Las claves
Pedro Sánchez presentará en el Congreso una reforma del sistema de financiación autonómica que recibe el rechazo unánime de todas las CCAA, incluso las dirigidas por el PSOE.
La iniciativa busca beneficiar a Cataluña y cumple compromisos políticos con PSC y Esquerra Republicana, tras el respaldo a los Presupuestos de Illa.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera será testigo de un rechazo generalizado al modelo, contando solo con el apoyo de la representante catalana.
El Ejecutivo vincula la nueva financiación y los Presupuestos a la estrategia electoral, presentando su propuesta como garante de la prestación de servicios públicos frente a la oposición del PP.
Pedro Sánchez llevará al Congreso su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica pese a que el modelo enfrenta el rechazo de todas las Comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, planea hacerlo con el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque los consejeros llegarán para votar de forma unánime en contra. La única excepción será Alicia Romero, representante del Govern de Salvador Illa en Cataluña.
El Gobierno dispone de la mitad de los votos en el CPFF y solo necesita un único apoyo autonómico para que este punto sea aprobado en el orden del día.
En Moncloa y Hacienda reconocen ese enfrentamiento directo contra el conjunto del mapa regional. La prioridad es cumplir el compromiso político contraído con el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya, que recientemente aprobó los Presupuestos de Illa, con un trato especial para Cataluña incluido en el acuerdo.
Fuentes del Ministerio admiten que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar pese al rechazo total de las CCAA. «La intención es llevar el nuevo modelo al CPFF y después presentarlo en el Congreso, incluso con oposición«, detallan.
Un portavoz añade que la financiación autonómica «es una ley, y las leyes se votan en el Congreso». Por lo tanto, «claro que se buscará un acuerdo, pero en última instancia, será el Congreso quien decida, donde reside la soberanía«.
Barones díscolos
Este planteamiento deja a Hacienda sola en la reunión del 29 de julio, contando únicamente con el apoyo de la consellera catalana, frente a un bloque formado por Comunidades del PP, Canarias y dos barones socialistas, Adrián Barbón y Emiliano García-Page, quienes ya han anunciado que se opondrán a «un acuerdo negociado únicamente con Cataluña para beneficiarla».
Desde el Gobierno asturiano insisten en que «nada ha cambiado» desde su encuentro bilateral con Hacienda hace unas semanas.
En aquella ocasión, manifestaron su «rechazo rotundo» al modelo y mantienen que votarán en contra en el CPFF «porque la propuesta resulta injusta para Asturias» y no corrige lo que entienden como un agravio histórico.
Desde Castilla-La Mancha, el mensaje es igualmente firme. «No puede imponerse a todas las Comunidades un modelo cerrado con una única que favorece exclusivamente a esa y que perjudica al resto«, aseguran fuentes cercanas al presidente.
Antes de convocar el CPFF, Hacienda intentó asegurar apoyos mediante reuniones bilaterales con todas las Comunidades. Sin embargo, la estrategia fracasó: solo Asturias y Castilla-La Mancha respondieron, y en ambos casos sus consejeros socialistas expresaron un rechazo categórico, sin reservas.
Equilibrio presupuestario
Este boicot masivo de los gobiernos del PP al «chantaje de Sánchez» impulsa la siguiente fase del Ministerio. Las autonomías populares sí asistirán al órgano multilateral. Por tanto, el CPFF del 29 de julio será el escenario donde se evidencie el aislamiento del Gobierno central, con consejeros presentes «por lealtad institucional»… para votar en contra de la propuesta.
Este martes, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, señaló que «el verdadero problema no debería ser el reparto del déficit», sino la «eficiencia» en la gestión de los recursos públicos. Considera que el Gobierno plantea el debate desde la perspectiva de aumentar el margen para endeudarse, cuando debería enfocarse en optimizar el gasto.
Bravo recordó que España está en un contexto de recaudación fiscal récord, lo que, a su juicio, justificaría fijar un objetivo de déficit cero.
Para lograrlo, sostiene que se requiere una financiación autonómica «correcta, acordada por todos y suficiente» para mantener los servicios públicos y sociales, y no un sistema «a medida» para Cataluña, que obliga a las demás Comunidades a escoger entre más deuda o menor financiación.
El líder popular pide eliminar «el gasto político innecesario» y trabajar en un nuevo sistema de financiación en una mesa multilateral donde participen todas las autonomías y el Gobierno central.
Además, insiste en que con la regla de gasto actual y unos ingresos máximos, «posiblemente deberíamos mantener un equilibrio presupuestario y no incrementar el déficit» ni aumentar la deuda que cargaríamos a futuras generaciones.
Doble juego político
Las direcciones autonómicas del PP comparten esta visión y descartan rupturas institucionales visibles.
Fuentes vinculadas a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, aseguran que no habrá ausencias de los consejeros del PP, quienes asistirán al CPFF «por lealtad institucional». Sin embargo, advierten: «Le diremos que no al Gobierno, sin duda».
En Galicia, el equipo de Alfonso Rueda destaca que siempre han defendido que «el CPFF es el foro adecuado para negociar la financiación», por lo que también confirmaron su participación.
No obstante, advierten que «en esta ocasión, todo indica que se quiere imponer a todos lo pactado con una sola«, en referencia a Cataluña.
Mientras tanto, junto con la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno acelera también el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, después de una legislatura entera sin cuentas públicas.
Moncloa enlaza ambos procesos, buscando que la combinación de mayores recursos para las autonomías y nuevas partidas de gasto social y territorial incremente las tensiones internas entre los barones del PP.
La estrategia consiste en tratar de debilitar la unidad de ese frente autonómico o, en su defecto, presentar a esas CCAA como administraciones que «rechazan más dinero» bajo la directriz de Alberto Núñez Feijóo de oponerse a todo lo que proponga el Ejecutivo.
El objetivo final, según fuentes de Génova, es poder culpar al PP de priorizar su enfrentamiento con Sánchez sobre los intereses de sus propios ciudadanos.
Simultáneamente, tanto la nueva financiación como los Presupuestos constituyen el principal eje de la campaña electoral del presidente.
Desde Moncloa preparan unas cuentas expansivas, financiadas mediante mayor endeudamiento, que permitan a Sánchez presentarse ante las urnas como garante de los servicios públicos y de nuevos derechos sociales.
Ni la financiación autonómica ni los Presupuestos públicos obtendrán luz verde en el Congreso, porque Junts ya ha advertido que «si presentan lo mismo que en años anteriores, recibirán la misma respuesta».
Con eso en mente, el Gobierno pretende contraponer su gasto social a lo que define como un «programa de recortes» de las derechas.
El mensaje electoral será que, mientras el Ejecutivo ofrece mayores recursos para sanidad, educación y dependencia, el PP rechaza todo, y con ello –argumentarán en Moncloa– abre la vía a futuros recortes de derechos si llega al poder.