Francisco Llera destaca que la no identificación con el ‘demos’ compromete la legitimidad del proceso democrático

Recientemente incorporado a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el fundador del Euskobarómetro y docente en la Universidad del País Vasco analiza las repercusiones de la ‘Ley de Nietos’

¿Qué ocurre cuando en una sociedad se modifica el ‘demos’ tal como está sucediendo con la denominada ‘ley de Nietos’?En un Estado desarrollado y con una democracia sólida como la nuestra, lo que resulta lógico, conveniente y esperado es que el cuerpo ciudadano, entendido como el ‘demos’, no sea un elemento cuestionable o discutible, sino evidente y aceptado ampliamente. Sobre todo, cualquier acción que altere su tamaño, ya sea disminuyéndolo o aumentándolo, debe realizarse con total transparencia, conforme a normas y, evidentemente, bajo un consenso general. Se trata de una transformación prevista no solo por la denominada ‘Ley de nietos’ -que consiste en una disposición adicional octava dentro de la Ley de Memoria Histórica, que aborda nuestra diáspora nacional, por llamarla de alguna forma-, la cual incorpora a descendientes de perseguidos o exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, además de incluir emigrantes. Por otro lado, están las naturalizaciones por residencia. Y, en tercer lugar, las naturalizaciones producidas tras regularizar a las nuevas comunidades inmigrantes presentes. En conclusión, una realidad histórica compartida es que casi todos somos migrantes en algún momento. Ya sea porque forma parte de nuestra historia familiar o porque convivimos con ello. Este desplazamiento masivo es característico de una sociedad madura que otorga derechos civiles a sus nacionales con una interpretación amplia. Esto es algo completamente normal y razonable, que no representa ninguna novedad. Sin embargo, lo que no puede permitirse es que este proceso ocurra de forma abrupta, descontrolada, opaca y sin consenso. La ausencia de alguna de estas condiciones genera, inevitablemente, dudas justificadas sobre las verdaderas intenciones o posibles motivos ocultos. Esto resulta especialmente perjudicial a la hora de reconocerse dentro de un ‘demos’, ya que equivale a deslegitimar los cimientos del proceso democrático.
¿Cuál es su valoración ante la cuestión de que esta situación proyecte una sombra de desconfianza sobre el sistema electoral y las instituciones en general?
En un sistema democrático maduro y transparente, fomentar teorías conspirativas de este tipo puede considerarse irresponsabilidad institucional o política, e incluso una estrategia populista. No obstante, si la información disponible es insuficiente, y existe experiencia previa de falta de rigor y transparencia o de irresponsabilidad política en diferentes ámbitos sociales, ello genera razones legítimas para exigir mecanismos de control. La demanda de rendición de cuentas es tan democrática como cualquiera otra exigencia ciudadana. Esto no implica, de forma automática, culpar, dudar de la integridad ni actuar con irresponsabilidad política. Todo lo contrario: se trata de exigir responsabilidad. Se debe reclamar transparencia, datos fiables y supervisión de los procedimientos. Nos encontramos inmersos en una vida política y social donde estos valores no destacan precisamente por su presencia, especialmente en lo que respecta al control democrático. En nuestro país, la rendición de cuentas brilla por su ausencia.
¿Se deben los problemas vinculados a esta ampliación del censo a mala fe o a falta de competencia?
Supongamos que es lo segundo. Cualquiera de estos argumentos resulta inaceptable. No se debe recurrir a la hipótesis de mala fe o manipulación deliberada, que sería lo más grave. Pero incluso la incompetencia ya no es justificable. En cuanto a la regularización de inmigrantes, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que poseen un conocimiento exhaustivo del fenómeno, mencionaban cerca de un millón y medio. Sin embargo, el Gobierno inicializó con una cifra de medio millón. Señores del Gobierno: cuentan con administración de seguridad que provee datos relativamente sólidos; al menos deberían partir de esos datos si aspiran a una gestión seria. Sin embargo, se ofrece medio millón. ¿Con qué finalidad? ¿Para confundirnos? ¿Para minimizar la cuestión? ¿Para engañar a la Unión Europea? Porque formamos parte de una alianza, compartimos intereses, normas, regulaciones y fronteras con la UE. Por tanto, es necesario ser leales no solo con los ciudadanos, brindando información y transparencia, ni solo con la oposición, que tiene la obligación de fiscalizar —un requisito democrático—, sino también con las normas y los Gobiernos europeos, que son nuestros socios y marco regulatorio. Todo esto falla. Cuando se verifica —sin que te lo digan, sino constatándolo— que gran parte del desarrollo de la ‘Ley de nietos’ está delegado a una empresa como INECO, reconocida por una reputación cuestionable por otros motivos… La conclusión es evidente. El Gobierno no confía en su propia administración o desconoce si su administración está preparada para gestionar un proceso de esta envergadura. Eso es una mala señal. Algo no marcha correctamente. Es simple y llanamente inaceptable.
