Las claves
El sindicato CSIF ha solicitado a la Junta Electoral que únicamente voten quienes acrediten que su ascendente fue exiliado por causas políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual.
CSIF critica que la instrucción vigente permite la inscripción en el censo de descendientes de exiliados sin requerir pruebas específicas, lo que ocasiona un aumento excesivo del censo electoral.
El sindicato reclama a la Junta Electoral que establezca criterios precisos para la inscripción en el censo y para definir el municipio de arraigo de los nuevos nacionales.
La controversia aparece en un contexto de acusaciones políticas sobre un posible uso electoralista de la ley de nietos, que ha provocado un notable incremento en el número de nuevos votantes residentes en el extranjero.
La denominada ley de nietos ha dejado de ser un tema de debate en tertulias y polémicas, ha salido de los despachos de Exteriores y Justicia, y ha llegado a la Junta Electoral Central.
El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios consulares, ha presentado un escrito en el que solicita al árbitro electoral una orden clara para controlar el aumento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones previstas por la Ley de Memoria Democrática.
El problema abarca no solo el aspecto jurídico, sino también el práctico y político.
Como reveló EL ESPAÑOL, embajadas y consulados impulsan activamente la norma entre «bisnietos« e incluso «tataranietos» de españoles, como se ha evidenciado en la campaña de la Embajada en Paraguay y en mensajes del cónsul en Caracas animando a aprovechar el plazo.
Desde el Ministerio insisten en que la norma debe cumplirse, y que si se cometen errores en alguna oficina consular, no se puede inferir ninguna conspiración política a favor del partido en el Gobierno.
Sin embargo, ese impulso institucional, expresado por escrito en las oficinas consulares y en sus propios sitios web, con instrucciones incluidas, ha disparado las solicitudes, situando a los funcionarios consulares en el centro de una tormenta, mientras que el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de practicar «ingeniería electoral».
Los funcionarios son quienes tramitan los expedientes de nacionalidad. Además, aplican las instrucciones internas del Ministerio de Justicia y comunican las nuevas inscripciones al Registro Civil y, desde ahí, al censo electoral.
Por esta razón, CSIF considera que no puede permanecer indiferente, y así define su rol como «parte interesada» ante la JEC.
Denuncia que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha «distorsionado» la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, transformando «la excepción» de los descendientes de exiliados en «una vía casi general» para cualquier persona con un abuelo o bisabuelo español.
Medidas concretas
El documento presentado a la Junta Electoral se enfoca en solicitar medidas bien definidas.
La primera es una orden a la Oficina del Censo Electoral para que solo se inscriba en las listas de votantes a quienes hayan demostrado que el exilio de su ascendiente ocurrió por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual, tal como establece la ley.
Esto implicaría excluir del censo a nuevos nacionales que se acogieron a la llamada ley de nietos sin acreditar el exilio, basándose únicamente en la presunción interna que maneja Justicia sobre quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
CSIF demanda que dicha presunción no produzca efectos electorales hasta que exista evidencia concreta en cada expediente.
La segunda medida aplica la misma lógica a quienes ya residen en España al inscribir su nacionalidad.
El sindicato solicita que la Junta Electoral ordene a los ayuntamientos y oficinas generales del Registro Civil que solo inscriban en el censo a estos nuevos españoles si el expediente presenta claramente los motivos del exilio de sus familiares.
La tercera petición se relaciona con el mapa electoral.
CSIF exige una instrucción precisa para definir el municipio de «mayor arraigo» en España de quienes adquieren la nacionalidad residiendo en el extranjero, con el fin de evitar que la elección del lugar de voto dependa de decisiones poco supervisadas.
Semanas de polémica
La controversia que comienza en la Junta Electoral se produce tras semanas de debate político en torno a la ley de nietos.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de crear una «fábrica de españoles» y ha anunciado recursos contra la aplicación de la norma y contra la subcontratación de los trámites en algunos países americanos.
El líder del PP sostiene que el Ejecutivo está utilizando la concesión de la nacionalidad para modificar el censo, con potencial para cientos de miles de nuevos votantes en el exterior.
Esta acusación ha enfurecido al Gobierno, que le reprocha poner en entredicho el proceso electoral, y ha obligado a la dirección popular a matizar sus declaraciones.
El propio PP ha recordado que fue ese partido quien promovió en 2022 la creación de una ley para los descendientes de españoles. El mensaje aclara que Feijóo sigue apoyando esta reparación histórica, pero no a través de vías indirectas ni con interpretaciones amplias que excedan lo aprobado por el Parlamento.
Junta Electoral
En este marco, la iniciativa de CSIF introduce un nuevo protagonista en la discusión.
El sindicato afirma representar a los empleados públicos que aplican en terreno las órdenes ministeriales y que temen ser sancionados disciplinariamente si dichas órdenes resultan ilegales.
Más allá del ámbito político, el escrito del sindicato aporta argumentos estrictamente jurídicos.
Se argumenta que una dirección general del Ministerio de Justicia «no posee potestad reglamentaria» para alterar el alcance de una ley aprobada por las Cortes ni para establecer presunciones de exilio que eliminen la necesidad de probar los requisitos que fija la norma.
CSIF denuncia específicamente que la instrucción del 25 de octubre de 2022 «presume exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″.
A su entender, esta presunción beneficia a emigrantes económicos, estudiantes o trabajadores que nunca padecieron persecución política, ideológica o religiosa.
El sindicato alerta de que esta interpretación ya ha permitido la inscripción de decenas de miles de nuevos nacionales en el censo sin una base probatoria suficiente acerca del exilio de sus ascendientes.
Además, señala que esta expansión «desproporcionada» del censo ocurre sin que la Junta Electoral haya establecido criterios propios para guiar el trabajo de consulados, ayuntamientos y responsables del Registro Civil.
Garante de la limpieza
Por ello, el documento insiste en el rol de la Junta Electoral y la Oficina del Censo Electoral como garantes de la transparencia del proceso.
Recuerda los artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que les encomiendan la dirección de la Oficina y la facultad de dictar instrucciones a los órganos encargados de elaborar y actualizar el censo.
CSIF no solicita la derogación de la norma ni cerrar la vía de nacionalización para descendientes de exiliados.
Reclama la aplicación estricta de lo establecido y aprobado por las Cortes. Es decir, que no se presuma lo que debe demostrarse y que quienes han obtenido la nacionalidad sin probar el exilio de sus ascendientes no sean incluidos en el censo hasta que la Junta Electoral se pronuncie.
El sindicato concluye su argumento apelando a la seguridad jurídica de los funcionarios.
Recuerda que la Ley del Registro Civil contempla «responsabilidades disciplinarias» para los funcionarios que acaten órdenes manifiestamente ilegales y advierte que, si la Junta Electoral no actúa, la presión política generada por la ley de nietos recaerá sobre quienes simplemente deben cumplir la ley.