Las víctimas eran trasladadas de forma frecuente entre diversos pisos situados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife.
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas en Madrid y Tenerife, tras la detención de 17 personas en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo y la identificación de 14 víctimas.
Según informó el Cuerpo en un comunicado, la organización obligaba a las mujeres a saldar deudas de entre 7.000 y 9.000 euros mediante la prostitución en «pisos prostíbulos» ubicados en Madrid, Tenerife y otras provincias.
Las investigaciones comenzaron en agosto de 2025, tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, quienes alertaron sobre la existencia de varias mujeres venezolanas explotadas sexualmente en Tenerife. Conforme avanzó la pesquisa, se localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en diferentes municipios de la capital, lo que permitió aclarar la estructura y operación de la red.
En la fase inicial de la operación, en marzo de 2026, los agentes liberaron a tres víctimas y arrestaron a tres integrantes de la red, incluyendo a algunos de sus principales líderes. Como resultado de esta etapa, en mayo fueron detenidos otros dos miembros de la organización.
En fases posteriores de la investigación se consiguió identificar a más víctimas y confirmar la presencia de un entramado criminal compuesto por al menos once integrantes, respaldado por colaboradores que proveían viviendas destinadas a la explotación sexual.
Las víctimas eran transportadas de forma habitual entre distintos pisos localizados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife; esta práctica servía para mantener el control sobre ellas y optimizar las ganancias obtenidas.
Multas y préstamos en «condiciones abusivas»
El Cuerpo detectó que la organización reclutaba a mujeres venezolanas en situación económica precaria mediante falsas promesas y facilitando su llegada a España bajo supuestos motivos turísticos. Ya en territorio nacional, eran trasladadas a los diferentes pisos para ejercer la prostitución bajo el argumento de que debían saldar deudas, situadas entre 7.000 y 9.000 euros, que se habían generado para su traslado a España.
Los investigados controlaban las cuentas bancarias de las mujeres, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, establecían las tarifas y administraban los ingresos de las mujeres «sometidas a estrictas condiciones de control» y que debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días del año.
Las víctimas estaban obligadas a mantener relaciones sexuales durante la menstruación, sin usar preservativo y sin posibilidad de negarse a clientes o a cualquier tipo de práctica sexual. Además, tenían que vivir en los pisos prostíbulos, de donde no podían salir solas y donde se encontraban vigiladas mediante cámaras instaladas en los locales.
Para prolongar esta situación el mayor tiempo posible, la organización imponía multas arbitrarias y ofrecía préstamos en «condiciones abusivas», generando con ello nuevas deudas constantemente. Igualmente, impedían que abandonasen la red confiscándoles la documentación personal y amenazando tanto a las víctimas como a sus familiares con pertenecer al grupo armado Tren de Aragua.
Como resultado, la operación culminó con la detención de 17 personas — doce en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y una en Toledo — y la identificación de 14 víctimas, además de 12 posibles afectadas, de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Asimismo, el operativo policial intervino 800 euros, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil, una «abundante» documentación relacionada con los hechos y bloqueó 14 activos financieros que la organización utilizaba para gestionar los beneficios de la red.
Actualmente, tres detenidos permanecen en prisión provisional y continúan las gestiones para identificar a colaboradores de la red que, desde Venezuela, participan en las labores de captación.
Frente a la trata, el Cuerpo solicita la colaboración ciudadana a través del teléfono 900105090 y el correo [email protected]; estos canales permiten realizar denuncias anónimas y confidenciales.