Las claves
La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de Begoña Gómez al no detectar infracción penal ni ánimo de lucro en sus actividades vinculadas a la cátedra de la UCM.
Según el fiscal, Gómez no recibió retribución por su trabajo en la cátedra y las empresas colaboradoras financiaron el proyecto sin relación con contratos públicos.
El fiscal descarta apropiación indebida y tráfico de influencias, afirmando que no hubo presión sobre las empresas ni daño patrimonial a la universidad.
Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez también son propuestos para la absolución, ya que no se ha registrado beneficio personal ni irregularidades en sus conductas.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mediante un contundente escrito de conclusiones provisionales donde sostiene que los hechos por los cuales el juez Peinado decidió llevarla a juicio «no constituyen infracción penal».
Asimismo, el Ministerio Público pide la absolución de la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés.
A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid confirme o no esta decisión, los tres enfrentan juicio únicamente por la iniciativa de las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír, que solicitan 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para Álvarez y seis para Barrabés.
La propuesta de absolución de la Fiscalía se mantiene en línea con la postura adoptada durante todo el procedimiento, iniciado en abril de 2024.
En ningún momento la Fiscalía consideró que existiera delito en los hechos investigados, que tras diversos cambios se centraron en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El escrito provisional incluye un relato detallado de los hechos según la perspectiva del fiscal.
Se resaltan diversas circunstancias, entre ellas que Gómez ya estaba vinculada a la Universidad Complutense de Madrid antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020, que no recibió pago alguno por estas actividades y que las empresas que financiaron el proyecto lo hicieron sin esperar beneficios, sin ser presionadas por Gómez y «sin relación con sus contrataciones en el sector público o privado».
El fiscal reconoce que al registrar a su nombre el software desarrollado en la cátedra, que sirve para que las pymes midan su impacto social, hubo una «utilización del producto», propiedad de la UCM por parte de Gómez.
Sin embargo, rechaza la acusación de apropiación indebida porque no existen indicios de «ánimo de lucro ni beneficio económico real».
Trayectoria
El fiscal indica que, tras su experiencia en el sector privado de marketing y consultoría, Gómez estuvo vinculada a la Universidad Complutense de Madrid como docente en el Diploma de formación continua en Fundraising y en el Máster propio en dirección de Fundraising, desempeñando estas funciones hasta 2022.
También trabajó en el Instituto de Empresa (IE) entre 2019 y 2022.
Entre 2020 y 2022, impartió docencia en otro máster de la UCM, el de Transformación Social Competitiva/ODS.
Entre 2022 y 2024 codirigió la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, una labor sin remuneración alguna, por la que percibió 0 euros.
Acerca de Cristina Álvarez, el fiscal indica que ocupa un puesto eventual como asistente de Gómez, «un cargo de confianza habitual en todos los gobiernos democráticos en España desde 1978».
El puesto carece de regulación normativa específica. Álvarez, vinculada a Begoña Gómez por amistad previa a la presidencia de Pedro Sánchez, «ha acompañado a Gómez en numerosos eventos públicos y privados, algunos relacionados con su actividad en la UCM».
Además, ha realizado «gestiones puntuales y contactos» vinculados a la cátedra extraordinaria.
En todos los casos, «ha cumplido con sus funciones de funcionaria eventual, sin que la ayuda adicional proporcionada ocasionalmente a Gómez haya supuesto perjuicio o detrimento del patrimonio y recursos públicos».
Juan Carlos Barrabés mantuvo comunicación con Gómez «en relación con la idea de una plataforma o programa para pymes, asociaciones y ONG sin fines lucrativos centrados en sostenibilidad e impacto ambiental».
Este proyecto «no prosperó debido a la falta de viabilidad e interés económico para la empresa Barrabés, dado que la intención de la promotora era su difusión gratuita».
Barrabés colaboró en el máster de TSC, pero «no participó en la cátedra, ni fue patrocinador ni financió actividades de la misma».
Cartas de recomendación
En 2020, Gómez firmó, «con su nombre y en calidad de codirectora del máster en Fundraising de la UCM», dos cartas de interés y apoyo a la oferta presentada por una UTE de Barrabés en dos concursos públicos de la empresa estatal Red.es.
Estas cartas se sumaron a otras similares, «un total de 35 cartas de interés» de empresas y entidades sociales, incluyendo IBM, Microsoft, Barcelona Mobile y Orange.
También se añadieron respaldos firmados por asociaciones y entidades públicas como los Ayuntamientos de Madrid y Coslada.
Begoña Gómez y Cristina Álvarez «no tienen relación alguna con Red.es ni con las demás entidades que adjudicaron contratos públicos al grupo Barrabés, sin evidencia de vínculos personales, familiares, amistosos o de otra índole con el personal de esas entidades».
No existe constancia «de llamadas, interlocución, contacto o intermediación, ni menos aún de que dichas comunicaciones hayan intentado influir en resoluciones favorables a Juan Carlos Barrabés».
La cátedra
«En torno a julio de 2020, en el Palacio de la Moncloa y con la universidad cerrada por la pandemia y las medidas de confinamiento vigentes, Begoña Gómez mantuvo una reunión con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, a iniciativa propia, donde surgió la idea de crear la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva dentro del marco regulador vigente en la UCM para estas actividades», explica el fiscal.
Goyache contactó con Juan Carlos Doadrio, entonces vicerrector de relaciones Institucionales de la UCM, quien expresó su conformidad para la creación siempre que se cumplieran los requisitos establecidos por la normativa.