¿Y qué opina sobre la creación de una circunscripción exterior?
Para establecerla, sería indispensable reformar la ley electoral, que requiere consenso y una mayoría cualificada. De lo contrario, se trataría de una modificación parcial que la siguiente mayoría podría deshacer. Esto carece de sentido. Hasta ahora, las reformas electorales sustanciales, aquellas que podrían afectar la legitimidad del sistema y sus procedimientos, se han realizado mediante acuerdos. Esto fundamenta nuestro sistema de 1978. Principalmente porque asegura estabilidad: las reformas se concretan entre las fuerzas políticas representativas de la alternancia en el poder. Cuando una reforma se basa en el pacto de ambas fuerzas mayoritarias, se vuelve segura, estable y legitimada. Sin ello, siempre existiría incertidumbre sobre su validez. Además, estamos frente a un proceso complejo que demanda tiempo: ya se manejan 2,6 millones de solicitantes —lo cual no indica que sea el total—. De ellos, unos 600.000 ya tienen resoluciones de concesión de nacionalidad y, por ende, pueden inscribirse en el CERA. Para formar parte del CERA, los interesados deben solicitarlo de forma voluntaria. La nacionalidad y la inscripción en el censo no son lo mismo. Nuestro censo es automático pues depende de la residencia. El CERA requiere gestión voluntaria tras adquirir la nacionalidad. Estas acciones deben realizarse con cuidado, no de manera apresurada o deficiente: para garantizar fiabilidad y seguridad. Posteriormente surgirán debates sobre a quién votarán, si uno u otro candidato, o qué beneficio tendría para ciertas fuerzas políticas. Ese análisis debería ser secundario, no principal. Empezar por ese aspecto sería construir la casa desde el tejado, lo cual es una señal negativa y problemática.
¿Cómo valora que un colectivo que nunca ha residido en España pueda tomar decisiones electorales cuyas repercusiones negativas no afrontará directamente, pero que sí impactarán a la población residente?
Esa cuestión es el aspecto cualitativo del asunto. El procedimiento exige una iniciativa individual y voluntaria para inscribirse en el CERA. Se puede obtener la nacionalidad y, en caso de no residir, no registrarse en este censo. Eso es distinto de posteriormente decidir votar; sabemos que una gran parte —casi la mayoría— de los inscritos no emiten voto, en ocasiones por responsabilidad, debido a desconocimiento sobre el tema electoral o las implicaciones de su voto. Existe el riesgo de que algunos sufran influencia externa o manipulación para votar de un modo determinado. Al conceder la nacionalidad y ciertas ventajas adicionales, como el acceso a servicios públicos —el pasaporte español por sí mismo posee un enorme valor—, ¿quién puede afirmar con certeza que no se está incentivando un voto a cambio de beneficios? No se parte de esa suposición sin fundamento, pero es algo que debe considerarse. Votar no es un acto trivial en democracia: implica asumir la responsabilidad de decidir sobre la agenda política del país. Por ello, es necesario contar con un vínculo real que trascienda la mera formalidad de la inscripción.
¿Qué lecciones se extraen de otras modificaciones censales, como la ocurrida en País Vasco y Navarra debido a la violencia de ETA?
Se trata de un exilio. En cierto momento se planteó: ¿cómo resolver la situación de casi 200.000 personas que tuvieron que abandonar el País Vasco por temor? Algunos cambiaron de residencia, otros no, pero ninguno pudo votar por diversas causas. La distribución del voto no fue simétrica: quienes huyeron estaban alejados del nacionalismo, lo que incrementaba el porcentaje del voto nacionalista. Nunca nadie reconoció ni reguló ni compensó este fenómeno, aunque hubiera sido posible. Siempre existen herramientas para corregir estos desequilibrios. Sin embargo, hablamos del pasado. En el caso de la ‘Ley de nietos’ el contexto es mucho más remoto y la vinculación menor. Muchos exiliados entonces eran personas activamente involucradas en la política, no desvinculadas. Esto resulta llamativo e incluso doloroso.
