Diversas fuentes presentes durante el interrogatorio coinciden en que las respuestas ofrecidas por el ex presidente frente a las preguntas de Calama fueron poco claras o imprecisas.
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se desligó ayer de cualquier actividad presuntamente criminal que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el contexto del caso Plus Ultra: negó haber influido en el rescate de la aerolínea que da nombre a este caso de corrupción, descartó ordenar la creación de alguna sociedad ‘off shore’ y también afirmó no haber recibido comisiones ilegales como supuesto cabecilla de una organización criminal.
Zapatero, primer presidente español en declarar como investigado ante un juez en España, tras tres horas de evasivas, no logró persuadir a Calama, quien, mediante un auto notificado tras el interrogatorio, indicó que la declaración del ex líder del PSOE «no consiguió desmentir los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que provienen de diversas y variadas fuentes de prueba».
Ni en la declaración ante el juez ni en su comunicado posterior, Zapatero aportó detalles sobre las joyas encontradas en una caja fuerte de la oficina que el PSOE le financia en la calle Ferraz, frente a la sede del partido. Tampoco recordó la reunión clave, según los investigadores, donde supuestamente habría tratado con su amigo Julio Martínez la creación de una sociedad offshore en Emiratos Árabes. De hecho, no clarificó si, desde que inició la operación anticorrupción, ha vuelto a encontrarse con el hombre señalado en los informes de la Udef como su testaferro. En un último intento vital, que explica que el juez mantuviera sus indicios, declaró que jamás respondió a un correo electrónico en el que se le señala como intermediario para la venta de crudo venezolano en China, los dos países con los cuales se le ha vinculado principalmente durante la última década.
El ex presidente está imputado por delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando.
Entre dichos indicios —que el juez afirma que son «rotundos»— destaca el contenido de los dispositivos intervenidos durante los registros a los propietarios de Plus Ultra y al empresario Julio Martínez Martínez —conocido como Julito—, además de la trazabilidad de varias transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero vinculadas a fondos derivados de la ayuda pública del Gobierno a Plus Ultra. También se incluye el uso de múltiples sociedades mercantiles presuntamente instrumentales para canalizar esos pagos.
Se suma al análisis preliminar del contenido del móvil del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes, entregado por EEUU a la Udef. Asimismo, el hallazgo de piezas de joyería valoradas en más de 1,3 millones, respecto a las cuales no ofreció esclarecimientos en la Audiencia Nacional. Sobre ese botín de diamantes, zafiros y esmeraldas, que constituye un aumento patrimonial no justificado ante la Agencia Tributaria, Zapatero adelantó que se pronunciará próximamente, pues está recopilando documentación que acredite su origen y la fecha en que pasó a tenerlas.
Diversas fuentes presentes en el interrogatorio y consultadas por EL MUNDO coinciden en que las explicaciones dadas por el ex presidente ante las preguntas de Calama —rechazó contestar a la representante de la Fiscalía Anticorrupción— fueron contradictorias o imprecisas.
Por ejemplo, al ser cuestionado sobre una comida con Julito en el restaurante Portonovo, donde, según la Udef, se habría acordado la creación de una sociedad pantalla en Dubái para canalizar el cobro de la comisión por el rescate de Plus Ultra, el investigado respondió que no recordaba dicho encuentro —reservado por su secretaria— y que verificaría en su agenda. Tampoco tenía conocimiento sobre esa sociedad ni recordaba si había viajado a Emiratos Árabes acompañado de Julito.
Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Plus Ultra
La investigación judicial indica que la sociedad Landside Dubai Fzco fue creada supuestamente para recibir comisiones ilegales, evitando así su trazabilidad en España. Dicha mercantil estaría 100% participada por la empresa española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julito, y a través de la cual se habría cobrado la comisión del 1% correspondiente al rescate de Plus Ultra. Sobre esta comisión, que se habría pagado presuntamente vía Análisis Relevante y coincide con la cantidad de 490.780 euros bloqueada al ex secretario general del PSOE por el juez, Zapatero afirmó desconocerla.
Cuando el magistrado le preguntó sobre los supuestos informes de consultoría realizados para la empresa de su presunto testaferro, Análisis Relevante, Zapatero declaró que dichos informes tenían carácter genérico, lo que llevó al juez a cuestionarle cómo, siendo tan generales, se asignaban a empresas concretas.
En ese momento, el expresidente se enredó en sus explicaciones y aclaró que algunos informes eran verbales y que no existía contrato formal para su elaboración, lo que sorprendió al magistrado. Según Zapatero, recibía encargos de forma oral. Calama recordó que en la Audiencia Nacional están acostumbrados a este tipo de informes que carecen de respaldo documental y, por ello, no resultan creíbles.
Por otro lado, la investigación descubrió un correo electrónico enviado por Zapatero a su «lacayo» Julito —cómo es referido en el sumario— que contenía un archivo Excel con la lista de clientes de Análisis Relevante, otra empresa clave en el manejo de las comisiones. Al respecto, Zapatero aseguró que nunca ha elaborado un Excel ni utiliza habitualmente el correo electrónico. El ex presidente evitó criticar a su amigo y testaferro y también rechazó responder si había mantenido contacto con Martínez tras su imputación.
Zapatero sí respondió a las preguntas formuladas por el magistrado acerca de sus hijas, consideradas «principales beneficiarias» junto a él de la estructura de tráfico de influencias a gran escala. En relación con los trabajos supuestamente realizados de maquetación a través de la mercantil Whathefav, defendió su existencia legal.
A pesar de la debilidad de sus argumentos, Zapatero recibió ayer una noticia favorable. El magistrado desestimó la solicitud de la fiscal Elena Lorente y rechazó imponerle medidas cautelares como comparecencias quincenales en el juzgado o la retirada de sus pasaportes. Calama consideró que la adopción de tales medidas «constituiría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, siendo incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de establecer las medidas cautelares como una pena anticipada».
En este sentido, el juez tuvo en cuenta que Zapatero es una persona de «notoriedad pública», una condición «que dificulta considerablemente que pueda ocultarse o evadir el procedimiento de forma discreta». «Su alta visibilidad pública y arraigo en el territorio, junto a la ausencia de indicios de intención evasiva, excluyen de forma razonable el riesgo real y actual de fuga», concluyó el instructor.