La Fiscalía presentó una denuncia contra la ‘fontanera’ del PSOE, el ex presidente de la Sepi y un conocido de Cerdán
El 9 de diciembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia que dio inicio al caso Sepi. Se detallaban cinco operaciones sospechosas y figuraban 19 denunciados, aunque el foco principal estaba en el trío compuesto por la supuesta fontanera del PSOE Leire Díez, el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario – socio de Santos Cerdán, según los investigadores – Antxon Alonso. Los tres ejercieron «su influencia, logrando decisiones favorables a sus intereses partiendo de diversas administraciones», algo que quedó registrado en su chat Hirurok (que significa ‘nosotros tres’ en euskera). La investigación comenzó a partir del caso Koldo, y especialmente tras revisar el teléfono de Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. Aparte del rescate de Tubos Reunidos, el informe de la UCO destapó estas intervenciones del trío.
MERCASA
Estaban al tanto del interés de esta empresa pública, encargada de los mercados de abastos, de trasladar su sede y aprovecharon la situación. Su estrategia tenía dos objetivos. Por un lado, «conseguir la adjudicación de un contrato público» para inflar artificialmente el presupuesto de las obras de reparación de la sede principal. Dicho «informe falso» serviría para justificar la necesidad del traslado. Por otro lado, actuarían «como intermediarios» en la compra o en el alquiler del nuevo local. Conseguidores del encargo deseado, inflaron el presupuesto de mantenimiento en 700.000 euros sin causa legítima. Mientras tanto, Leire Díaz fue enviada a «explorar la zona» en busca de posibles sedes. Aunque la operación no prosperó, el entramado cobró 18.119,75 euros por el informe. Tenían previsto cobrar una «comisión por gestión, de un 20%» sobre el valor de la operación inmobiliaria.
ENUSA
La fontanera conocía bien esta sociedad pública encargada de la gestión del uranio, ya que había sido su responsable de Comunicación. En esta ocasión, los implicados actuaron como «enlace» para «favorecer a Acciona» en la adquisición de activos para la gestión de residuos de la pública Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Fernández y Antxon intercambiaron el mensaje: «Existen ciertas dificultades en Enusa para vender […] Quizá se podrían superar si Enusa no vendiese la propiedad de las acciones, sino que las usufructuara […] sé que no es la solución ideal, pero con esta fórmula Acciona podría eliminar a otros posibles competidores». Encargaron a un profesor universitario un informe que respaldase esa estrategia. Los pagos se disfrazaron como «servicios profesionales de consultoría estratégica» a través de un despacho externo. Percibieron una cantidad directa de 17.545 euros.
ERRI BERRI
En este caso, la intención de «influir para obtener un beneficio económico» implicaba un contrato para el desmantelamiento de instalaciones en Avilés. El primer movimiento consistió en asesorar a la sociedad Erri Berri sobre «cómo anular el concurso» originalmente ganado por un competidor, para que la empresa «les quedara en deuda». Tras reiniciar la licitación, manejaron «fotografías de documentos internos» en «borrador» antes de su aprobación oficial. La empresa presentó una «oferta anormalmente baja», que los investigados se aseguraron que fuera aceptada. Fernández presumió de que la presidencia del tribunal de recursos estaba «alineada» con ellos. «Conchita ha cumplido», escribió. Los beneficios de 400.000 euros para el entramado se ocultaron bajo el concepto de «trabajos de obra civil relacionados con el mantenimiento de Pamplona».
FORESTALIA
El entramado «actuó en beneficio del grupo Forestalia» de diversas maneras. En primer lugar, facilitó que recibiera financiación pública para desarrollar sus proyectos. «Ya nos han pedido ayuda y estamos impulsando», escribió Vicente Fernández en el chat compartido. El premio esperado eran 200.000 euros. También se registran «múltiples indicios» de la intervención de los tres investigados en favor de Forestalia «en el ámbito de adjudicaciones públicas y a cambio de un beneficio económico». La UCO describe una «operativa societaria difícil de justificar» que consiste en la salida de fondos de Forestalia al entorno de Antxon. Este adquirió unas sociedades por 141.000 euros y poco después, tras obtener ciertas licencias, las revendió a Forestalia por 6,8 millones.
OTRAS SOSPECHAS
La UCO revisó además tres pagos más vinculados al grupo investigado, aunque en estos casos las pruebas no son tan concluyentes. Sin embargo, la UCO precisa que la principal empresa usada por los implicados, Mediaciones Martínez, recibió durante el periodo en análisis ingresos por 1.098.715,05¤.