Las claves
Por primera vez, tanto el Congreso como el Senado han rechazado el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General del Estado de 2024, debido al uso de fondos europeos para financiar pensiones.
La controversia se centra en la desviación de 2.389 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, sin contar con control parlamentario ni presupuestos validados.
Esta decisión tomada por las Cortes eleva el conflicto institucional y podría forzar al Tribunal de Cuentas a emitir un nuevo informe en un plazo de tres meses, conforme al reglamento parlamentario.
Este asunto ha generado preocupación en la Comisión Europea y en países como Alemania y Países Bajos, que advierten sobre el peligro de emplear fondos excepcionales de la UE para financiar gastos estructurales nacionales.
El Congreso y el Senado iniciaron este martes un enfrentamiento sin precedentes con el Tribunal de Cuentas. Por primera vez en democracia, las Cortes tiene previsto rechazar la Declaración relativa a la Cuenta General del Estado de 2024, por el aprovechamiento de fondos europeos de recuperación para cubrir pensiones.
La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dejado sin efecto el informe que validaba las cuentas de dicho ejercicio. Esto se debe a la desviación de 2.389 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hacia las clases pasivas y los complementos de pensiones mínimas, durante una prórroga presupuestaria.
Fuentes del PP explican que «el rechazo del dictamen se basa en el desvío de partidas, sin Presupuestos ni supervisión parlamentaria que lo impidiera, como ocurre con las pensiones».
La resolución adoptada en comisión no termina con el conflicto institucional, sino que la eleva a un nivel superior: la decisión del Pleno de ambas Cámaras. El dictamen aprobado este martes será sometido ahora a votación en el Senado y en el Congreso.
En la Cámara Alta, el resultado está prácticamente asegurado: la mayoría absoluta del PP garantiza que el rechazo al informe del Tribunal prospere. En el Congreso, la situación es menos clara.
El desenlace dependerá en buena medida de la postura de los aliados habituales de Pedro Sánchez, sobre todo Junts y PNV, que han solicitado al presidente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, aunque por el momento solo de manera verbal.
Si esos socios mantienen la presión y se suman al rechazo del informe, el Pleno del Congreso podría alinearse con el Senado y devolver la Cuenta General de 2024 al Tribunal de Cuentas.
Alarma en la UE
No se trata únicamente de un conflicto político interno de España. La controversia ha alcanzado las capitales europeas. En la Comisión Europea y en gobiernos relevantes como los de Países Bajos y Alemania, el caso español se interpreta como una advertencia sobre el riesgo que supone usar instrumentos excepcionales de la UE para cubrir gastos ordinarios.
Tanto Berlín como La Haya han mostrado su preocupación ante la utilización de miles de millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La aplicación en España de créditos vinculados a los Fondos Next Generation para el pago de pensiones ha reactivado la desconfianza de los denominados países frugales frente a la deuda común europea.
Además, esta polémica ha reforzado las críticas a que la cuarta economía de la eurozona mantiene una debilidad presupuestaria continuada a lo largo de toda una legislatura.
Desde 2022, España no ha aprobado nuevos presupuestos públicos y ha acumulado prórrogas, lo que contribuye a la percepción de que recurre a fondos europeos para sufragar gastos estructurales sin respaldo de un presupuesto nacional propio.
El informe
En este contexto, el Tribunal de Cuentas certificó en su informe de la Cuenta General del Estado 2024 una situación políticamente delicada. El órgano fiscalizador describía el uso de créditos sobrantes vinculados al MRR para financiar compromisos «inevitables», tales como pensiones pasivas y complementos a mínimos.
El Gobierno justificó esa operación como «un ajuste de tesorería» conforme a la legalidad comunitaria. Por su parte, la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, aclaró luego que el informe no acusaba de «fraude ni desvío irregular» de fondos europeos, aunque la controversia ya había entrado en el debate político.
La Comisión Europea ha reiterado que los pagos a España han sido autorizados, si bien el único control de Bruselas consiste en verificar los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
Al mismo tiempo, varios eurodiputados del eje Berlín-La Haya han señalado este caso como argumento para impulsar «normas más estrictas» en futuros instrumentos de deuda común.
«Incumplimiento constitucional»
En la resolución adoptada por la Comisión Mixta, el PP va más allá de los fondos europeos. Critica «especialmente la ausencia de Presupuestos durante estos años y el incumplimiento y la falta de observancia de la Constitución por parte del Gobierno».
Los populares se amparan en la Ley del Tribunal de Cuentas, que obliga al órgano a controlar también la «observancia de la Constitución» por el Ejecutivo, conforme al artículo 13.a.
Además, consideran que el Gobierno ha infringido el artículo 134.3 de la Carta Magna al no presentar proyectos de Presupuestos en los últimos ejercicios.
El PP agrega que se ha incumplido también el artículo 135.3 de la Constitución, que establece que el Estado y las Comunidades Autónomas deben estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer créditos, requisito que consideran ignorado «en los últimos años».
Plazo de tres meses
Por «las consecuencias y responsabilidades» derivadas de esos incumplimientos, la resolución insta al Tribunal de Cuentas a presentar una nueva Cuenta General en un plazo «improrrogable e inexcusable» de tres meses.
Se trata de una demanda directa al órgano fiscalizador para que rehaga su análisis del ejercicio 2024. Si las Cortes Generales finalmente acuerdan no aprobar el Informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, el Tribunal estará obligado por el Reglamento parlamentario a elaborar un nuevo informe.
Este escenario abriría una etapa inédita de tensión entre el poder legislativo y el principal órgano de control externo de las cuentas públicas. Además, consolidaría el caso español como uno de los focos de conflicto en la UE acerca de cómo se emplean los fondos de recuperación y quién asume la responsabilidad cuando se traspasa la línea entre inversión extraordinaria y gasto social recurrente.