Las claves
El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno con el rechazo de PP, Vox y Junts, lo que refleja la posición minoritaria de Pedro Sánchez en el Parlamento.
La senda de estabilidad establecía un déficit del 1,8% del PIB para 2025, disminuyendo al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029, pero Junts y otros partidos decisivos se oponen a apoyarla.
El Ejecutivo enfrenta obstáculos para aprobar los presupuestos, dado que Junts ha manifestado claramente que no respaldará la propuesta y Podemos optó por la abstención, criticando el destino del gasto público.
El Gobierno advierte que en la segunda votación eliminará el margen adicional para las comunidades, mientras algunos aliados expresan su descontento por la financiación territorial.
Durante unos minutos, mientras en los pasillos se comentaba la condena a David Sánchez, en el hemiciclo parecía debatirse la senda de estabilidad, paso previo para elaborar los presupuestos donde se establecen los objetivos de déficit, deuda y gasto público.
Específicamente, la senda propuesta por el Ejecutivo sitúa el déficit conjunto de las administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, en el 1,6% en 2028 y en el 1,5% en 2029.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, realizó una intervención con enfoque económico, afirmando que la estabilidad presupuestaria «es una herramienta de soberanía económica» y resaltó la reducción del déficit.
Por su parte, PP y Vox respondieron con argumentos técnicos, cuestionando la capacidad del Gobierno para controlar la deuda pública.
Tras tres años sin presupuestos, parecía que la situación volvía a la normalidad hasta que Junts, cuya votación es clave, entró para desmentir esa apariencia.
“Es una operación puramente de márketing. Todos saben que no habrá Presupuestos y ustedes también lo saben”, declaró Josep María Cruset antes de concluir diciendo: “dejen de engañar a la gente”.
Con ello se terminó la simulación. El Gobierno no logró aprobar la senda de estabilidad en su primer intento (aunque dispone de un segundo y último), pero no importa cuánto modifiquen; Junts ya ha dejado claro que no la apoyará.
Cruset reiteró que presentan el objetivo de déficit porque “necesitan el voto para los Presupuestos”, pero volvió a cerrarles la puerta y acusó a Hacienda de convertirse en un “depredador”.
Como si las dificultades fueran pocas, Podemos intervino para complicar aún más las posibilidades de un acuerdo presupuestario, afirmando que el aumento de la inversión “se destina a tanques en vez de a sanidad y dependencia”. Finalmente, se abstuvieron.
Este episodio representa un golpe significativo para el Gobierno, que busca resaltar un gasto récord de 226.032 millones —destinado a fines sociales— como su principal argumento.
Actualmente, desde el Ejecutivo ya advierten que en la segunda votación eliminarán el margen adicional de 5.850 millones para las comunidades, lo que presagia un segundo trámite aún más complicado.
Algunos, como la diputada de ERC, Teresa Jordá, avisaron que votarán a favor, pero “molestos” porque “no resuelve el problema estructural” de la “infrafinanciación” de Cataluña.
Algo similar expresó Sumar, Carlos Martín, al solicitar una «senda de estabilidad que incluya objetivos asimétricos por comunidad autónoma», especialmente para la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, trató de defender la propuesta del Gobierno, aunque reconoció que el nuevo ministro “lleva una carga pesada” tras tres años sin presupuestos.
Desde el PP, José Vicente Marí Bosó calificó la situación como “un infierno fiscal” con una presión por encima de la media, describió al Gobierno como “incapaz” y concluyó que “no hay senda de estabilidad que oculte un Gobierno sin mayoría”. Además, tachó de «engaño» los 5.850 millones para las comunidades con los que intentaban persuadirles.
En Vox, José María Figaredo cuestionó dónde “se destina el dinero”. “Los españoles pagarán más impuestos que nunca para ser los últimos en la lista de su propio país”, concluyó, aludiendo de forma indirecta a la prioridad nacional presente en todos los pactos.
El Gobierno posee una única ventaja: la sentencia del TJUE sobre la amnistía, que se dará a conocer este jueves y se espera sea favorable.
Aunque este fallo no resolverá de inmediato el retorno de Carles Puigdemont, el plan del Ejecutivo es aprobar el nuevo techo de gasto en el Consejo de Ministros del 21 de julio, antes del inicio de las vacaciones.
Queda por definir si intentarán llevarlo al Congreso en el «pleno escoba» de la semana antes de agosto —como defienden algunos miembros del PSOE— o si prefieren esperar hasta después del verano para ganar tiempo adicional.
Sin embargo, todo indica que se toparán una vez más con el muro infranqueable llamado Junts. Un muro contra el que chocan una y otra vez.