un nuevo impuesto que aplicará un 15% sobre productos como tabaco y alcohol sigue favoreciendo a la colonia británica en territorio español, y los mecanismos de revisión no fijan plazos obligatorios para adaptar el IVA al 21% europeo.
Sánchez y Feijóo
Este miércoles, Pedro Sánchez protagonizó la inauguración de esta nueva etapa. El presidente acudió a La Línea para presenciar la retirada de la Verja, junto al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
Mientras que Moncloa promocionaba el acto como un evento «histórico» que suponía la caída del «último muro de la Europa continental», la oposición lo interpretó como una nueva concesión, debido a que el presidente español apareció al mismo nivel que el de la colonia.
El PP intensificó sus críticas sobre las «cesiones de soberanía» en el texto, el fondo, y la ausencia de debate parlamentario, las formas.
La formación de Alberto Núñez Feijóo califica el pacto como un «fraude» y denuncia que se ha desperdiciado la mejor oportunidad para que España avanzara en la soberanía del territorio tras el Brexit.
Desde Génova reprochan que decisiones sobre el control fronterizo, el estatuto fiscal de Gibraltar y ahora también el «botón de salida» del pacto, se hayan adoptado sin un voto específico ni en el Congreso ni en el Senado.
El propio Feijóo ha expresado su postura: «El acuerdo con Gibraltar debe ser completado para que una buena noticia no se transforme en un punto débil para España», reclamando mayor concreción en áreas como fiscalidad, pesca, pensiones y servicios financieros.
El líder del PP ha fijado también el marco de esta batalla: “No habrá prosperidad compartida sin equiparación fiscal».
Asimismo, se comprometió a defender esta posición «desde el Gobierno» y a asegurar que todos los intereses españoles se defiendan «donde reside la soberanía nacional: en el Congreso de los Diputados».