La reducción será de 10 céntimos por litro en agosto y de 5 en septiembre, mientras se conserva el respaldo directo para agricultores y transportistas
El Gobierno ha ratificado este lunes un nuevo real decreto ley con el objetivo de mantener ciertas ayudas energéticas implementadas por el impacto del conflicto en Oriente Medio, aunque algunas de estas irán siendo eliminadas progresivamente. La medida principal para los hogares consistirá en la extensión de la reducción en los carburantes, que se aplicará a través del impuesto especial de hidrocarburos y se ajustará paulatinamente: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, desapareciendo completamente en octubre.
El conjunto de medidas, aprobado en el Consejo de Ministros, tendrá una duración de tres meses y representará un soporte fiscal complementario de 1.825 millones de euros en 2026. A esta cifra se añaden otros 2.700 millones debido a la reducción prevista en la recaudación entre 2027 y 2028 por la progresiva retirada del impuesto a la producción eléctrica.
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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, indicó que el Ejecutivo mantiene ciertos apoyos porque, aunque la incertidumbre ha disminuido, los mercados energéticos continúan vulnerables a nuevos episodios de tensión. “Los precios de la energía seguirán estando por encima de los niveles anteriores a la guerra durante un periodo,” alertó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Cómo queda la reducción aplicada a los carburantes
La ayuda destinada a los hogares disminuirá conforme se estabilicen los precios internacionales del petróleo. El descuento será de 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y a 5 céntimos en septiembre. Siempre que no se produzca un nuevo incremento, octubre será el primer mes sin esta reducción fiscal para los consumidores.
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El decreto contempla, sin embargo, una cláusula automática que permitirá reforzar nuevamente el apoyo si el conflicto se agrava y la inflación en los carburantes se dispara una vez más. Bajo estas circunstancias, la ayuda para los hogares aumentaría directamente hasta los 20 céntimos por litro, según detalló Cuerpo.
Asimismo, el Gobierno mantendrá la ayuda a los carburantes para profesionales del sector primario y del transporte con las mismas condiciones del real decreto ley previo. En agricultura, se suman 165 millones de euros adicionales para la adquisición de fertilizantes, que se añaden a los 500 millones ya disponibles.
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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, adelantó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empezará a supervisar los márgenes brutos de las estaciones de servicio. Esta información servirá para detectar incrementos infundados y permitirá a los consumidores interponer reclamaciones frente a prácticas irregulares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la validación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con apoyos fiscales y económicos para mitigar el impacto causado por la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)
El impuesto a la producción eléctrica será suprimido en 2028
El decreto establece además una hoja de ruta para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Este impuesto, que en 2026 tenía una tasa del 7%, se reducirá durante los últimos dos trimestres del año hasta situarse alrededor del 5%. En 2027 bajará hasta cerca del 3,5% y desaparecerá de manera definitiva en 2028.
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Cuerpo defendió que esta medida envía una “señal estructural” a los sectores que solicitaban la eliminación del impuesto. Aunque reconoció que implica un alto coste presupuestario, afirmó que el Ejecutivo considera el momento adecuado para fortalecer la electrificación de la economía.
Aagesen añadió que la retirada gradual del tributo durante 18 meses contribuirá a reducir de forma estructural el costo para los hogares, sectores productivos e industria. Según la ministra, la medida facilitará además la expansión de energías renovables y establece por primera vez un camino claro hasta 2028, tras años de suspensiones o recortes temporales.
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El real decreto ley mantiene igualmente la prohibición de despidos para las empresas que se beneficien de las ayudas incluidas en este paquete. Con esta extensión, el Ejecutivo evita una retirada súbita de los apoyos implementados desde marzo, pero inicia la reducción progresiva de las medidas más amplias conforme disminuye la presión en los mercados energéticos.