El partido de Yolanda Díaz acusa al supervisor de incumplir una sentencia del Supremo sobre los beneficios obtenidos por los bancos gracias a los depósitos colocados en el BCE
El conflicto entre Sumar y el Banco de España ha alcanzado una nueva fase. Este martes, el portavoz de Economía del grupo parlamentario en el Congreso, Carlos Martín, amenazó con llevar al organismo ante la Audiencia Nacional si no cumple con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a entregar información sobre los beneficios obtenidos por las entidades bancarias a través de los depósitos depositados en el Banco Central Europeo (BCE).
La alerta se emitió durante la intervención en la Comisión de Economía del Congreso del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien presentó el informe anual correspondiente a 2025.
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El origen de la controversia está en una solicitud de información formulada por Sumar cuando Pablo Hernández de Cos presidía el organismo. El grupo parlamentario pidió conocer los ingresos que los bancos obtienen gracias a las facilidades de depósito del BCE, al interpretar que las entidades están logrando ganancias considerables solo por mantener allí sus fondos.
Sumar acusa al Banco de España de incumplir el Supremo
Aunque en un primer momento el Banco de España se negó a revelar esos datos, el Tribunal Supremo falló a favor de Sumar y ordenó a la entidad proporcionar la información solicitada.
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Aun así, Carlos Martín señaló que el organismo intenta encontrar maneras para eludir una entrega efectiva de la documentación. Según precisó, el Banco de España propone que los diputados consulten los datos en una sala habilitada en su sede, en lugar de enviar el documento requerido.
“Esto no constituye cumplir la sentencia, sino sustituir la entrega que establece el Supremo por una exhibición controlada”, afirmó Martín, quien avisó que si esta situación persiste, Sumar interpondrá una demanda por incumplimiento de sentencia ante la Audiencia Nacional.
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El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, negó que exista actualmente una burbuja inmobiliaria en relación con los precios, aunque anticipó que el organismo cuenta con las herramientas para intervenir si fuera necesario. (Europa Press)
Más de 20.000 millones en España
El portavoz económico de Sumar defendió que conocer esta información es esencial para valorar cómo ciertas políticas monetarias y financieras afectan la economía real.
Asimismo, recordó la magnitud del volumen involucrado. Según comentó, desde 2023 las facilidades de depósito del BCE han transferido un total de 332.000 millones de euros a las entidades financieras de la eurozona.
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En el caso particular de España, Martín estimó que los bancos han obtenido 20.300 millones de euros en beneficios gracias a este mecanismo, cifra que considera de gran interés público y que justifica una demanda de máxima transparencia.
Escrivá defiende la confidencialidad de los datos
En su intervención inicial, José Luis Escrivá evitó abordar la polémica. Sin embargo, tras la insistencia del diputado de Sumar, el gobernador respondió defendiendo la actuación del Banco de España.
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Escrivá aseguró que la institución está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo y que la información solicitada estará disponible para los representantes públicos. No obstante, puntualizó que debe hacerse bajo estrictos protocolos de confidencialidad dados los datos sensibles de carácter empresarial.
Explicó que el procedimiento establecido es similar al usado en las comisiones parlamentarias cuando se consulta documentación reservada, garantizando de este modo la protección de información calificada como “absolutamente sensible”.
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Un nuevo choque por la transparencia
El gobernador también pidió a los diputados un uso “responsable” de la facultad para acceder a la información individualizada de las empresas.
“Invitamos a cualquier diputado interesado en obtener esta información a hacerlo. La tendrá a su disposición, ya sea en una hoja en su despacho o consultándola en el Banco de España bajo condiciones de máxima seguridad”, señaló Escrivá.
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A pesar de estas aclaraciones, el enfrentamiento entre ambas partes continúa. Mientras Sumar afirma que la sentencia exige la entrega directa de los datos, el Banco de España sostiene que el acceso supervisado cumple con el mandato judicial. Esta discrepancia podría ser resuelta mediante decisiones judiciales.