El periodo habitual entre la emisión del auto de apertura del juicio oral y la celebración del mismo es de seis meses, aunque la proximidad del verano podría ocasionar un retraso en este cálculo.
El juez Peinado ha concluido su labor en la pieza principal del caso Begoña y ha decidido remitirla a la Audiencia de Madrid, encargada de celebrar el juicio con jurado. Los plazos usuales de este tribunal indican que el juicio a Begoña Gómez podría realizarse antes de las elecciones generales previstas para julio de 2027. Según fuentes judiciales familiarizadas con procesos similares, el juicio podría celebrarse en la próxima primavera, dado que los juicios con jurado suelen desarrollarse más rápido que aquellos ante tribunales profesionales.
Generalmente, el intervalo desde la emisión del auto de apertura del juicio oral hasta la fecha del juicio es de seis meses, aunque la cercanía al verano puede causar demoras en dicho plazo. Además, la espera podría prolongarse si el magistrado asignado para presidir el juicio —aún no designado— tiene una carga de trabajo superior a la habitual. La fecha exacta se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado responsable del jurado.
En el Tribunal Supremo y en el Constitucional es común considerar el contexto político al planificar el calendario en casos sensibles políticamente. De este modo, fuentes de la Audiencia consideran justificado que el periodo electoral sea un factor en la fijación de la fecha del juicio.
Todo dependerá de la resolución que adopte la Sección 23 de la Audiencia de Madrid respecto a los recursos que solicitan el archivo inmediato del procedimiento. Esta sección se está tomando alrededor de tres meses para emitir un pronunciamiento sobre el caso Begoña. Se prevé que los recursos se resuelvan antes del receso estival.
El calendario de Peinado también está condicionado por su próxima jubilación, prevista para septiembre. Tras dictar el auto ayer, tenía intención de finalizar el caso Begoña. No obstante, esta semana ha debido abrir una pieza separada para investigar una adjudicación de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés. Esto ocurrió tras recibir un escrito de la Fiscalía Europea, que encontró indicios de prevaricación y fraude contra la Unión. Se aportó un reciente informe de la UCO que detectó maniobras dentro de la sociedad pública para favorecer a la empresa vinculada a Begoña Gómez, ocultando que incumplía un requisito contractual.
Según la Ley del Jurado, una vez emitido el auto de apertura del juicio oral, el juez remite a la Audiencia de Madrid varios documentos, entre ellos el escrito de la acusación popular, que solicita una condena de 24 años para la esposa del presidente del Gobierno. Para su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, se pide una pena de 22 años, y para el empresario Juan Carlos Barrabés, seis años.
También se envía el auto a la Fiscalía de Madrid para que vuelva a decidir si presenta acusación, aunque no lo hará. Desde que inició el procedimiento, esta Fiscalía ha solicitado el archivo de las diligencias.
La Audiencia de Madrid deberá además determinar si, en caso de juicio, este se celebra ante un jurado o frente a un tribunal profesional. Dos de los delitos imputados —tráfico de influencias y malversación— corresponden al jurado, pero los otros dos no. Por la conexión entre los hechos y para agilizar el proceso, Peinado confirmó ayer su decisión de que todo se resuelva en un único juicio con jurado.