Las claves
Cataluña y Madrid agrupan el 40% de las 1.174.978 solicitudes para la regularización de migrantes presentadas en España.
El sector hostelero es la principal fuente de empleo para los regularizados, seguido por el comercio, las actividades administrativas y la construcción.
El 67% de los solicitantes proviene de América Central y del Sur, siendo Colombia el país con mayor número de solicitantes.
El 57% de las solicitudes fueron hechas por hombres y el 59,4% de los solicitantes tiene menos de 34 años.
Después de medio año de datos cruzados, información imprecisa y cifras fluctuantes, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha divulgado, por primera vez, un dato concreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: 1.174.978.
Este número supera ampliamente las 500.000 solicitudes inicialmente estimadas y refleja las inscripciones realizadas desde el 16 de abril hasta el 30 de junio, la fecha límite para enviar las solicitudes.
«La realidad nos ha superado«, reconocieron fuentes gubernamentales.
De este total, 609.737 expedientes están en proceso de tramitación, lo que significa que los solicitantes ya pueden trabajar aunque todavía no se haya resuelto su caso.
En realidad, solo 11.000 expedientes cuentan con resolución definitiva, según informó a los medios la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
El volumen de solicitudes ofrece un panorama muy diverso sobre la distribución geográfica de la regularización, la integración laboral y el perfil demográfico de quienes la solicitaron.
Cataluña es la comunidad autónoma que más migrantes ha recibido, con un total de 257.602 solicitudes, equivalentes al 21,9% del conjunto. Barcelona acapara la mayoría con 192.195 expedientes (74,6%), seguida por Tarragona con 27.214 (10,5%), Girona con 22.701 (8,8%) y Lérida con 15.492 (6%).
En segundo lugar, siguiendo la lógica, está la Comunidad de Madrid, con 202.424 solicitudes, representando el 17,2% del total.
Le sigue la Comunidad Valenciana, con 167.286 solicitudes (14,23%), principalmente concentradas en Valencia (74.951) y Alicante (73.245), además de Castellón (19.090).
La cuarta comunidad autonómica con más solicitudes es Andalucía (13,7%), acumulando 161.557, destacando las provincias de Málaga (39.899), Sevilla (33.690) y Almería (32.638).
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía coinciden como las cuatro regiones de España con mayor población extranjera residente, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que se correlaciona con la cantidad de solicitantes.
No obstante, en ciertas regiones el porcentaje de solicitantes respecto a la población extranjera es notablemente superior a la media nacional.
Estas comunidades se caracterizan por inmigración principalmente laboral, enfocada en sectores como la agricultura, la construcción y la industria.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha representa un 4,4% de solicitudes a pesar de albergar solo el 3,5% de la población extranjera, mientras que País Vasco, con un 4,2% de solicitudes, cuenta con solo un 3,4% de población foránea.
En el extremo inferior, Ceuta y Melilla reciben pocas demandas (452 y 743, respectivamente, sumando apenas un 0,1%), seguidas por La Rioja (6.448), Cantabria (8.767) y Extremadura (9.634).
Sectores laborales principales
El marco legal del proceso de regularización extraordinaria establece que la admisión inicial de la solicitud concede al solicitante una autorización temporal para residir y trabajar en todo el país.
Esta medida clave ha permitido una rápida transición de la economía informal hacia el mercado laboral formal sin necesidad de aguardar la resolución final de sus expedientes.
Al cierre del periodo para enviar las solicitudes, la activa incorporación laboral se reflejaba en que, a 30 de junio de 2026, la Seguridad Social había registrado 159.097 afiliados dados de alta gracias a este proceso extraordinario.
El sector de la hostelería representa el principal generador de empleo para este colectivo, con 38.776 personas (24,4% del total). Le siguen el comercio mayorista y minorista con 20.195 afiliados (12,7%), las actividades administrativas y servicios auxiliares con 19.327 (12,1%) y la construcción con 18.310 afiliados (11,5%).
Los datos suministrados por el Ministerio indican que el 83,4% de los nuevos afiliados están inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social.
La participación en regímenes especiales es minoritaria y refleja fielmente la distribución sectorial: el Régimen Especial Agrario concentra al 7,9%, el Régimen de Empleadas del Hogar al 4%, y el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) se sitúa por debajo del 4,7%.
