La venta de la casa de una persona con deterioro cognitivo requiere permiso judicial y el cumplimiento de una serie de garantías para proteger su patrimonio
El diagnóstico de Alzheimer no solo transforma la vida de la persona afectada, sino también la de su entorno cercano. Entre las cuestiones legales que pueden surgir conforme avanza la enfermedad está la posibilidad de vender la vivienda del enfermo para afrontar gastos relacionados con su cuidado o la plaza en una residencia. Sin embargo, esta venta no puede ejecutarse libremente, siendo imprescindible obtener una autorización judicial.
Cuando alguien sufre enfermedades como Alzheimer, demencia o deterioro cognitivo severo, puede perder la capacidad de realizar actos legales. En estos casos, la ley protege a esa persona estableciendo que no puede realizar por sí misma operaciones como la venta de una vivienda, la firma de contratos o la disposición de sus fondos.
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Si el notario detecta que no existe plena capacidad para actuar, no permitirá la firma. En caso de que el acto se lleve a cabo pese a ello, podría ser declarado nulo posteriormente por la vía judicial, con consecuencias graves.
Por ello, la exigencia de obtener una autorización judicial para que los familiares de una persona con Alzheimer avanzado o enfermedad análoga puedan proceder a la venta de su vivienda, tiene como objetivo asegurar que la decisión se toma en beneficio del afectado y que los fondos obtenidos se destinan a asegurar su cuidado.
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Procedimiento para vender la vivienda de un familiar en esta situación
El proceso para vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado es legalmente viable, aunque requiere cumplir múltiples pasos obligatorios que garantizan que la transacción se realiza genuinamente en beneficio del propietario incapacitado, según explican diversas empresas especializadas como Más mayor Inmogestión.
En primer lugar, debe iniciarse un procedimiento judicial para nombrar a un tutor, quien actuará en representación de la persona incapacitada. Normalmente se trata de un hijo o familiar directo, pero este nombramiento no es automático, sino que debe ser solicitado ante un juez.
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Una vez designado el representante, es necesario pedir una autorización judicial y demostrar que la venta favorece a la persona afectada, que el precio de venta es justo y que los fondos generados serán utilizados para cubrir sus necesidades.
Además, la vivienda debe someterse a una tasación por un profesional cualificado para verificar que el importe corresponde con el valor real del inmueble. Si el juez considera que la operación podría perjudicar el patrimonio de la persona con Alzheimer, tiene facultad para rechazar la autorización.
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Finalmente, el representante legal debe justificar el destino del dinero obtenido, es decir, demostrar que se emplea en los cuidados o necesidades de la persona incapacitada.
Aspectos a considerar antes de vender la vivienda
Una de las principales dificultades que reportan los bufetes de abogados es la duración del proceso judicial. Conseguir el nombramiento del representante legal y la autorización para vender la vivienda puede prolongarse entre seis meses y un año, aunque el tiempo exacto depende de la carga del juzgado y la complejidad del caso.
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También se originan demoras debido a falta de documentación o errores durante la tramitación. La ausencia de informes médicos, tasaciones o cualquier papel requerido puede extender el proceso hasta que se solventen estas deficiencias.
Del mismo modo, pueden surgir complicaciones si existen conflictos entre familiares sobre la conveniencia de vender la propiedad o si la oferta de compra es inferior al valor tasado, puesto que el juez podría negar la autorización. También podrían presentarse problemas al intentar utilizar un poder notarial otorgado previo a la pérdida de capacidad.
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