¿Qué está en juego con estas cuestiones?
En una democracia representativa, el ciudadano no decide directamente, pues el proceso sería plebiscitario: elige preferencias y representantes encargados de tomar decisiones en su nombre. Pero en ningún caso debe renunciar a supervisar y exigir responsabilidad. La rendición de cuentas no se limita a un acto cada cuatro años; la responsabilidad política es un proceso continuo. Cuando un dirigente declara que puede gobernar sin el Parlamento, eso es una actitud profundamente antidemocrática y revela un serio déficit democrático en ese líder. Existe un líder que se ha expresado de este modo y que tiene gran relevancia. Por ello, es responsabilidad ciudadana exigir transparencia, explicaciones y control sobre las decisiones. Ese deber se extiende al dirigente y también al equipo opositor, pues la oposición puede perder legitimidad y apoyo si no ejerce correctamente su función de fiscalización. Nuestro ‘demos’ es activo y dinámico. No participa directamente en la toma de decisiones diarias, pero sí en la medida en que controla, cuestiona, desautoriza, moviliza y exige responsabilidad política. Esta responsabilidad excede incluso el ámbito penal, y se acerca más a la política. Aunque nuestros políticos suelen escudarse en que, ante casos de corrupción o imputaciones judiciales —poder independiente—, la responsabilidad política solo comienza tras condena firme. Eso corresponde al plano penal. La responsabilidad política empieza mucho antes, como ejemplifica el caso en Reino Unido con Starmer. El primer ministro, hasta donde se sabe, no ha incurrido en irregularidades graves, sino que ha perdido elecciones o es cuestionado al interior de su partido. Eso basta para la responsabilidad política.
Para concluir, ¿qué opina sobre la rendición de cuentas?
No tener dogmas no equivale a carecer de principios. No todo es válido: ni el relativismo absoluto ni la idea de que el fin justifica los medios. La autocrítica está contemplada en los estatutos de los partidos. Observamos cómo los partidos históricos europeos desaparecen masivamente. Eso no es casualidad. Los propios partidos deben asumir parte de responsabilidad por su diseño o gestión deficiente. Sin embargo, notamos una reacción defensiva dentro de los partidos: criticar es considerado deslealtad, casi traición; lo que transforma al partido en una secta. Desde la era de Zapatero, el Partido Socialista ha perdido más del 40 % de su militancia. ¿No invita eso a reflexionar sobre fallas internas, más allá de la pérdida de votos masiva? La pérdida de masa electoral implica pérdida de identidad socio-representativa. Ambos aspectos llaman mucho la atención. Si internamente no se practica la autocrítica ni se pide responsabilidad, y se impone un cerramiento sectario, algo va mal. Esa dinámica se asocia con polarización y populismo. Es una respuesta defensiva: construir barreras para impedir intercambios. De este modo, se rompen las reglas democráticas. La competencia debe ser centrípeta, no basada en antagonismos extremos. Aquí reside la principal debilidad. Por eso los partidos son las instituciones peor valoradas y emparentadas con menor confianza ciudadana, a pesar de ser los actores principales en la gestión colectiva. No detenerse a pensar que algo falla refleja una carencia grave.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante este derrotismo?
Movilizarse, involucrarse y hacer oír su voz. En democracia, no hay otros mecanismos. La confianza en la sociedad española permanece y, tarde o temprano, da resultados. Es cierto que la trayectoria reciente parece mostrar que España es excepcional. Los dos partidos mayoritarios que han definido la dinámica política desde la Segunda Guerra Mundial —con la Guerra Fría, la construcción europea y las políticas sociales del Estado— crearon un sistema social-liberal con alternancia, pero con un ‘mainstream’ compartido que otorga las señas de identidad europeas y que, en cierta medida, hacen de España un paraíso. Esta situación se mantiene especialmente porque aún está fresca la memoria de una larga dictadura, una dolorosa guerra civil previa y un periodo inestable con el fin de la monarquía y la etapa republicana, ninguna de las dos exitosa. Sin embargo, existe un éxito indudable: la Transición española, cimentada en el consenso de las grandes fuerzas políticas. Esa experiencia todavía se sostiene, con una fe humilde, como el pilar que salva.