El Supremo considera que el juicio ha confirmado uno por uno los episodios delictivos detallados en el escrito de acusación del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso Koldo valida todas las imputaciones que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, atribuía a los acusados. Muestra de ello es que los jueces aplican penas prácticamente iguales a las reclamadas por el Ministerio Público. La excepción a ello es Víctor de Aldama: en la conclusión de su informe, el fiscal jefe respaldaba una reducción de sus penas para evitar el ingreso en prisión, aunque no contara con la autorización formal para solicitarlo.
Estos son los hechos que el Alto Tribunal ha considerado acreditados y la interpretación criminal que les otorga:
LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Las sanciones más severas (cinco años y medio para José Luis Ábalos, cinco para Koldo García) corresponden al delito que abarca todo: la pertenencia a una organización criminal formada por los tres acusados cuando Ábalos asumió el Ministerio de Transportes, con Koldo como asesor, y entablaron contacto con el empresario. «Durante el desarrollo de estas relaciones personales, pronto detectaron los acusados la oportunidad de obtener un beneficio económico común. […] Pactaron que, aprovechando el cargo que ocupaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la adjudicación de contratos con la Administración Pública en aquellas ocasiones que surgiera la ocasión, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama».
UN SUELDO FIJO PARA EL MINISTRO. Lo primero fue fijarse un salario. El empresario aceptó abonar 10.000 euros mensuales «para cubrir los gastos fijos de José Luis Ábalos, a los que se sumarían otras cantidades». El cohecho se mantuvo durante 34 meses. Dos de esos pagos se efectuaron desde República Dominicana. Asimismo, Aldama incentivó al ministro con un apartamento en la Castellana de Madrid que Ábalos controló como garantía de recibir las comisiones prometidas.
ESTRENO CON LAS MASCARILLAS. El negocio inicial se produjo con la pandemia, aprovechando la demanda urgente de material sanitario. Los condenados emplearon la «influencia» de Ábalos para que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, obtuviera la adjudicación de dos contratos de suministro de mascarillas de Puertos del Estado y ADIF, dependientes de Transportes.
El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama por el 'caso mascarillas'
El Supremo señala que, sobre una previsión de compra de 60 millones de euros, Ábalos y Koldo exigieron dos millones y medio millón, respectivamente. Aldama consignó estas cifras en sus previsiones de gastos. Los hechos se traducen en el doble delito de cohecho y tráfico de influencias. Se descarta el uso de información privilegiada, dado que era público que el Gobierno buscaba material sanitario.
TRABAJO SIN TRABAJO Y PISO PARA LA NOVIA. En ese momento, Ábalos mantenía una relación sentimental con Jésica Rodríguez. «Aprovechando la posición privilegiada que le confería su cargo ministerial», gestionó que «fuera empleada por alguna empresa pública». Además, «sin que tuviera que realizar, como contraprestación, ninguna tarea laboral». Fue contratada por Ineco y Tragsatec, lo que supuso para Ábalos el delito de tráfico de influencias. Que no acudiera a trabajar nunca, con el consentimiento del ministro, añade el delito de malversación.
A ello se suman las gestiones para que Aldama, además de la mensualidad de 10.000 euros, asumiera «como gasto fijo» el pago de un piso de lujo en el edificio Torre de Madrid donde residía su novia. Por este cohecho se abonaron finalmente 82.295 euros.
UNA AMIGA PERSONAL MÁS, TAMBIÉN COLOCADA. No solo facilitó un puesto y piso a su pareja sentimental. También inició «una relación personal» intensa con una militante socialista que conoció en un mitin en Gijón. A Claudia Montes le buscó igualmente un cargo público en Logirail, dependiente también de Transportes. Cuando ella decidió no acudir a sus responsabilidades laborales, Koldo se encargó de eliminar el expediente disciplinario abierto. Otro caso de tráfico de influencias.
VACACIONES GRATIS POR LA NOTA DE AIR EUROPA. Debido a la crisis causada por la pandemia, al ministro le llegó otra solicitud de Aldama: que Transportes emitiera un comunicado anunciando anticipadamente la aprobación del rescate a Air Europa para tranquilizar a sus acreedores. «Ábalos aceptó la petición y encargó redactar una nota», indica el Supremo. La contraprestación consistió en 10 días gratis en un chalet de Marbella. El Supremo atribuye este cohecho a Aldama, sin vincular directamente a la aerolínea.
CHALÉ NO CONSUMADO PARA ÁBALOS. El Supremo examina también el caso de Villafuel, la sociedad que solicitaba una licencia de hidrocarburos. El tribunal no considera probado el tráfico de influencias para su concesión, principalmente porque Transportes no era la autoridad competente. Sin embargo, durante el juicio se demostró que los responsables de la sociedad adquirieron un chalet destinado para el ministro como pago a sus gestiones. Lo disfrutó un tiempo, hasta que se comprobaron infructuosas dichas gestiones y, además, fue cesado. Este chalet representa un nuevo delito de cohecho.