Tras un extenso proceso legal, la magistrada rechazó la medida cautelarísima solicitada por los empresarios
Los cuatro chiringuitos ubicados en el Puerto de Sherry, en Cádiz, deberán cerrar sus puertas sin excepción este domingo. El Tribunal de Instancia de la ciudad desestimó este jueves la última medida cautelar presentada por estos negocios para evitar el cierre, por lo que no les queda alternativa: deben suspender su actividad a la medianoche del domingo 6 de julio.
Existen varios motivos que motivaron la decisión de la magistrada Miriam Solano Martín, aunque el principal radica en la expiración de la concesión administrativa otorgada en 2023 por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, cuya renovación fue rechazada por falta de respaldo legal. Además, el Ayuntamiento fijó el 5 de julio como fecha límite para la autorización municipal mediante un decreto.
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Luego de un prolongado trámite judicial, la magistrada denegó la medida cautelarísima solicitada por los empresarios al concluir que la suspensión de los decretos municipales impugnados no implicaría en ningún caso la extensión de la autorización para la actividad más allá del 5 de julio. La resolución es firme y no admite recursos.
La autorización inicial concluye este sábado
El auto examina la solicitud presentada por Beauty Beach S.L., empresa encargada del establecimiento Margarita, y determina que la autorización original emitida por el Ayuntamiento había expirado el 5 de julio mediante un decreto municipal fechado el 29 de marzo, resolución que no fue apelada por la empresa y, por ende, se tornó definitiva. La magistrada fue enfática al señalar que anular ese decreto “no hará que mágicamente la autorización del bar quiosco se extienda más allá del 5 de julio”, según reportó el medio local Diario de Cádiz.
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Asimismo, la resolución analizó el decreto municipal que rechazó la solicitud conjunta de las mercantiles Beauty Beach S.L. (Margarita), Enjoy Sherry S.L. (PhiPhi) y Pentágono Escaleno S.L. (Blue Playa Canalla) para continuar la actividad entre el 5 de julio y el 13 de septiembre. El juzgado consideró que admitir esa petición equivaldría a reemplazar la decisión administrativa y otorgar provisionalmente una autorización que nunca fue concedida. El Ayuntamiento fundamentó dicho rechazo en la ausencia de permiso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para usar el dominio público portuario en el periodo solicitado.
Una solicitud sin respaldo legal
La APBC había denegado en mayo la prórroga de la concesión al considerar que la solicitud carecía de respaldo jurídico, decisión avalada por unanimidad en el Consejo de Administración, según el mencionado diario. La autorización original, concedida en marzo de 2023 y válida por tres años, permitía operar los espacios como bares-kiosco únicamente entre abril y septiembre, sin autorización para ofrecer música. Vencido ese plazo, la concesionaria solicitó una prórroga para continuar la actividad mientras se gestionaba un nuevo proyecto empresarial, petición que la APBC rechazó por falta de soporte legal, apoyada en un informe de la Abogacía del Estado.
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El recurso judicial constituyó la última opción para los empresarios luego de agotar todas las instancias administrativas. La patronal Horeca alertó que la resolución ya ha provocado cancelaciones de reservas en El Puerto de Santa María y que, según datos aportados por los propios empresarios, más de 300 empleados perderán sus puestos de trabajo durante la temporada de verano.
Reclamos de vecinos y hoteles
Estos establecimientos habían generado una extensa controversia, con quejas de residentes, usuarios del puerto deportivo y clientes de hoteles cercanos debido al ruido y la acumulación de basura. Ecologistas en Acción interpuso una denuncia por presuntas irregularidades en las licencias, que la Fiscalía admitió y remitió al juzgado de El Puerto de Santa María al encontrar posibles indicios de un delito de prevaricación.
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Detenciones por narcotráfico
Además del cierre judicial, se suma la detención del empresario Pascual Llopis, propietario del chiringuito Margarita, en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una presunta red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, según informó El País. La investigación, llevada a cabo el pasado miércoles, finalizó con 11 arrestados, incluidos el hijo y la esposa de Llopis, y registros en varios de sus negocios en El Puerto, como la discoteca Banana y el propio chiringuito Margarita. Durante los operativos, los agentes incautaron 1,2 millones de euros en efectivo solo en los locales y oficinas del empresario, de un total de 1,8 millones recuperados en diversos registros entre Cádiz y Sevilla.
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Esta investigación, iniciada en 2023 y mantenida bajo secreto de sumario, también implicó a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, solicitándose expedientes de contratos de patrocinio relacionados con el festival Puro Latino, promovido por Llopis. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicó que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, del Partido Popular (PP), no forma parte de la investigación.