Las claves
El exmandatario boliviano Luis Arce ha desmentido cualquier participación en el supuesto tráfico de influencias atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria.
Arce sostiene que su vínculo con Zapatero fue estrictamente institucional y político, enfocado en la mediación durante la crisis interna del MAS, sin relación con asuntos empresariales.
La controversia legal entre Soboce y el Grupo Gloria contra el Estado boliviano no comenzó en la gestión de Arce, quien asegura que su administración impugnó resoluciones que beneficiaban a estas compañías.
Un informe policial español indica que Zapatero actuó como intermediario ante autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria a cambio de 200.000 euros, lo que ha motivado solicitudes de investigación parlamentaria en Bolivia.
El ex presidente boliviano Luis Arce negó este jueves su implicación en el supuesto caso de «tráfico de influencias» que involucra al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta actuación en Bolivia en apoyo a la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.
«No he estado ni estoy vinculado a ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) o alguna otra empresa privada», afirmó Arce en sus redes sociales, quien está detenido preventivamente desde diciembre por un caso de supuesta corrupción.
El ex presidente boliviano explicó que la relación que mantuvo con Rodríguez Zapatero durante su mandato fue estrictamente institucional y política y que las conversaciones entre ambos se centraron en la mediación durante la crisis interna que atravesó entonces el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) previo a las elecciones de 2025.
Rodríguez Zapatero fue aliado político tanto de Arce como del expresidente Evo Morales (2006-2019).
La cementera Soboce mantiene desde 2010 un litigio con la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) por la propiedad de acciones que permitirían a la primera ampliar sus plantas en regiones, caso denunciado por la segunda como una práctica de competencia desleal.
Desde 2014 este conflicto judicial involucra también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que exige una compensación por la reversión de esas acciones y sostiene demandas contra el Estado boliviano.
Al respecto, Arce aclaró que la disputa entre Soboce y el Grupo Gloria frente al Estado boliviano «no se originó durante su Gobierno» y recordó que en 2025 una sentencia judicial otorgó una tutela a favor de Soboce, aunque fue apelada por la Procuraduría General del Estado (PGE) ese mismo año.
El ex mandatario aseguró que si hubiera intervenido en la resolución que benefició a Soboce, su administración «no habría rechazado ni combatido esa decisión». Asimismo, apuntó que el caso actualmente «está siendo revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)».
«No se ha efectuado ningún pago a favor de Soboce relacionado con este caso frente a Fancesa, pues la última palabra debe provenir del TCP», añadió.
El miércoles se difundió un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, fechado el 22 de junio, que afirma que Rodríguez Zapatero participó en un esquema de intermediación e influencias con autoridades bolivianas para favorecer los intereses del grupo peruano Gloria, «a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros».
El informe incluye registros de conversaciones por WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de varias agendas del ex presidente que respaldan la acusación más reciente en el caso Plus Ultra, donde se le investiga por un posible cobro de comisiones vinculadas a su influencia en el rescate de la aerolínea.
El reporte menciona a figuras destacadas del Gobierno boliviano entre 2020 y 2025, incluyendo a Arce, tres de sus ministros, el entonces procurador boliviano Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015, Carmen Almendras.
Legisladores bolivianos tanto oficialistas como de la oposición propusieron la creación de una comisión parlamentaria para investigar este supuesto «tráfico de influencias».