Las claves
La fiscal general Teresa Peramato optó por no responder en el Senado respecto a las visitas de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, a la Fiscalía General, citando la reserva sumarial.
Tanto Díez como el abogado Jacobo Teijelo están bajo investigación por presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales vinculados al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
Peramato defendió la legalidad y la independencia de la Fiscalía frente a las acusaciones del PP y Vox, además de negar que esta institución sirva a una organización criminal.
La fiscal general reiteró que la Fiscalía es independiente del Ejecutivo y alertó sobre los peligros de su politización mediante un control parlamentario excesivo.
«Lamento no poder satisfacer esa gran curiosidad», respondió con calma la fiscal general, Teresa Peramato, a la senadora del PP María José Pardo, quien insistía en preguntas acerca de las visitas de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez a la Fiscalía General durante la gestión de su antecesor, Álvaro García Ortiz.
Peramato superó su primera comparecencia en el Senado, que duró poco más de dos horas, en la que invocó la reserva sumarial establecida en la ley procesal penal para no ofrecer detalles sobre la inusual presencia de Díez y del abogado Jacobo Teijelo en la sede de Fortuny durante marzo y abril de 2025. Ambos son investigados por el juez Santiago Pedraz por formar parte de una red que intentaba neutralizar procesos judiciales relacionados con el PSOE y, específicamente, con el entorno del presidente Pedro Sánchez.
De este modo, quedaron sin respuesta preguntas clave como quién autorizó y qué temas se trataron en esas dos reuniones con Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general.
Se sabe que, tras el primer encuentro, realizado por la tarde cuando la actividad en la Fiscalía General disminuye, la ‘fontanera’ del PSOE comunicó a otro integrante de la red que «Jacobo dice que debería asistir a todas las reuniones de Fiscalía porque complementa bien la parte jurídica. Si ahora actúan rápido según lo acordado, las cosas se acelerarán«.
«Se ha entregado al juez toda la información que obraba en nuestro poder», afirmó Peramato, quien heredó esta incómoda situación de su antecesor, cuya gestión ahora se utiliza como munición política contra ella.
«Su silencio, de no ser revertido, la convertirá en cómplice de las cloacas», le reprochó Pardo. Sin lograr respuesta: Peramato se mantuvo firme alegando que «esta fiscal general, como cualquier otro fiscal, está obligada a respetar la reserva del sumario establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No puedo hacer observaciones ni comentarios».
La fiscal general, quien soportó las críticas sin inmutarse, solo reaccionó cuando la portavoz de Vox, Paloma Gómez, le preguntó «cómo puede la Fiscalía estar al servicio de una organización criminal».
En ese momento exigió «respeto para la institución que represento». «Se ha afirmado que la Fiscalía está bajo el control de una trama criminal. Eso representa una falta absoluta de respeto. Los fiscales actúan con respeto estricto a la legalidad. Tal expresión implica desacreditar la labor de los fiscales», manifestó.
Al inicio de su intervención, donde defendió la controvertida política de nombramientos discrecionales, la fiscal general lanzó un aviso que desagradó al PP.
«No existe un régimen de control casi político sobre la Fiscalía General», señaló Peramato, recordando que «esto responde a la configuración constitucional de la institución».
La Fiscalía «no pertenece al poder Ejecutivo, ni se sustenta en una relación de confianza parlamentaria», enfatizó.
Para reforzar este argumento, se apoyó en la Comisión de Venecia, que «ha alertado sobre el riesgo de que el escrutinio parlamentario de las fiscalías conduzca a la politización o, por lo menos, a una percepción de ella».