La red rusa que durante años blanqueó millones de euros en España para el crimen organizado se vanagloriaba de sus vínculos con «conocidos políticos españoles» para facilitar sus operaciones ilícitas a nivel global.
Una investigación realizada por la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central de la Policía Nacional detectó que esta mafia, desarticulada en enero, estableció contacto telefónico con las autoridades cubanas destacando su vínculo con diversos líderes políticos españoles. Su objetivo era instalar una planta fotovoltaica en la isla.
La Operación Strongbox reveló que esta red buscaba obtener beneficios en actividades adicionales al blanqueo, según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL. De ahí su proyecto de construir una planta de energía fotovoltaica en Cuba. Planeaban que el Gobierno cubano les pagara en especie, entregándoles grandes cantidades de minerales, níquel y oro.
En esta operación, uno de los intermediarios presumía de contar con el apoyo de conocidos políticos españoles para agilizar los contactos con la administración cubana.
El caso abierto por el Juzgado de Instrucción nº46 de Madrid contra la mafia rusa ha desvelado una organización que funcionaba como «una auténtica multinacional del blanqueo de capitales», según indican los investigadores en el sumario.
Precisamente este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Belén Hoyo interrogó al ministro de Asuntos Exteriores sobre los «negocios» de José Luis Rodríguez Zapatero «en Cuba», además de «en Venezuela».
Hoyo afirmó que Zapatero no ha ofrecido «ninguna explicación sobre los negocios que ha tenido en Cuba, sobre los negocios que mantiene en Venezuela o los que pretende establecer a través del lobby que ha creado en China». En su respuesta, José Manuel Albares defendió la conquista de «derechos» obtenida en España gracias al expresidente socialista.
Entre los clientes de esta mafia se encontraban las principales organizaciones criminales que operan en España y las más temidas de Europa: los cárteles serbios y albaneses, la Mocro Maffia, los cárteles colombianos, la mafia armenia, clanes ucranianos e incluso otros originarios de China.
La investigación, como adelantó EL ESPAÑOL, comenzó en 2023. La Policía Nacional seguía a varios miembros del crimen organizado ruso asentados en diferentes zonas de España. Pronto comprobaron que mantenían una actividad constante y sistemática de recogida y entrega de dinero en efectivo a personas de varias nacionalidades. Los fondos eran de origen ilícito.
Organizaciones como la Mocro Maffia o los cárteles colombianos movían sus capitales por todo el mundo gracias a la red rusa ubicada en España. Esta red cobraba una comisión por cada suma que necesitaban lavar, situada entre el 2% y el 3%.
A medida que avanzaba la pesquisa, se reveló la extensión de las actividades de esta mafia. Operaban en varios países como Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia. En España contaban con oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una administrada por un «cajero«.
Recibos, cajeros y sucursales
El «cajero» se encargaba de realizar las entregas y recepciones diarias de dinero en efectivo, en ocasiones llegando cerca de los 300.000 euros. Los investigadores estimaron un movimiento mensual de varios millones de euros solo en España.
Cada «cajero» disponía de una caja fuerte, una contadora de billetes de alta capacidad y un armario insonorizado para alojar la contadora y evitar su ruido característico. Siempre que hacían una entrega, los «cajeros» debían documentar la operación con un recibo para los jefes de la red.
Incluso implementaron un protocolo que se entregaba a cada «cajero» al llegar a la ciudad donde asumiría responsabilidades. Este reglamento incluía sanciones en caso de incumplimiento.
Las medidas de seguridad eran estrictas: cambiaban de domicilio y vehículo cada pocos meses y a veces mantenían pisos de seguridad exclusivos para sus negocios.
Los «cajeros» también se mudaban periódicamente, y capacitaron a sus sucesores en los procedimientos correctos para realizar las entregas y recepciones de dinero.
Los investigadores detectaron que todos los miembros de esta red rusa usaban teléfonos móviles cifrados que operaban en red y se bloqueaban simultáneamente si alguien era detenido por la Policía.
Un policía detenido
En los últimos años, la Brigada Central de Crimen Organizado ha observado cómo la mafia rusa ha intensificado sus operaciones en España.
Durante la Operación Strongbox se arrestó a 14 personas y se realizaron registros en inmuebles ubicados en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa. Se incautó un millón de euros en efectivo.
La organización facilitaba documentación española a sus «cajeros» y a otras personas extranjeras, frecuentemente alegando la necesidad de asilo derivado de la guerra en Ucrania.
Para ello, la mafia rusa contaba con el apoyo de un agente de la Policía Nacional asignado al puesto de extranjería de Ayamonte (Huelva), quien fue detenido.
Este policía mantenía contactos políticos en Ayamonte y llegó a ofrecer a la mafia rusa oportunidades de inversión en tierras y complejos hoteleros en el litoral onubense.
La investigación, que duró dos años, fue realizada por la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central junto con el Greco Costa del Sol, la Unidad de Asuntos Internos, el grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Local de Marbella.
Los tres miembros de mayor rango de la organización han sido ingresados en prisión provisional, al igual que el policía implicado. No se descartan más detenciones.