Las claves
Pedro Sánchez se convierte en el primer líder de la UE cuyo hermano ha sido condenado por corrupción, acumulando ya tres sentencias contra personas de su círculo cercano.
Las condenas recaen sobre el fiscal general Álvaro García Ortiz, el exministro José Luis Ábalos y David Sánchez, hermano del presidente, por delitos como prevaricación, cohecho y malversación.
El Gobierno y líderes del PSOE defienden la inocencia de los afectados y califican la situación como una supuesta persecución política hacia el Ejecutivo.
El entorno de Sánchez suma un total de 127 imputados en 15 causas relacionadas con corrupción, involucrando también a cargos y familiares directos, un escenario inédito en la UE.
Ya son tres las sentencias contra personas del entorno más próximo a Pedro Sánchez: al fiscal general, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos; al exministro y antiguo “número dos” del PSOE, José Luis Ábalos, por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y malversación; y a David Sánchez, “el hermanísimo”, por prevaricación administrativa.
Un cargo de designación política directa; otro de confianza máxima personal y política; y un familiar directo implicado en corrupción.
El presidente del Gobierno de España se convierte así en el primer jefe de Ejecutivo de la Unión Europea con semejante récord en tan corto período.
Sin embargo, su reacción no ha consistido en aceptar una responsabilidad política por el (hasta ahora) triple escándalo. Más bien, a través de sus allegados en el Consejo de Ministros y en el PSOE, se presenta como víctima de una «persecución política».
Su exjefe de Gabinete y actual miembro del Gobierno, Óscar López, afirmó: “Nuestra democracia exige mayor respeto. No existe motivo para condenar a David Sánchez”.
Mientras tanto, Óscar Puente expresó: «Y luego reclaman que no hablemos de lawfare».
La secretaria de Organización, Rebeca Torró, concluyó: «David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes […] Este asunto forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno progresista por todas las vías».
Torrente de casos
No han transcurrido siquiera dos años y medio desde que, inesperadamente, el 21 de febrero de 2024, la UCO arrestó a Koldo García, entonces referido como «un asesor» del exministro Ábalos. El propio dirigente socialista valenciano se mostró «sorprendido» y «consternado» ante la noticia en los pasillos del Congreso.
Actualmente ambos se encuentran encarcelados en Soto del Real (Madrid) enfrentando el primero de sus juicios por las comisiones ilegales en la compra de mascarillas, manipulación en contratos de obra pública, uso indebido de fondos públicos… y posiblemente, una pieza confidencial que la Audiencia Nacional investiga sobre una presunta financiación ilegal del PSOE.
Desde entonces, una oleada constante ha generado 127 imputados en 15 causas que afectan a diversos ámbitos del poder vinculado a Pedro Sánchez, incluso el de su «referente moral» y predecesor socialista en Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero.
Inclusive, también se extiende a su entorno personal.
Por una parte, su esposa espera que la Audiencia Provincial de Madrid decida si hay juicio contra ella por cuatro delitos de corrupción, evaluando si Begoña Gómez debe ser juzgada por un tribunal popular.
Y por otra, su hermano fue sancionado, este martes, con nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por colaborar en un delito de prevaricación administrativa.
Se ha probado que los responsables de la Diputación de Badajoz crearon el puesto de coordinador de los conservatorios «con la intención expresa de que fuera cubierto» por David Sánchez.
Y que, la misma mañana en que se establecieron los criterios, «el hermanísimo» buscaba alojamiento en Badajoz comentando su traslado para trabajar allí, a pesar de que no se habían celebrado las entrevistas.
Antecedentes
En toda Europa, el único caso comparable documentado no corresponde a una democracia consolidada, sino a la Hungría de Viktor Orbán.
Su yerno, István Tiborcz, fue el principal beneficiario de un sistema de contratos públicos de iluminación financiados con fondos comunitarios, concentrados en la empresa Elios Zrt.
Las investigaciones realizadas por la Oficina de la UE contra el Fraude (OLAF) detectaron «irregularidades graves» y potenciales conflictos de intereses en licitaciones diseñadas ad hoc, mientras la prensa húngara narraba un enriquecimiento familiar vinculado al poder del primer ministro.
Orbán defendió abiertamente su proyecto como una «democracia iliberal», con medios controlados, oposición acosada y jueces bajo presión política.
Este giro autoritario llevó a que la UE clasificara a Orbán como un autócrata y suspendiera miles de millones en fondos europeos debido al retroceso democrático y a los riesgos de corrupción sistémica.
La clave en comparación está en que, pese a la evidencia de la captura estatal por parte de su círculo cercano, Tiborcz nunca fue condenado por corrupción.
Las autoridades húngaras archivaron las investigaciones penales, mientras Bruselas optó por medidas administrativas: congelar fondos, exigir reformas y supervisar cada movimiento de Budapest.
Hoy esa herencia recae en el nuevo primer ministro, Péter Magyar, exaliado de Orbán y ahora su sucesor. Su meta es negociar urgentemente con la Comisión Europea el levantamiento de las sanciones y la devolución de los fondos, lo que implica desmantelar parte del entramado que benefició a la familia política del antiguo líder.
“Debería caer el Gobierno”
La falta de precedentes es aprovechada por la oposición para afirmar que España padece una «corrupción sin precedentes».
El PP sostiene que «sólo este fallo debería provocar la caída del Gobierno», pero recuerda que «ya son tres condenas en el entorno de Sánchez», en referencia al fiscal, el exministro y ahora el hermano del presidente.
Los populares establecen un marco definido: un Ejecutivo rodeado de condenados o investigados por corrupción, tráfico de influencias y malversación, sin que desde Moncloa se reconozca responsabilidad política alguna.
Desde Génova insisten en que no se trata de maniobras judiciales, sino de «jueces cumpliendo con su deber», investigaciones abiertas y «periodistas ejerciendo su labor libremente» sobre los manejos del poder socialista.
Fuera de España, los casos de corrupción en la UE guardan poca similitud con el patrón que se perfila en torno a Sánchez.
En Austria, el joven canciller Sebastian Kurz tuvo que renunciar tras ser investigado por financiación ilícita y falso testimonio, y en Francia presidentes como Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy fueron sentenciados por corrupción y financiación ilegal de campañas.
Sin embargo, en todos esos casos el foco está en el propio mandatario y su círculo político, no en sus familiares directos.
“Más imputados que diputados”
Los escándalos involucran a partidos, asesores, empresarios y donantes, sin que aparezcan hermanos o cónyuges sancionados o imputados por delitos contra la administración pública.
El «mapa de la corrupción» que afecta al PSOE, divulgado hace un mes por el PP, ha sido actualizado hasta alcanzar el punto de contar con «más imputados que diputados», con penas solicitadas que suman más de 1.800 años de prisión.
La lista se ha ampliado: se han imputado 25 cargos de la Sepi, incluida su presidenta, Belén Gualda, de modo que los tres presidentes de la corporación durante la era Sánchez están bajo sospecha, y aparecen también las hijas de Zapatero y el principal “mano derecha” del presidente en el partido, Juanma Serrano.
La triple condena que afecta hoy el entorno más próximo a Sánchez no quedará como un hecho aislado.
Es el reflejo de un sistema político, el sanchismo, que lucha por mantener una legislatura en minoría, sin Presupuestos y acosada por la corrupción… y que ahora coloca, por primera vez, a un presidente europeo con un hermano condenado.