Al exministro, el PSOE le solicitó entregar el acta de diputado antes de que existiera una investigación formal por las sospechas relacionadas con su exasesor.
La dirección del PSOE exigió a José Luis Ábalos la entrega del acta de diputado y abrió un expediente disciplinario cuando todavía no existía una investigación oficial. Desde la cúpula del partido se consideró motivo suficiente para reclamarle una «responsabilidad política» debido a que el exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, había sido acusado de «aprovechar sus relaciones personales» para recibir comisiones «en efectivo» de una empresa que había obtenido 9,5 millones de euros de beneficio en contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia.
Respecto a esta trama, que comenzó a desenredarse en febrero de 2024, el exmano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en la sala de máquinas de Ferraz al inicio de su mandato ha sido condenado a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. No obstante, a diferencia de aquella ocasión, en el entorno de Pedro Sánchez no consideran justo que se le mida con el mismo criterio de culpa in vigilando aplicado de forma tajante a su exsubalterno.
«Que algunas personas fallen no debería implicar que se pida la dimisión del presidente, eso no es proporcional», argumentan en Moncloa. «Este caso fue muy serio, hemos pedido perdón en varias ocasiones, pero no se puede comparar con Gürtel, la sede del PP financiada en negro o M. Rajoy presuntamente cobrando sobresueldos. No son situaciones equivalentes», añaden.
Sánchez comparece este miércoles en el Congreso a petición propia para aclarar su postura ante las recientes pesquisas judiciales que involucran al PSOE y su círculo cercano, entre ellas la relacionada con la exmilitante Leire Díez —conocida como la fontanera de Ferraz— y la imputación del exdirigente José Luis Rodríguez Zapatero. Además de conocerse esta semana la sentencia contra el exministro de Transportes, está próxima la resolución sobre la adjudicación de un puesto a su hermano en la Diputación de Badajoz, mientras que su esposa, Begoña Gómez, ha sido llevada a juicio por acusaciones de «aprovechar» su condición de primera dama para su actividad profesional.
Desde el equipo del presidente apuntan que desde la tribuna Sánchez defenderá «hechos frente a mentiras y bulos» y acusan al PP de haber solicitado explicaciones «basándose en un escándalo mediático» y en la «desproporción» de indicios que procuran «poner negro sobre blanco». En cuanto a posibles nuevas medidas preventivas, que en principio no se esperan, hasta el mediodía del martes no se había informado de ninguna decisión a su socio de coalición.
Plan contra la corrupción
Sánchez sí dialogó y acordó con Sumar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado durante su intervención en la Cámara Baja en julio del año pasado tras la entrada en prisión de su hasta entonces secretario de Organización en el partido, Santos Cerdán, acusado de recibir mordidas por amaño de contratos públicos. La mayoría de las iniciativas incluidas en ese plan, como la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, están en fase de tramitación, pero aún no se han implementado completamente.
En el Gobierno valoran que sus socios parlamentarios son «contundentes» y «exigentes» ante casos como el que ha resultado en la condena de Ábalos y Koldo García —este último sentenciado a 19 años de prisión—, aunque salvo la petición de Junts de que el presidente se someta a una moción de confianza, antes del fallo conocido esta semana, no han amenazado con forzar el fin anticipado de la legislatura. Solo PP y Vox han reclamado la dimisión del jefe del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones.
En octubre de 2014, durante una intervención cuando la investigación del Gürtel estaba en curso pero faltaban aún cuatro años para que el PP fuera condenado por participación a título lucrativo, Sánchez reprochó a Mariano Rajoy que estaba «asediado por la corrupción», que no se trataba de «una única manzana podrida», y que todos los cargos investigados en su entorno eran responsabilidad suya como máximo dirigente del partido. «El Congreso no es lugar para pedir perdón, sino para ofrecer explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas», le exigió el entonces líder de la oposición a quien ostentaba La Moncloa.
Por el contrario, el propio dirigente socialista indicó ayer que no planea asumir responsabilidad alguna por Ábalos al anunciar este martes «la mayor inversión en dependencia de la democracia»: «A quienes cuestionan por qué este Gobierno sigue adelante a pesar de los obstáculos, les respondo que la solución está aquí».