La figura de cátedra extraordinaria busca captar recursos privados para la UCM y abordar cuestiones sociales relevantes que exceden el ámbito académico estricto.
«Según esa normativa, no es obligatorio ser licenciado, diplomado, funcionario o catedrático para promover, participar o dirigir las cátedras extraordinarias», apunta el fiscal.
La UCM «ha firmado convenios con numerosas empresas, asociaciones y entidades de diversos sectores, con el común denominador de ser fuente de financiación para la Universidad, sin generar gastos adicionales«.
Las empresas
El acuerdo para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva establecía el desarrollo de una plataforma tecnológica para medir el impacto social en pequeñas y medianas empresas.
Este software contó con la colaboración de empresas reconocidas, que valoraban positivamente la promoción y el apoyo a proyectos enfocados en digitalización, sostenibilidad e impacto ambiental, y disponían de amplios recursos y presupuestos para este tipo de iniciativas sin ánimo de lucro.
Gómez sostuvo reuniones con variados directivos y empresas para conseguir su respaldo en el desarrollo del «software gratuito».
Entre las participantes figuraron Indra, que aportó equipos y personal valorados en 128.442 euros; Telefónica, que asignó tres empleados con una valoración de 55.000 euros; y Google, que contribuyó con 110.000 euros.
«Los trabajos tecnológicos e informáticos fueron finalizados por las entidades colaboradoras, aunque no consta que el programa se haya implementado plenamente ni que se hayan evaluado sus resultados completos, faltando definir las actividades finales», señala el fiscal.
Esos desarrollos «no fueron registrados como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítima destinataria del producto», añade.
Y «no existe constancia de que la UCM haya sufrido perjuicios patrimoniales derivados de las actividades realizadas» para el software.
«Ni las empresas ni sociedades involucradas buscaron ni recibieron remuneración por su participación, ni existe relación con sus contrataciones en el sector público o privado», sostiene la Fiscalía.
«Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés recibieron pago directo o indirecto por esta actividad, ni ejercieron presión alguna sobre las empresas para promocionar la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios», concluye, negando la acusación de tráfico de influencias.
Los registros
En la Oficina Española de Patentes y Marcas figuran dos registros a nombre de Begoña Gómez.
El primero corresponde a la marca TSC Transformación Social Competitiva, registrada antes de la constitución de la cátedra extraordinaria.
El segundo es la marca Transforma TSC, vinculada al logotipo y a la inscripción Plataforma de medición de Impacto social y Medioambiental www.TransformaTSC.org.
El fiscal expone que Gómez inició con la UCM los trámites para registrar el software, la página web y el dominio a nombre de la Universidad, «aunque no se completaron porque la plataforma debía estar terminada para poder realizar el registro».
«El 21 de septiembre de 2022, el dominio transformatsc.org, así como las variantes .es y .com, fue dado de alta en Arsys Internet por Blanca de Juan, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria y docente colaboradora, a instancia de la OTRI [Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación] de la UCM».
La administración del dominio fue transferida el 14 de julio de 2023 a Begoña Gómez, quien desde entonces se hizo cargo del pago anual de renovación y la gestión del correo electrónico profesional asociado a transformatsc.org.
La denominación Transformación Social Competitiva y el logo fueron «creados y concebidos» por Gómez antes de su registro, utilizándose en las actividades del máster anteriores a la cátedra.
«No se ha registrado uso fuera del ámbito universitario, ni explotación comercial ni litigio alguno por parte de la UCM«, indica el escrito de conclusiones.
El ‘software’
En mayo de 2023, la empresa Devoteam entregó a la UCM el entorno de producción de la plataforma y designó como propietario («owner») a un trabajador del Servicio de Sistemas de la universidad.
Así, el desarrollo tecnológico hasta esa fecha quedó alojado en el entorno digital de la UCM.
El dominio transformatsc.org alojó desde mediados de 2023 hasta septiembre de 2024 el software elaborado por la cátedra.
Aunque estaba en fase de pruebas y operando de forma no optimizada, permitía realizar los trabajos para los cuales fue diseñado, brindando acceso libre y gratuito, afirma el fiscal.
La UCM
La cátedra de Transformación Social Competitiva se financiaba con fondos externos, «como ocurre con todas las cátedras extraordinarias».
Los aportes de los patrocinadores devinieron en propiedad de la UCM.
La Universidad calcula que destinó 108.765,79 euros y 4.744 euros para la creación del software, aunque no ha reclamado la entrega ni elevado litigio sobre su propiedad, señala el fiscal.
Estos recursos externos, entregados por patrocinadores, «garantizaban la gestión y autosuficiencia económica de la cátedra».
Finalmente, «el producto elaborado en el marco de la cátedra es propiedad de la UCM, sin haberse inscrito en registros públicos a su nombre pese a haber sido entregado por sus creadores».
El fiscal admite que se produjo una «utilización del producto por parte de Begoña Gómez mediante registros a su nombre individual, difundiendo su uso y empleo con el logotipo de la UCM y de manera gratuita, sin evidencias de ánimo de lucro o beneficio económico«. Por ello, descarta los cargos de apropiación indebida.
En noviembre de 2023, Gómez constituyó la sociedad Transforma TSC SL, la cual tuvo «actividad residual, sin presentar cuentas anuales ni registrar dominios, derechos o bienes».
La empresa registró en 2024 dos gastos por 106,88 y 3.570 euros y dos ingresos de 1.605,80 y 5.082 euros, «sin constatarse su finalidad u origen ni evidencias de que correspondieran a la explotación del programa».