El primer ministro Péter Magyar ha solicitado en repetidas ocasiones la renuncia de Sulyok, calificando al hombre de 70 años como indigno del cargo debido a su falta de resistencia frente a la retórica divisiva de Orbán y sus ataques contra el estado de derecho.
Los legisladores húngaros están listos para votar el lunes una reforma constitucional que permitiría destituir al presidente, mientras el primer ministro Péter Magyar busca debilitar el control nacionalista del exlíder Viktor Orbán sobre el país.
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Magyar, quien obtuvo una victoria aplastante en abril con la promesa de un «cambio de régimen» tras 16 años de gobierno de Orbán, ha acusado al impopular presidente Tamás Sulyok y a otros altos funcionarios estatales de ser «marionetas» de su antecesor.
Su impulso para destituir a Sulyok ocurre mientras el conservador proeuropeo busca revertir la concentración de poder que caracterizó la presidencia «iliberal» autodenominada de Orbán, que contó con elogios del presidente estadounidense Donald Trump pero fue percibida ampliamente como corrupta.
La formación Fidesz de Orbán organizó la semana pasada una protesta, denunciando la propuesta de enmienda de 12 puntos de Magyar como «autocrática», acusación que también se le hizo frecuentemente durante el mandato del exlíder.
No obstante, organismos de derechos humanos han criticado esta medida.
Amnesty International declaró que Sulyok tiene derecho a un debido proceso, mientras que Human Rights Watch calificó la reforma como «similar a la era Fidesz.»
Por su parte, el jurista Andras Baka, exjefe del Tribunal Supremo de Hungría, afirmó que el procedimiento es justificable si conduce a un nuevo orden constitucional.
«En países donde rige el estado de derecho, estas medidas extraordinarias no son admisibles, pero Hungría se convirtió en un estado capturado bajo Orbán», señaló Baka, cuyo mandato fue acortado en 2011 mediante una ley similar tras expresar reservas acerca de las reformas judiciales de Fidesz.
Funcionarios estatales como el presidente «fueron nombrados no para limitar el poder gubernamental, sino para asegurar la continuidad política del sistema anterior después de una derrota electoral», explicó a la agencia AFP.
Con la mayoría de dos tercios que posee su partido Tisza en el parlamento, Magyar no requiere el apoyo de la oposición para modificar la Constitución.
La votación está programada para las 18:15, hora local, salvo imprevistos.
El 67% desea la salida de Sulyok
Desde que ganó las elecciones, Magyar ha pedido en varias ocasiones la renuncia de Sulyok, considerándolo indigno del cargo por no enfrentar la retórica confrontadora de Orbán ni sus ataques al estado de derecho.
El presidente ha reiterado que no existe motivo para dimitir, calificando las peticiones de Magyar como «incomprensibles» e inconstitucionales.
Sulyok también afirmó que la enmienda propuesta «contraviene los principios del estado de derecho, la democracia y la separación de poderes.»
En caso de que la enmienda sea aprobada y el presidente se niegue a firmarla, Magyar anunció que Tisza iniciará en el parlamento un proceso de destitución.
Aunque el presidente húngaro tiene principalmente funciones ceremoniales, Sulyok puede vetar leyes o remitirlas al tribunal constitucional para su evaluación, pero no impedir una reforma constitucional.
Según una encuesta de mayo del 21 Research Centre, el 67% de los votantes húngaros desean su destitución.
Exjefe del tribunal constitucional, era poco conocido por el público cuando fue elegido por el parlamento para un mandato de cinco años en 2024.
Reemplazó a la aliada de Orbán, Katalin Novak, la primera mujer presidenta de Hungría, quien renunció tras conceder el indulto a un hombre condenado por abuso infantil.
La propuesta de reforma incluye también un límite de 12 años o tres mandatos consecutivos para los legisladores, lo que impediría que varios políticos destacados de la oposición se postulen nuevamente en 2030.
Además, se restauraría la facultad del tribunal constitucional para examinar los actos presupuestarios y se reintroduciría la jubilación obligatoria a los 70 años para sus jueces, revocando una modificación vigente desde 2013 bajo el mandato de Orbán.
Cuatro de los 15 miembros actuales del tribunal que superan esa edad, incluido el presidente Peter Polt, considerado otro aliado de Orbán, serían desplazados.
La reforma también establece la creación de una Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de Activos, dotándola de amplias facultades para combatir la corrupción, que los observadores consideran endémica durante la administración de Magyar.
Fuentes adicionales • AFP