La presidenta de la Junta revela que el 79% de los controles realizados hasta ahora a los inmigrantes confirmaron que eran adultos
La estabilidad del gobierno de coalición entre PP y Vox en estos primeros meses de la nueva legislatura en Extremadura se evidenció este jueves durante el pleno del parlamento regional. Dicha estabilidad se midió en torno a un tema polémico: el tratamiento de los menores inmigrantes que llegan a la comunidad autónoma. La semana anterior, el vicepresidente segundo de la Junta, Óscar Fernández Calle (Vox), anunció que la Junta de Extremadura solicitaría a la Fiscalía de Menores la ampliación de los controles de edad para las personas que llegan a la región. Esta medida estaba incluida en el acuerdo de gobierno firmado entre ambos partidos en abril, tras las elecciones anticipadas de finales del año anterior.
Durante la sesión, y frente a las preguntas de la líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, quien calificó la medida de «racista», María Guardiola defendió la realización de pruebas de edad a menores inmigrantes no acompañados: «La verdadera protección depende de algo muy simple, que ninguna plaza destinada a un niño sea ocupada por alguien que no lo es», afirmó.
La presidenta de la Junta sostuvo que la gestión en la acogida de estos menores «seguirá siendo rigurosa», apoyando y compartiendo la declaración previa de su vicepresidente, Óscar Fernández, siempre bajo «el estricto cumplimiento de la ley», según sus palabras.
En su intervención, María Guardiola señaló que las pruebas de edad no son una novedad y «se han venido realizando siempre que ha existido alguna duda sobre la condición de menor y siempre con autorización de la Fiscalía». Así, aclaró que esta medida busca verificar los requisitos que toda administración pide para otorgar ayudas o permitir acceso a recursos públicos. «Eso es lo que este Gobierno ha hecho y continuará haciendo». En este contexto, reveló que de las 329 pruebas de edad efectuadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES), el 79% confirmó que los sujetos tenían más de 18 años, es decir, 260 mayores intentaban acceder a recursos destinados a menores.
Por su parte, Irene de Miguel acusó a Guardiola de «haber adoptado el discurso ultra» y de hacerlo «con una miseria partidista indeclinable», señalándola por haber afirmado que con 104 menores migrantes acogidos en Extremadura «el sistema está al límite». Esto, según de Miguel, es una «auténtica sinvergüencería» y contradice completamente el mensaje lanzado hace unos días durante la visita del Papa León XIV a España, cuando afirmó que «la dignidad humana no tiene pasaporte». De Miguel acusó al Ejecutivo de desmontar la cooperación al desarrollo, dejar sin vivienda a 200 familias, eliminar clases de árabe en Talayuela, «criminalizar sin justa causa» a los menores migrantes y actuar con «miseria partidista indeclinable».
Comparó la situación actual, con 104 menores en el sistema, con la acogida de más de 800 refugiados ucranianos hace cinco años: «¿Cómo pueden afirmar que el sistema está al límite? ¿Entonces qué clase de sistema tenemos?». Finalizó acusando al Gobierno de «racista» y de asumir el discurso de «la ultraderecha».
Además, la líder de Podemos Extremadura responsabilizó al gobierno de coalición de desmontar el sistema de cooperación al desarrollo, de dejar sin vivienda a 200 familias tras una drástica reducción del presupuesto de casi 11 millones de euros a 2,7 millones, y de eliminar las clases de árabe y cultura marroquí que se impartían desde hace más de veinte años en Talayuela (Cáceres), con el objetivo, denunció, de «criminalizar sin motivo» a los menores migrantes y actuar con «miseria partidista indeclinable».
Un centenar de menores en el sistema
Recordó la comparación entre los 104 menores en el sistema actual y los más de 800 refugiados ucranianos recibidos hace cinco años: «¿Cómo sostienen que el sistema está al límite? ¿Qué clase de sistema es entonces?». Culminó señalando que el Gobierno asume un discurso «racista» y el de «la ultraderecha».
La presidenta de la Junta criticó a De Miguel por aprovechar partidistamente el tema: «Utiliza la vulnerabilidad como combustible para su demagogia». Cerró con un ataque frontal: «Ella es una populista de manual. Nosotros gobernamos; ella permanece allí, siendo esa casta que tanto dice despreciar».
PP y Vox prevén aprobar a finales de julio el primer presupuesto regional de esta legislatura, tras dos años consecutivos sin alcanzar un acuerdo.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, informó además en una rueda de prensa que desde 2023, un total de 73 personas inicialmente consideradas mayores de edad al entrar en España, posteriormente fueron incorporadas al sistema de protección de menores tras declarar ser menores. Según el líder de Vox en Extremadura, esto ha generado un gasto aproximado de cuatro millones de euros para las arcas públicas de la región.
Fernández Calle explicó que esta directriz ya está en vigor y que la Junta ha solicitado a la Fiscalía la realización de estas pruebas en cinco expedientes. Si los resultados confirman que la persona es mayor de edad, será excluida del sistema autonómico de protección de menores, al no cumplir con los requisitos legales para permanecer en dicho sistema.
La Junta también revisará cada nuevo expediente derivado por el Gobierno central, de modo que los servicios jurídicos de la Consejería interpondrán los recursos administrativos y contencioso-administrativos que consideren necesarios cuando entiendan que las derivaciones no respetan el marco legal o ponen en riesgo la capacidad del sistema extremeño de protección de menores.