Las claves
El juez Peinado ha iniciado una pieza separada dentro del ‘caso Begoña’ para indagar sobre un tercer contrato público otorgado al empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía Europea identificó posibles delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea vinculados a este contrato, adjudicado por Red.es al Grupo Barrabés.
La pesquisa se enfoca en irregularidades, tales como la supuesta omisión intencionada de requisitos técnicos exigidos en los pliegos, detectadas en correos internos de Red.es.
El expediente examinado fue remitido nuevamente a Peinado al no financiarse con fondos europeos, por lo que su competencia retorna a la justicia española.
El juez Juan Carlos Peinado ha dispuesto la apertura de una pieza separada en el caso Begoña, centrada en posibles irregularidades en un contrato público adjudicado al empresario Juan Carlos Barrabés.
Esta decisión se fundamenta en documentación nueva proporcionada por la Fiscalía Europea, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En el marco del denominado caso Begoña, Peinado ha investigado durante más de dos años a Barrabés y a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ya ha planteado enviar a ambos a juicio con jurado popular.
En junio de 2024, la Fiscalía Europea (también conocida por las siglas EPPO) solicitó asumir una parte de esta investigación, al considerar que podía involucrar delitos que comprometen los intereses financieros de la UE.
Específicamente, la fase relacionada con los contratos obtenidos por el Grupo Barrabés en dos procesos de adjudicación.
Se trata de contratos en los que el empresario presentó sendas manifestaciones de interés—una especie de cartas de recomendación o avales para proyectos—firmadas por Gómez.
Barrabés fue seleccionado como adjudicatario en ambos procesos, y recibió, en total, aproximadamente 10 millones de euros de la entidad pública Red.es, que dependía entonces del Ministerio de Hacienda.
Además, el empresario formaba parte del claustro docente del máster que la esposa de Sánchez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
Para gestionar este contexto judicial, que cuenta con dos investigaciones paralelas —la de Peinado y la de la Fiscalía Europea—, se designó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como juez de garantías.
El 20 de abril pasado, la EPPO requirió al instructor del caso Begoña documentos relacionados con un tercer contrato público, valorado en otros cuatro millones, que fue proporcionado. Como en los casos anteriores, es una adjudicación otorgada por Red.es y recibida por el Grupo Barrabés.
Sin embargo, en una resolución consultada por este medio, fechada el 4 de junio, el magistrado Antonio Piña, actual titular del Central 6, devuelve a Peinado esta parte del caso, argumentando que no es competencia de la Fiscalía Europea.
En respuesta, la EPPO firmó el 8 de junio un decreto dirigido a Peinado, donde detalla ciertas irregularidades detectadas en esta tercera adjudicación, que, aunque distinta de las anteriores, también fue recibida por Barrabés y otorgada por Red.es.
Ante esto, el juez del caso Begoña decidió abrir una pieza separada en el proceso “para investigar los hechos descritos en el decreto” firmado por los fiscales europeos Laura Pellón Suárez de Puga, Antonio Zárate Conde y Luis Miguel Jiménez Crespo.
Estos tres fiscales de la EPPO sostienen que en este tercer contrato existen indicios «de un delito de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión».
Incluso, podrían existir otros ilícitos, dado que la Fiscalía Europea contemplaba realizar nuevas diligencias «para confirmar la indebida utilización de fondos públicos» de la UE.
Ahora será Peinado quien asuma esta tarea. El juez ha remitido la nueva documentación a la Fiscalía española para que determine si hay indicios de ilícitos.
Correos electrónicos
En el marco de su propia investigación, la Fiscalía Europea ya llevó a cabo varias diligencias vinculadas a los tres contratos de Red.es adjudicados a Barrabés.
Por ejemplo, se llamó a declarar como testigo a Begoña Gómez, quien manifestó no haber influido para favorecer a Barrabés.
Asimismo, con el permiso del juez Piña, la EPPO revisó correos electrónicos internos de Red.es, cuyos contenidos fueron analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que elaboró un informe al respecto.
Según enfatiza la Fiscalía Europea, estos correos revelan irregularidades en favor de Barrabés relacionadas con el tercer contrato investigado.
«El informe de la UCO», comunica la EPPO a Peinado, «menciona el Expediente de Red.es 044/20-ED, (…) que no estaba siendo objeto de investigación en este procedimiento».
La UTE (unión temporal de empresas) adjudicataria estaba compuesta por Innova Next SL, parte del Grupo Barrabés, y KPMG.
«La financiación provenía de Fondos FEDER, y la tramitación fue paralela a los dos expedientes estudiados en esta causa. Del informe policial se desprende que, para valorar al licitador adjudicatario, se habría obviado la falta de un Libro Blanco», requisito imprescindible señalado en los pliegos, advierte la Fiscalía Europea.
Basado en el informe de la UCO, la EPPO resalta que esta condición fue «obviada de manera intencionada». Esto ocurrió pese a que la entrega de un Libro Blanco —un documento técnico— era obligatorio para concurrir a la licitación.
«[Era] un requisito obligatorio establecido en los pliegos, valorado en el criterio número 3, que influye en los juicios de valor, donde la mencionada UTE obtuvo la máxima puntuación y fue seleccionada», señala la Fiscalía Europea.
Además, según correos electrónicos de Red.es analizados, esta entidad preparó un borrador de valoración que incluía comentarios indicando que la UTE KPMG-Innova no presentó el Libro Blanco.
Este hecho «fue intencionalmente ocultado en los informes de valoración para evitar que otros licitadores detectaran la omisión».
Puesto que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional impide a la Fiscalía Europea continuar la investigación, la EPPO ha trasladado toda esta información a Peinado, quien ha decidido abrir una pieza separada para examinar estos nuevos hechos.
¿Por qué Antonio Piña remitió esta parte al juez Peinado? La decisión responde a tres motivos principales solicitados por Barrabés.
Primero, el expediente 044/20-ED no contó con financiación europea, por lo que escapa a la competencia de la EPPO.
Segundo, esta adjudicación ya fue objeto de investigación por el instructor, aunque sin acceso a los correos de Red.es.
Y, finalmente, en abril pasado, Peinado concluyó la instrucción del caso Begoña, por lo que Piña decidió no fragmentar la causa y, en coincidencia con la petición de Barrabés, rechazó que la Fiscalía Europea inicie una investigación ex novo.