El Senado señala interferencias gubernamentales y déficit de personal en la CIAF tras el accidente de Adamuz

El tren Iryo accidentado en el accidente mortal de Adamuz. Las claves

La comisión del Senado pone de manifiesto presiones gubernamentales y déficit de personal en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras el incidente de Adamuz.

El PP reclama al Ejecutivo aclaraciones sobre la insuficiencia de investigadores en la CIAF y si han sido desatendidas las solicitudes para reforzar la indagación del siniestro.

La CIAF ha denunciado que el Gobierno emplea su influencia política y mediática para poner en duda su autonomía y eficacia investigadora.

El informe preliminar señala la fractura de la vía y la soldadura del carril como causa principal del accidente, mientras que el Gobierno sostiene que se respetaron los protocolos de mantenimiento.

La comisión de investigación del Senado dedicada a Adamuz ha respaldado las quejas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la carencia de recursos y las presiones gubernamentales.

Además de las sesiones y los intercambios de solicitudes políticas, se suma ahora una ofensiva después de las críticas del presidente de la comisión, Francisco Bernabé, debido a la escasa colaboración del Gobierno para facilitar la información solicitada.

El PP ha presentado una serie de preguntas que transforman en herramienta parlamentaria las cartas enviadas por la CIAF a la autoridad europea. En estas, la CIAF advertía que con el equipo actual resulta complicado cerrar la investigación sobre la tragedia de forma puntual y detallada.

Los senadores del PP exigen que el Ejecutivo confirme por escrito si estaba al tanto de estas comunicaciones y si desatendió las solicitudes de refuerzo. De esta forma, el Senado se alinea con la inquietud del órgano técnico que examina el peor accidente de alta velocidad en España.

Recursos humanos

El núcleo del cuestionamiento se centra en la dotación de personal. La carta firmada por Alicia García, a la que tuvo acceso este medio, pregunta si es cierto que «la CIAF dispone únicamente de seis investigadores, dos incorporados este mismo año», a pesar del elevado volumen de trabajo.

El PP demanda saber si estos seis técnicos están simultáneamente involucrados en el caso Adamuz y en otras siete investigaciones abiertas, tres con gravedad significativa. Confirmarse esta denuncia de la CIAF evidenciaría que el sanchismo primero ignora a los expertos y, tras una tragedia, intenta encubrirla, según señala García.

Otra serie de preguntas apunta directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente: «¿Ha solicitado la CIAF en al menos dos ocasiones más recurso humano cualificado desde el accidente y sigue sin recibir respuesta, como indican las cartas enviadas a la autoridad europea?»

Las preguntas incluyen además el aspecto más sensible de esas comunicaciones. La CIAF habría advertido a Bruselas que el Ejecutivo se sirve del «poder político y mediático» para poner en entredicho su independencia y capacidades, citando antecedentes.

Conflictos con Puente

El marco de esta disputa ha sido una serie prolongada de tensiones entre la CIAF y el Gobierno. Desde el principio, los análisis y declaraciones técnicas apuntaban a la vía y a la soldadura del carril como razón del siniestro, señalando hacia Adif y al Ministerio correspondiente.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anuncia el plan de trabajo de la comisión sobre la crisis ferroviaria.

EL ESPAÑOL ha revelado que el órgano investigador coincidía con la Guardia Civil respecto a la fractura del rail, mientras Puente pedía «prudencia». Al mismo tiempo, aumentaban las críticas por la falta de autonomía de una comisión dependiente del ministerio que debe supervisar.

El Gobierno intentó limitar el impacto político mientras la pesquisa avanzaba con lentitud. La creación de una nueva Autoridad de Investigación de Accidentes dejó a la CIAF en un estado de incertidumbre institucional, consciente de que podría no ser responsable de concluir el caso Adamuz.

A esto se sumaron los conflictos públicos entre el ministro y el presidente de la CIAF. Puente llegó a criticar sus declaraciones sobre la soldadura y el estado de la infraestructura, generando la impresión de que el poder político dificultaba el trabajo técnico con conclusiones incómodas.

Nuevas preguntas

En el Senado, la comisión que investiga el estado de la red ferroviaria en España mantiene la disputa entre versión política y análisis técnico. El PP usa su mayoría para convertir la seguridad vial en un examen exhaustivo a la gestión del Gobierno.

Durante las comparecencias de la CIAF y Adif se vivieron momentos decisivos. El presidente de la comisión calificó Adamuz como un accidente fortuito con un componente de mala suerte, pero mantuvo la rotura de vía como hipótesis principal, apuntó a Adif como responsable y excluyó fallos de los operadores.

En paralelo, el Gobierno insiste en que la línea cumplía con todos los protocolos de mantenimiento vigentes. Puente y Sánchez han defendido la rapidez en la respuesta y han solicitado no alterar la investigación técnica ni judicial, pese a la presión política creciente.

En este contexto se entienden las nuevas preguntas del PP. Los populares demandan que el Gobierno explique por qué no ha reforzado el equipo investigador si la CIAF reconoce que sin ello no podrá concluir el informe de Adamuz en un año.

Estas preguntas obligan al Gobierno a posicionarse sobre hechos puntuales. El texto registrado va más allá de una mera crítica de gestión y pregunta si el Ejecutivo puede garantizar que ningún integrante del Gobierno ha presionado a la CIAF para influir en el resultado de la indagación.

Alicia García sitúa esta ofensiva dentro de un patrón que, según ella, se repite en todas las crisis: «Así ocurrió con la pandemia, con el apagón y también en Adamuz», acusando a Sánchez de ignorar advertencias técnicas hasta que acontecen tragedias.

La portavoz del PP subraya que es ahora la propia comisión la que denuncia falta de información y transparencia. «Lanzamos una ofensiva para esclarecer a quién protegen y por qué ocultan información», concluye, vinculando Adamuz con otros casos relacionados con corrupción y manejo del Ejecutivo.

Los populares buscan convertir estas preguntas en un compromiso político adicional con las víctimas. «Aunque la corrupción del sanchismo sea sumamente grave, nunca olvidaremos lo ocurrido en Adamuz», advierte García, asegurando que «no permitirán que las víctimas queden en el olvido».

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