Desde el Gobierno y el PSOE consideran que la resolución del magistrado respecto a Begoña Gómez confirma que «existen jueces que hacen política».
Una brecha que, al mismo tiempo, se ha transformado en una tabla para aguantar una tormenta en alta mar. La determinación del juez Juan Carlos Peinado de sentar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos e imponerle medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, representa un golpe severo para Pedro Sánchez y para La Moncloa. Sin embargo, también es una oportunidad para reavivar el discurso de que existe una «persecución» contra el presidente y su círculo. Denuncian una «campaña» contra el Gobierno, en la que ciertos jueces ejercen la política desde la toga. Tras esta resolución, los miembros del Ejecutivo y los líderes del PSOE reaccionaron con furia para denunciar el «atropello». Este auto complica el proceso judicial para Gómez, pero en medio de la presión legal por el caso mascarillas o el caso Zapatero, sirve para movilizar a una izquierda debilitada con la consigna del lawfare —la persecución judicial—. «Es inaudito. Un juez acosando a Pedro y su familia y nadie hace nada, nadie se escandaliza. Estamos minando la democracia», afirma un alto cargo del Ejecutivo.
La indignación dentro del Gobierno hacia Peinado y su actuación se mezcla con un «¿no lo ven?». La percepción en el Ejecutivo es que la instrucción de Peinado y la decisión de impedir a Gómez salir del país, junto a un auto que sugiere que sus escoltas podrían colaborar en una posible fuga, confirman su teoría de que hay magistrados involucrados en lo que denominan «que el que pueda, haga». Es decir, al igual que señalan a partidos, pseudosindicatos y medios de comunicación, existen jueces interesados en que el Ejecutivo caiga. «No deja de ser una coincidencia malsana que don Peinado tenga una esposa que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que tenga una hija en la dirección de la señora Ayuso y concejal en un ayuntamiento de Madrid. Seguramente, el señor Peinado está devolviendo favores a la señora Ayuso», sostuvo Diana Morant, ministra de Ciencia.
El cuestionamiento hacia los escoltas de Gómez motivó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitiera ayer una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, expresando la «más enérgica queja» por la «grave falta de respeto hacia la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En el seno del Ejecutivo existe molestia con el Poder Judicial por no haber intervenido para limitar las acciones de Peinado y, en cambio, haber criticado la ley de amnistía sin siquiera haber examinado el texto. «La gran interrogante es por qué la judicatura nacional se mantiene pasiva. Soportamos esta persecución con resignación y estoicismo, incluido el presidente. No obstante, en un país normal, el CGPJ debería haber tomado cartas en el asunto hace tiempo».
Aseguran que desde el principio se ha tratado de «una causa política»
«Queda claro el acoso, la obsesión y la desproporción de un juez que ha desarrollado una instrucción carente de fundamento jurídico y motivada únicamente por razones políticas», sostienen desde La Moncloa. «Atropello sin precedentes»; «ignominia»; «absurdo»; «juicio político escandaloso»; «desfachatez»; «persecución vergonzosa y obsesiva»; «es tosco, pero es la realidad»; «día nefasto para quienes creen en la Justicia»; «campaña de desgaste»; «decisión injustificable»; «todos tenemos claro lo que está sucediendo»; «enorme despropósito»; «en estas batallas políticas que erosionan el Estado de Derecho, todos perdemos»; «decisión desmedida y desproporcionada, propia de un juicio político más que de un proceso justo»… Todos los ministros del PSOE y figuras destacadas respondieron fervientemente en defensa de Gómez y contra Peinado. De hecho, se organizó una campaña en redes sociales bajo el lema «Yo con Begoña».
Consideran que esta «persecución» actúa como un factor de unión para los suyos
Desde el círculo cercano de Sánchez creen que Peinado ha dado un paso más en «una persecución injustificada contra una persona inocente». Sostienen que lo que ha hecho es emplear a Gómez «como instrumento político contra el presidente del Gobierno. Una persecución que ha provocado un daño irreparable a Begoña, pero que también ha menoscabado la imagen de la Justicia y la democracia». Los ministros no albergan dudas respecto a lo que consideran un ejemplo claro de lawfare: «Demuestra fundamentalmente que desde el inicio su causa ha sido una causa política».
En un momento en que el ánimo del PSOE está bajo, existen dudas internas sobre cómo abordar la investigación relacionada con Zapatero, se aproxima la condena al exministro José Luis Ábalos por corrupción y el caso Leire se encuentra en auge, decisiones como las de Peinado consideran tanto el PSOE como el Gobierno que actúan como un pegamento para su base. Es un llamado a la unidad porque «van contra nosotros». Un allegado a Sánchez lo compara con el ejemplo de un abusador en el patio del colegio que inicialmente algunos ignoran o incluso les parece divertido, pero finalmente provoca un cierre de filas con las víctimas. Ellos se ven como víctimas y creen que Peinado consigue unir fuerzas, incluso entre los más críticos. Hasta Emiliano García-Page, la voz más crítica, ha censurado algunas decisiones del juez.