El antiguo líder del PSOE mantuvo una reunión presencial con el expresidente de Bolivia para abordar los problemas legales que enfrentaba su cliente, un grupo empresarial peruano, en el país andino.
«Está en el contrato». Así contestó con brevedad el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el miércoles de la semana pasada ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado del caso Plus Ultra, cuando evitó dar detalles sobre las labores que desempeñó para la compañía Focus Social Research, por las que recibió 200.000 euros a través de una sociedad pantalla, según señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía.
Sin duda, fue uno de los instantes más difíciles durante el interrogatorio al que Calama sometió al ex líder del PSOE. El juez insistió en conocer detalles sobre esos trabajos que el imputado únicamente calificó como «asesoramiento». «Eso resulta insuficiente para un instructor. Vamos a ver qué tipo de asesoramiento. Dígame exactamente qué tipo de asesoramiento y qué tareas concretas desempeñó usted», preguntó con insistencia el magistrado de la Audiencia Nacional.
«Está en el contrato y no voy a profundizar más. Yo ni lo he preparado ni aparece en el auto [de imputación]», replicó Zapatero desconcertado quien, según informaron fuentes presentes en la declaración a EL MUNDO, en ese momento dirigió la mirada a su abogado, Víctor Moreno Catena, en busca de ayuda.
En ese momento, el juez le recordó que dicho pago sí constaba en los informes de la Udef entregados personalmente el día de su imputación como líder de una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de influencias a gran escala. Sin embargo, la magistratura no obtuvo respuesta alguna.
Cuando Calama formuló esa pregunta, no lo hizo sin motivo. La Udef ya elaboraba el último informe remitido a la Audiencia Nacional, en el que fortalece el rol de comisionista internacional del ex presidente Zapatero, al influir esta vez ante el Gobierno de Bolivia.
Para favorecer a su cliente, el Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano, Zapatero se reunió en Bolivia el 15 de septiembre de 2024 —acompañado en el viaje por los hermanos Amaro Chacón— con el entonces presidente Luis Alberto Arce y el ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, conforme a los documentos incautados en los registros del 19 de mayo.
En el nuevo informe, la Policía detalla los múltiples contactos que Zapatero mantuvo con autoridades bolivianas —con una participación destacada de su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada en esta causa— evidenciando una «dinámica de intermediación e influencias orientada a favorecer los intereses del Grupo Gloria, todo ello a cambio de una remuneración de 200.000 euros, justificando el pago mediante un contrato falso suscrito con una sociedad pantalla».
Aunque el propósito real del mencionado contrato fue beneficiar al Grupo Gloria en diferentes gestiones relacionadas con los procesos judiciales abiertos en Bolivia —incluyendo una empresa del grupo, Soboce, condenada a abonar unos 107 millones de dólares en un litigio por competencia desleal—, el abono por los servicios prestados se realizó a través de una sociedad interpuesta.
El informe fue confeccionado a partir de conversaciones intervenidas en el móvil de la secretaria de Zapatero, además de la documentación registrada en la oficina del ex presidente, ubicada en la calle Ferraz, Madrid. Entre estas charlas destacan especialmente aquellas con Carmen Almendras Camargo, embajadora boliviana en España entre 2007 y 2015 y actual asesora senior en Kreab Bolivia S.A, relacionadas con la gestión del contrato.
Por otro lado, el pago de la comisión de 200.000 euros se fraccionó en cuatro partes. La primera, de 100.000 euros, se efectuó en 2024, y otras dos de 50.000 euros cada una fueron abonadas el año pasado.
Según el informe policial, «el flujo de fondos detectado corresponde al pago acordado en un único contrato de prestación de servicios de asesoría, firmado por José Luis Rodríguez Zapatero como asesor y Focus Social Research como cliente». La Udef subraya que «los servicios prestados» por el ex líder del PSOE «a cambio de los mencionados 200.000 euros» no estaban vinculados realmente con Focus Social Research, empresa destinada al marketing que fue utilizada solo como sociedad interpuesta.
«Las personas detrás de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero pertenecerían al conglomerado empresarial peruano denominado Grupo Gloria. El objetivo buscado era mediar o influir en varios litigios millonarios que el grupo mantenía con la Administración Pública boliviana. Para ello, Rodríguez Zapatero había establecido citas o contactos con altos cargos políticos bolivianos, incluidos el presidente del país, los ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado», concluye la Policía.
Tras examinar cierta documentación, la Udef sostiene que «quedaría probado que Zapatero realizó gestiones para conseguir una reunión de directivos del Grupo Gloria con el ministro de Justicia boliviano».
En el atestado se resalta la «existencia de indicios sobre una organización criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y su influencia pública internacional, se dedicaría a ejercer influencias ilícitas en beneficio de diversos clientes».
Con esta nueva transferencia de fondos actuando como comisionista internacional, la Udef fortalece las pruebas contra el ex presidente y sus influencias remuneradas «por los clientes de la organización criminal mediante la simulación de servicios de asesoría no realizados» y «la creación de contratos ad hoc para justificar esos pagos».