La trama presumía de emplear la influencia del PSOE en las investigaciones parlamentarias para fortalecer sus ataques contra fiscales y la UCO.
Entre julio y octubre de 2024, la operativa del PSOE Leire Díez estaba contratada por la consultora Zaño, vinculada al ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. En ese periodo, recibió cuatro mensualidades netas de 4.000 euros cada una, con un coste laboral bruto para la empresa de 7.500 euros, equivalente a la cifra facturada por Zaño al PSOE durante ese tiempo. Además, Ferraz sufragó sus desplazamientos para intentar bloquear investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El mismo mes de julio (los días 15 y 22), bajo orden de Santos Cerdán, Díez mantuvo encuentros con el ex secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Rajoy, Francisco Martínez, a quien le propuso «un acuerdo con Fiscalía» a cambio de «colaboración». Cuando Martínez preguntó sobre el uso que harían de la información que pudiera facilitar, Leire respondió que sus investigaciones estaban alineadas con la estrategia del PSOE en la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña: «Está dentro de las comisiones de investigación».
Al que fuera el número dos del ministro del Interior Jorge Fernández, la mera existencia de la comisión parlamentaria le pareció insuficiente para una red de espionaje, respondiendo: «Imagino que deben contar con alguna herramienta más efectiva que esas comisiones de investigación». «Tenemos todo lo necesario, ¿vale?», replicó la operativa.
Un examen detallado de la cronología del caso revela un paralelismo entre muchas de las acciones emprendidas por Leire y los pasos seguidos por dicha comisión parlamentaria, evidenciando que avanzan sincronizadamente y con el objetivo de neutralizar a ciertos fiscales.
Ocho días posteriores a la segunda reunión entre Díez y Martínez, se registra la primera reunión – detectada por la UCO – con el comisario Villarejo, facilitada por Sandro Rosell. Antes de esto, Díez acudió a Ferraz para almorzar con Cerdán y, al día siguiente, regresó para reunirse nuevamente con el entonces secretario de Organización. Esa semana, el 3 de agosto, la operativa volvió a encontrar al comisario Villarejo en un viaje a Madrid financiado por el PSOE. Informó de esta cita a Juanma Serrano, ex director de Gabinete de Sánchez y luego presidente de Correos, empresa donde también trabajó Díez.
Los socialistas cambiaron al portavoz por uno próximo a Cerdán
A finales de agosto, el día 26, Díez entregó a Villarejo un documento titulado LD Planteamientos, en el que se indica que, tras haber mostrado una «muestra del contenido del archivo», el resto de la base documental relacionada con «ciertos objetivos de interés» se proporcionaría una vez se evidenciaran «cambios en la situación procesal». Entre esos objetivos figuraban Manuel Marchena (magistrado del Tribunal Supremo), la operación Cataluña, la «persecución a Pedro Sánchez» y «fiscales, especialmente Grinda».
El fiscal anticorrupción José Grinda es reconocido por impulsar causas clave relacionadas con la corrupción en Cataluña, como el caso 3% y las investigaciones sobre cargos de Junts. La red de espionaje lo señala porque lo vincula con la supuesta persecución a políticos independentistas en el último Gobierno del PP.
Menos de una semana después, el 4 de septiembre, Leire Díez mantuvo una conversación con la periodista Patricia López (Crónica Libre), en la cual confesó: «Me urge mucho enfrentarnos a Grinda».
El 10 de octubre inició una serie de contactos con Nervis Villalobos, ex viceministro venezolano, para coordinar una reunión entre una mujer de Jaén, presuntamente víctima de una agresión sexual por parte del fiscal Grinda, y Santos Cerdán.
El nuevo portavoz arremetió con fuerza contra el fiscal Grinda, quien era el objetivo principal de la trama
El 15 de octubre de 2024, el ex secretario de Estado Francisco Martínez compareció en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña. Participó David Serrada en representación del Grupo Socialista. Pocos días después, el PSOE y sus aliados aprobaron una extensión de un año para los trabajos de dicha comisión, al tiempo que dejaron sin continuidad la que investigaba el espionaje mediante Pegasus.
El 25 de ese mes se celebró una reunión en Ferraz entre la presunta víctima del fiscal Grinda y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez.
Simultáneamente, Serrada fue destituido como portavoz del PSOE en la comisión de investigación, y la portavocía fue asumida por Manuel Arribas Maroto, diputado por Ávila y considerado cercano a Santos Cerdán.
Arribas arremetió contra Grinda durante su turno de interrogatorio a Marcelino Martín-Blas, quien fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y 2015. «¿Está al corriente de que el fiscal Grinda también se encargó de causas como el 3%, Aguas de Girona, Drago, la causa del Pujol que terminó archivándose, y CDC, en resumen, de casi todas las operaciones relacionadas con la operación Cataluña?», le preguntó.
El nuevo portavoz fue directo en su ofensiva contra el agente de Policía Nacional con número 111.129, quien acompañó al fiscal Grinda a Andorra el 24 de marzo de 2015 para obtener datos bancarios del Banco de Madrid (filial de la Banca Andorrana) y también fue acusado por Sandro Rosell (quien conectó a Leire con Villarejo) de haber confeccionado un informe con datos falsos sobre él. Asimismo, por solicitud de Grinda, entregó una citación de la Fiscalía al ex viceministro venezolano de Energía Nervis Villalobos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, aunque Villalobos negó tener 50 millones de euros en el Banco de Madrid, contrario a la información de la UDEF, que señalaba dicha cifra.
«Tenemos todo lo que hay que tener», presumía la ‘operativa’
El portavoz del PSOE se dirigió sin rodeos al comisario honorario Martín-Blas: «Nos ha proporcionado una denuncia en la que relata cómo ocurrió la detención ilegal del señor Nervis Villalobos en una instrucción que me gustaría discutir con usted. Hemos verificado en la documentación que el policía instructor, cuyo informe fue calificado por la Audiencia Nacional como carente de indicios delictivos, es el número 111.129, el mismo que se apoderó de todas las cuentas de la Banca Privada de Andorra y del Banco Madrid. ¿Tenía conocimiento de ello?».
Martín-Blas respondió con evasivas, afirmando desconocer el caso y limitándose a proporcionar la información a la que tuvo acceso. Sin embargo, entregó a la comisión documentación cuyos metadatos indican como autor a «Javier Pérez», información publicada por El Confidencial. Esto coincide con Javier Pérez Dolset, socio de Leire Díez (quien mantuvo una decena de contactos con este comisario). Dicha documentación también fue manejada por Díez y Dolset.
El portavoz próximo a Cerdán señaló a Bonifacio Díez Sevillano, uno de los policías implicados en la operación Kitchen. «Hemos investigado y parece que este señor colaboró con el fiscal Grinda en dos causas con problemas muy similares».
Además, insistió en otra información aportada por Martín-Blas referente al fiscal Grinda: «También presentó una serie de grabaciones en las que se escucha a Grinda advertir que el Grupo Planeta había manipulado una investigación policial a través del comisario André Vega». Martín-Blas replicó: «Estas grabaciones me han sido entregadas, las he remitido y ustedes decidirán qué hacer, pero yo no tengo conocimiento sobre ello».
Arribas insistió: «¿No puede usted, tras más de 40 años en la policía, deducir a qué causa se refieren el señor Grinda y el Grupo Planeta?». Sin embargo, Martín-Blas se limitó a responder: «No, quizás es que ya estoy cansado.»