Los tres fallecimientos ocurridos en un mes reavivan el debate sobre el progreso en el reconocimiento
Edgar Mallo Baena, Kevin Parra Mejía y un cabo mayor de la Armada representan los tres nombres que ilustran uno de los meses más difíciles del año para las Fuerzas Armadas. Los tres murieron durante junio, aumentando la lista de militares fallecidos en acto de servicio. El primero, siendo el último cronológicamente, perdió la vida durante un salto en paracaídas en el marco de unas maniobras; el segundo falleció mientras realizaba una instrucción física habitual; y el tercero fue hallado sin vida en su cuartel, con causas aún no esclarecidas.
Con respecto a los accidentes registrados el año pasado, se abrieron 52 expedientes para evaluar el reconocimiento de la muerte en acto de servicio. De ellos, 28 casos resultaron favorables y dos fueron rechazados. Los 22 restantes permanecen en proceso de tramitación. El reconocimiento de muerte en acto de servicio, otorgado por el Ministerio de Defensa, implica importantes consecuencias jurídicas para la familia del militar fallecido. Así, existe una pensión extraordinaria por viudedad, orfandad o en favor de familiares, que concede a los beneficiarios el derecho a la pensión del Régimen General de la Seguridad Social, junto con un complemento adicional que eleva el importe hasta el nivel que correspondería bajo el antiguo régimen de Clases Pasivas, siempre que este sea más ventajoso. La diferencia es asumida por el Estado, según lo estipulado en la ley.
Más allá de estos reconocimientos, diversos colectivos representativos de las Fuerzas Armadas solicitan acelerar los plazos para que el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo se formalice mediante una ley. Aunque esta condición ya es una realidad, falta su desarrollo normativo para garantizar el acceso a derechos y beneficios disfrutados por otros colectivos, como la Policía Local o los bomberos. «La voluntad de reconocerlos es clara, pero es necesario cerrar el acuerdo sin desequilibrios y estamos en un período de incertidumbre al no saber hasta cuándo permanecerá en el poder el actual Ejecutivo», comenta Mariano Casado, especialista destacado en Derecho de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, existen dos ámbitos de negociación. Por un lado están la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyo proceso depende del Ministerio del Interior y avanza mediante la creación de una mesa técnica donde están representadas diversas organizaciones. Este hecho genera recelos entre los colectivos de las Fuerzas Armadas, ya que el procedimiento es distinto: en su caso, la administración corresponde al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad Social, sin la constitución de una mesa técnica. «¿Cuántos fallecidos más deben ocurrir para que se nos reconozca como profesión de riesgo?», cuestiona Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
La asociación denuncia que no ha recibido «ninguna información sobre las gestiones que el Ministerio de Defensa asegura haber iniciado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones». Además, se lamenta que «ni siquiera se ha proporcionado el borrador del proyecto, lo que consideran una falta de transparencia inadmisible en un tema que afecta directamente a los derechos del personal militar».
Gómez asegura que «el Ministerio de Defensa está intentando ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales, evitando asumir una responsabilidad que ya cuenta con un respaldo parlamentario significativo». Asimismo, recuerda que «el pasado 20 de abril, en la Comisión de Defensa del Congreso, se debatieron dos proposiciones no de ley sobre esta materia: una presentada por UPN, apoyada incluso por el Partido Socialista y Sumar, y otra presentada por Vox, rechazada por estos últimos por razones estrictamente ideológicas a pesar de perseguir semejante objetivo».
En diálogo con este diario, Gómez también denuncia: «Están negándonos el derecho a ser actores principales como representantes legales de todos los militares; no nos están permitiendo participar en este proyecto de reconocimiento».
Otra fuente consultada por este diario comenta que «los ritmos de trabajo son distintos entre el Ministerio del Interior y el de Defensa», pero atribuye esta diferencia al volumen más reducido de personal en las Fuerzas Armadas. En este ámbito, el desafío reside en «cómo unificar los derechos y los coeficientes reductores para evitar discrepancias entre las Clases Pasivas y la Seguridad Social».
La diferencia entre ambos regímenes supera lo meramente administrativo: define la forma en que se calcula la pensión de miles de militares. Aquellos que ingresaron en las Fuerzas Armadas antes del 1 de enero de 2011 permanecen, en términos generales, en el sistema de Clases Pasivas, donde el monto de la jubilación está determinado por los años de servicio y el haber regulador del empleo alcanzado. Los que se incorporaron después de esa fecha cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, donde la pensión se establece a partir de las bases de cotización acumuladas a lo largo de la vida laboral.
El desafío para el futuro reconocimiento como profesión de riesgo consiste en asegurar que esta dualidad de regímenes no provoque diferencias en los derechos otorgados a los militares. Además, de acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto deberá superar su tramitación parlamentaria antes de entrar en vigor. Un proceso legislativo que permanece abierto mientras las Fuerzas Armadas continúan registrando bajas en acto de servicio.