Se acuerda que cada institución defina libremente las plazas que requieran el conocimiento del euskera
El PNV cerró ayer un acuerdo con EH Bildu para incrementar la imposición del euskera en la administración vasca. El pacto entre estas dos fuerzas nacionalistas posibilitará que hoy el Parlamento Vasco apruebe, únicamente con los 27 votos del partido de Aitor Esteban, la abstención de Bildu y el rechazo del PSOE vasco, PP, Sumar y Vox, que será cada administración vasca la encargada de establecer los porcentajes de plazas públicas en las que el euskera será requisito obligatorio.
El entendimiento nacionalista supone, según el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad vasca Alberto López Basaguren, un ‘Lizarra lingüístico’. «Es un pacto entre nacionalistas que deja de lado y obvia la opinión del resto de partidos. Independientemente de si esto genera o no fricciones políticas entre los partidos de gobierno, considero que puede tener consecuencias sociales importantes», advirtió Basaguren tras anunciarse el acuerdo que hoy se materializará en la Cámara vasca. En 1998, partidos y sindicatos nacionalistas firmaron un pacto soberanista que excluía a las demás fuerzas vascas, con el que ETA anunció un alto el fuego que apenas duró un año.
Ambas formaciones respaldan la propuesta promovida por el PNV, que califican como «una vía adecuada y técnicamente cuidadosa» cuyo propósito es «contribuir efectivamente a la normalización del euskera en las administraciones públicas vascas y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
El cambio fundamental que respaldan mediante este acuerdo las dos formaciones nacionalistas implica la supresión de los índices generales de cumplimiento obligatorio establecidos en la Ley de 1982, aprobada por PNV y el PSOE vasco con la oposición de Herri Batasuna.
«EH Bildu mantiene las premisas defendidas en su momento por Herri Batasuna, y ahora es el PNV quien adopta su visión sobre cómo tratar el tema lingüístico», afirma Basaguren, que participó como experto en la ponencia parlamentaria destinada a lograr un amplio acuerdo que incluyera a los partidos nacionalistas vascos y al resto de fuerzas parlamentarias.
Los índices de cumplimiento obligatorio que ahora desaparecen establecían, según la doctrina del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el límite máximo de plazas donde el euskera es requisito indispensable. Las sentencias judiciales que favorecieron a aspirantes no euskaldunes fueron calificadas por PNV, EH Bildu, sindicatos nacionalistas y grupos promotores del euskera como una «ofensiva judicial». Esta interpretación no es compartida por la mayoría de la población vasca, ya que el 50% rechaza esta supuesta «ofensiva» y un 47,6%, según el Deustobarómetro, ha manifestado que ya existen «demasiadas exigencias» de euskera para acceder a un puesto de funcionario en el País Vasco.
«Esta reforma, que puede estar ligada a la estabilización de interinos, tendrá un impacto práctico para muchas personas, pero va más allá de la reforma de la Ley de empleo. Surtan muchos efectos que muestran que el futuro en materia lingüística se está forjando mediante un acuerdo exclusivo entre nacionalistas», advierte López Basaguren.
El compromiso de seguimiento conjunto entre PNV y Bildu para supervisar los efectos de la reforma y pactar futuros cambios deja fuera a las demás fuerzas políticas vascas. Además, en caso de concluir que no hay una «suficiencia estructural» con las modificaciones, estarían dispuestos a aplicar la propuesta de Bildu, que plantea la obligatoriedad del conocimiento del euskera para todos los funcionarios sin índices generales ni particulares, aunque admite ajustes según las condiciones sociolingüísticas de algunos municipios.
Aunque el PNV justifica esta ruptura con el PSOE vasco como una medida de protección legal para garantizar las convocatorias de empleo público, el abogado Ignacio López Lera señala los problemas que generará su aplicación.
«No se cuestiona el euskera ni la obligación de las Administraciones públicas de ofrecer atención en ambas lenguas oficiales. El problema radica en que la norma otorga un amplio margen a cada ayuntamiento y entidad pública para decidir qué plazas tendrán perfil lingüístico obligatorio, pospuesto o diferido», comenta el abogado irunés. López Lera ha sido el representante legal en el País Vasco de funcionarios interinos y trabajadores de sociedades públicas que ha conseguido las sentencias más relevantes en defensa del principio de igualdad y del acceso a la función pública frente a los denominados «derechos lingüísticos» defendidos por PNV y EH Bildu.
«Sustituir un índice general por índices propios de cada entidad no resuelve el problema: simplemente lo traslada a cada ayuntamiento. Si no se establecen criterios homogéneos, objetivos y verificables, podrían generarse situaciones muy distintas entre municipios y, en la práctica, impedir el acceso al empleo público a personas que cumplen los requisitos de mérito y capacidad pero carecen del perfil lingüístico», concluye López Lera tras el acuerdo nacionalista.