Finalmente, el tipo de contratación derivado de esta formalización del empleo es altamente estable: el 77,3% de los contratos de regularizados son indefinidos, y el 22,7% temporales.
Latinoamericanos y africanos: más del 80 %
En cuanto a la procedencia, el balance oficial destaca la predominancia del grupo hispanohablante, ya que el 67% de las solicitudes provienen de América Central y del Sur. Le siguen un 22,9% de origen africano y un 8,3% asiático.
Por países, Colombia encabeza la lista con el 25,9% de todos los registros, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).
El 20,5% restante de expedientes corresponde a solicitudes de otros países que el Ministerio no ha identificado.
Otra distribución importante apunta que el 79,6% solicita autorización por arraigo extraordinario y el 20,4% por protección internacional en situaciones excepcionales.
El 57% son hombres
El desglose por género indica que el 57% de las solicitudes provienen de hombres y el 43% de mujeres.
Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara que esta proporción varía según la edad, observándose una distribución mucho más equilibrada entre menores y en el grupo de 45 a 54 años.
La distribución por edades revela una población principalmente joven y activa, con un 87% de los solicitantes entre 16 y 64 años.
Seis de cada diez (59,4%) tienen menos de 34 años, destacando el grupo entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% de las solicitudes.
El camino relacionado con la vulnerabilidad socioeconómica ha sido uno de los pilares y vías más utilizadas para acceder a este proceso, que se estructura en dos grandes canales administrativos con diversos requisitos.
El arraigo extraordinario supone el 79,6% del total —aproximadamente 935.282 solicitudes— dirigido a quienes se encontraban en situación irregular dentro de España.
Por otro lado, los solicitantes de protección internacional representan el 20,4%, unas 239.696 solicitudes, destinadas a quienes tenían peticiones de asilo pendientes o en recurso antes del cierre.
Para este colectivo, la regularización ha funcionado como un puente que otorga un permiso temporal de residencia y trabajo por un año, incluso si su asilo es denegado o están en proceso de expulsión.
Quienes optaron por la vía del arraigo debían demostrar residencia previa en España (entrada antes del 1 de enero de 2026 y cinco meses consecutivos de permanencia); los de protección internacional debían haber solicitado asilo formalmente antes de esa fecha.
No obstante, fuentes de la Policía Nacional informaron a EL ESPAÑOL que al menos 400.000 solicitantes no residían en España y accedieron a la regularización promovida por Sánchez.
Estas fuentes aseguran que antes del 1 de enero de 2026 vivían en España alrededor de 850.000 extranjeros sin papeles que cumplían los requisitos para ser regularizados.
El jefe de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, advirtió en un informe sobre un posible «efecto llamada«, señalando que se movilizaban redes de tráfico que usaban anuncios en terceros países para captar gente a través de redes sociales.
Las autoridades detectaron rápidamente un mercado negro de facturas y recibos dirigido a inmigrantes que necesitaban probar su residencia en España, alertando sobre un «gran bazar» que ofrecía «facturas de gas o teléfono» mediante Telegram o Instagram.
El debate acerca de las cifras
Ante la magnitud de los datos, el Ejecutivo intentó justificar la discrepancia afirmando que siempre consideraron «tres escenarios: 500.000, 750.000 o más de 1 millón«, y que la cifra menor provenía solo del texto original de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La evidencia de que el Ministerio ignoró o ocultó alertas mientras calificaba de alarmistas a los medios que aseguraban que serían, al menos, el doble, se encuentra en sus propios documentos internos.
El informe oficial del Gobierno, fechado en abril de 2026, preveía sólo medio millón de beneficiarios.
Consideraba una capacidad máxima para procesar 752.250 expedientes, aunque sólo como un margen operacional del 150% para «absorber solicitudes duplicadas e incumplimientos de requisitos».
Actualmente, ante los datos reales, reconoce haber manejado los tres escenarios y que la cifra «se acercó más a la previsión máxima«, argumentando que no se divulgó antes porque «dificultaba contabilizar personas sin documentos«.
Afirman que la intención «no fue engañar ni ocultar datos«, e insisten que la irregularidad, además de ser «un fenómeno dinámico que evoluciona», es también «una exclusión administrativa que dificulta su cuantificación».