El envejecimiento demográfico pone en riesgo la viabilidad del sistema público y abre paso a un modelo que incorporaría automáticamente a los empleados en planes de pensiones de empresa como complemento a la pensión pública
España afronta una de las transformaciones más profundas en su sistema de protección social en varias décadas. El acelerado envejecimiento poblacional, la caída prevista en la proporción de trabajadores por pensionista y el ascenso constante del gasto público en pensiones han situado el debate sobre la jubilación como un tema prioritario en la agenda económica.
En este contexto, gana protagonismo la propuesta de los expertos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), quien ha constatado su efectividad en otros países europeos: la inclusión automática de los trabajadores en unos planes de pensiones de empleo.
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La meta consiste en establecer una segunda fuente de ingresos para la jubilación que complemente las prestaciones públicas y aporte mayor seguridad frente a los desafíos demográficos próximos.
Los datos reflejan la envergadura del reto. Actualmente, en España hay alrededor de 2,1 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, las previsiones indican que esta proporción descenderá a tan solo 1,3 empleados por jubilado hacia 2050. Simultáneamente, el gasto en pensiones, que supuso el 13,1% del PIB en 2024, podría elevarse a un 17,3% en las próximas décadas, según estimaciones europeas.
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Un sistema sometido a presión
El esquema español se sostiene principalmente sobre el llamado Pilar I, es decir, la pensión pública financiada a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores activos. Durante años, este sistema ha garantizado una amplia cobertura social, aunque el cambio demográfico está cuestionando su viabilidad financiera.
Los especialistas de BME opinan que el desafío no implica reemplazar el sistema público, sino complementarlo. En este marco aparece el denominado Pilar II, basado en los planes de pensiones de empleo impulsados por empresas, sectores o convenios colectivos.
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El concepto es claro: mientras el Estado mantiene la garantía de una pensión básica, los trabajadores ahorran un capital adicional a lo largo de su vida laboral para preservar su nivel de ingresos al jubilarse.
Este esquema se completa con un tercer nivel, conocido como Pilar III, que agrupa el ahorro privado voluntario que cada persona puede realizar mediante productos financieros orientados a la jubilación.
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El ahorro automático avanza
La principal innovación que presenta el informe es la introducción progresiva de un mecanismo de inscripción automática o ‘autoenrolment’. En este sistema, los trabajadores se integrarían por defecto en un plan de pensiones de empleo desde su contratación.
Sin embargo, la participación no sería compulsiva. Los empleados mantendrían en todo momento la opción de abandonar el programa mediante un proceso voluntario de exclusión.
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La eficacia de esta fórmula se basa en un fenómeno estudiado por la economía conductual: muchas personas postergan decisiones financieras importantes pese a que les favorecen a largo plazo. Al plantear el ahorro como opción predeterminada, la tasa de participación crece notablemente.
Los expertos de BME subrayan que esto beneficia especialmente a grupos que históricamente presentan menores niveles de ahorro previsional, como los jóvenes, trabajadores con sueldos medios y bajos, o empleados en pequeñas empresas.
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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, sostiene que el salario que perciben los jóvenes es inferior a las pensiones que reciben los jubilados, por lo que ve necesario implementar medidas que disminuyan esta desigualdad.
España, a gran distancia de otros países
La realidad actual de España refleja un amplio margen para mejoras. En 2025, apenas 3,13 millones de trabajadores formaban parte de planes de pensiones de empleo, lo que representa solo el 14,4% de los afiliados a la Seguridad Social.
La diferencia con otras economías desarrolladas es considerable. Los activos gestionados por sistemas complementarios de pensiones en España equivalen al 10,8% del PIB, frente a un promedio del 32% en la Unión Europea.
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La disparidad es aún más notoria al comparar con países que han mantenido sistemas multipilares por décadas. En Dinamarca, los activos de pensiones superan el 206% del PIB. En Islandia alcanzan el 191%, y en Canadá superan el 157%. También destacan Estados Unidos, Países Bajos y Australia, donde el ahorro acumulado para la jubilación excede con creces el tamaño anual de sus economías.
El modelo británico que observa España
Uno de los ejemplos más destacados por los especialistas es el de Reino Unido. En 2012, el Gobierno británico instauró un sistema de inscripción automática destinado a potenciar los planes de pensiones de empresa.
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Los resultados fueron contundentes. La participación de los trabajadores subió del 47% al 82% en solo doce años. Además, el número de empleados afiliados a planes de contribución definida se duplicó, superando los 23 millones de participantes.
El sistema británico combina varios elementos clave para su éxito: inscripción automática, posibilidad de renuncia voluntaria, aportaciones compartidas entre trabajadores y empleadores, aumentos graduales de las contribuciones y vehículos de inversión con bajos costos.
Los analistas indican que España podría adaptar muchos de estos mecanismos a su contexto económico y laboral sin necesidad de cambiar radicalmente el sistema vigente.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que la pensión que reciben los jubilados en España es un 60% superior a lo que han aportado a la Seguridad Social durante su vida laboral.
Más allá de las pensiones
El refuerzo de los planes de empleo tendría impactos que trascienden la jubilación de los trabajadores. Desde un enfoque social, contribuiría a mejorar la denominada tasa de sustitución, esto es, el porcentaje del salario previo que una persona mantiene tras retirarse. También ayudaría a disminuir la dependencia exclusiva de la pensión pública.
Las consecuencias económicas son igualmente importantes. Los fondos acumulados en estos planes suelen invertirse a largo plazo en empresas, infraestructuras, innovación tecnológica y proyectos vinculados a la transición energética.
Este flujo de capital proporciona financiación estable a la economía y estimula el crecimiento empresarial, la creación de empleo y el lanzamiento de nuevas iniciativas productivas.
El rol de la Bolsa y los mercados financieros
Para que este sistema opere adecuadamente, es fundamental contar con mercados financieros sólidos, transparentes y eficientes que canalicen el ahorro hacia inversiones productivas. Los mercados de capitales actúan como intermediarios entre los recursos acumulados por los trabajadores y las necesidades de financiación de empresas e instituciones.
Por ello, los analistas de BME sostienen que el desarrollo de planes de pensiones de empleo y la profundización de los mercados financieros son procesos estrechamente interconectados. Además, la rentabilidad cumple un papel esencial. Según los datos históricos estudiados, la Bolsa española ha ofrecido una rentabilidad media nominal anual cercana al 8,3% durante los últimos 120 años, incluyendo dividendos.
Una vez que se descuenta la inflación, la rentabilidad real se sitúa aproximadamente en el 3% anual. Aunque esta cifra parezca modesta, el efecto del interés compuesto durante varias décadas puede multiplicar considerablemente el ahorro acumulado por un trabajador.