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Tras asumir el poder el 11 de marzo y trasladarse al palacio presidencial, el mandatario chileno José Antonio Kast encontró un piano que no pudo abrir.
En una entrevista televisiva, comentó en tono de broma: "Se aceptan propuestas para reparar el piano". Añadió de inmediato que debía ser un servicio ad honorem, ya que "no hay fondos" disponibles.
Esta expresión, dicha de manera informal, inició una narrativa sobre la falta de recursos que sus ministros reforzaron con ideas como que "el Estado se quedó sin fondos" o que "las arcas fiscales están vacías".
Para reducir el déficit fiscal, Kast implementó un plan de recortes energéticos al estilo chileno, similar a la estrategia aplicada por Javier Milei en Argentina.
Enarbolando la bandera de la austeridad y la optimización del gasto público, el Ejecutivo anunció recortes próximos a los US$2.000 millones para "ordenar las finanzas" y estabilizar la deuda fiscal.
El gobierno impulsa "un ajuste fiscal profundo, sin afectar los beneficios sociales", declaró Kast a principios de junio durante su primera Cuenta Pública, el informe anual ante el Congreso.
Los recortes, que han impactado varios ministerios, afectaron el presupuesto de áreas tan delicadas como la salud y la educación, lo que provocó masivas protestas en las calles de Santiago.
"El gobierno ha demostrado que gobernará para los poderosos", criticó Andrea Abarca, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) durante una de las manifestaciones.
Para el Ejecutivo, uno de sus principales objetivos es impedir que el Estado gaste más allá de sus capacidades, aunque el camino es complicado. Recientemente, solicitó al Congreso permiso para elevar el límite de endeudamiento en más de un 30%.
Una de las iniciativas principales de Kast es el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, un proyecto que incluye una serie de medidas económicas, tributarias y laborales, cuya aprobación ahora depende del Senado.
Dentro de la megarreforma se encuentra un polémico paquete tributario que contempla, entre otras medidas, una reducción gradual del impuesto sobre las utilidades empresariales, bajando del 27% al 23%.
Este artículo se centrará en esa reducción y sus implicaciones para la recaudación fiscal.
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El debate sobre la reducción fiscal
Una rebaja de impuestos implica una disminución en los ingresos fiscales justo cuando hay limitaciones presupuestarias. No obstante, el Ejecutivo sostiene que esta baja actuará como estímulo para que las empresas incrementen su inversión, generen empleo y se impulse el crecimiento económico.
"No se trata de un impuesto que se reduzca para los ricos, sino para las empresas, con el fin de que tengan más capital para invertir", explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiendo la baja tributaria en empresas. "El desafío no es aumentar la recaudación, sino impulsar el crecimiento".
Un argumento similar fue empleado por el presidente estadounidense Donald Trump cuando redujo el impuesto federal corporativo del 35% al 21% en 2017.
¿Realmente impulsó esto el crecimiento económico? La cuestión sigue siendo discutida. La respuesta depende del economista consultado, ya que no existe una conclusión estrictamente técnica en estos temas.
Si se tratase de un fenómeno absoluto, bastaría con examinar países que han bajado impuestos corporativos para comprobar si esa baja fue la única causa del aumento económico.
A pesar de eso, algunos estudios analizaron si las compañías que se beneficiaron de la reducción tributaria reinvirtieron sus ganancias en actividades productivas que generen empleo y fomenten el crecimiento.
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Los datos muestran que una proporción considerable de las ganancias obtenidas por las empresas en EE.UU. gracias a la rebaja impositiva de Trump fue destinada a la "recompra de acciones" (stock buybacks), un recurso que benefició directamente a accionistas y altos ejecutivos.
En Chile, los opositores a la reducción del impuesto corporativo, junto a otras medidas tributarias que favorecen a grandes empresas, sostienen que esto tendrá consecuencias sociales negativas, provocaría una disminución permanente de la recaudación y una concentración de beneficios en las grandes compañías.
Además, manifiestan serias dudas sobre el verdadero incremento en inversión y empleo que podría generar.
La economista Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, afirma que la propuesta "es costosa, con impactos claros y beneficios inciertos".
Según indicó a BBC Mundo, provocará una pérdida de recursos fiscales porque "la recaudación no se recuperará a través del crecimiento económico".
Los recortes presupuestarios que el gobierno pretende para compensar el déficit, advierte, "ponen en riesgo fondos destinados a programas valiosos para la población".
El aumento de la deuda y el déficit fiscal son aspectos que inquietan a especialistas que gestionaron las finanzas públicas previamente.
El exministro de Hacienda chileno en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, rechaza la posición oficial.
"Esa historia ya la hemos vivido muchas veces", manifestó en una entrevista a un medio chileno.
"El presidente Reagan en Estados Unidos, durante los años 80, introdujo la teoría de bajar impuestos para reducir el déficit. ¿El resultado? El déficit creció y la deuda subió considerablemente", señaló Velasco.
Aunque la reducción tributaria es el aspecto más destacado, la propuesta gubernamental abarca mucho más.
Pretende integrar completamente los impuestos pagados por las empresas con los que abonan sus dueños. Este sistema integrado permitiría que los propietarios utilicen el 100% del impuesto abonado por su empresa como crédito para el pago de impuestos personales.
Incluye también la creación de una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones, exenciones en impuestos a la propiedad, incentivos temporales para la repatriación de capitales y un crédito tributario por contratación de personal.
La megarreforma de Kast contempla igualmente una serie de medidas para eliminar regulaciones consideradas como "obstáculos" para los permisos de inversión, fenómeno conocido en Chile como "la permisología".
Para muchos empresarios, la supresión de estas regulaciones resulta tan significativa como la baja tributaria.
La comparación con otros países
Al anunciar la megarreforma el 15 de abril, Kast defendió la reducción del impuesto corporativo comparando a Chile con los otros 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Chile forma parte.
"Las decisiones equivocadas tienen efectos. Mientras la OCDE redujo sus impuestos corporativos del 31% al 22% desde el año 2000, Chile los incrementó del 15% al 27% en ese mismo periodo", declaró el presidente.
Aunque las cifras no son exactas para la OCDE (el promedio bajó del 32% al 24%), la tendencia es correcta: la OCDE bajó impuestos mientras Chile los elevó.
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Pero, ¿qué detalles oculta esta comparación?
- La tasa legal que presenta la OCDE suma el impuesto establecido por el gobierno central y los gobiernos locales (como estados, ciudades y municipios). Por eso, la tasa corporativa en EE.UU. es del 27% (resultado de combinar el 21% federal con un promedio de impuestos locales).
- La misma suma entre impuestos nacionales y locales sitúa a Alemania en un 29,9% y a Japón en un 29,7%.
- El promedio de la OCDE sigue siendo un promedio. Mientras algunos países como Australia tienen un 30% y Nueva Zelanda un 28%, otros, como Hungría con un 9%, o Irlanda con un 12,5%, están en el extremo opuesto.
Los economistas que respaldan la propuesta oficial suelen citar a Irlanda o Estonia como ejemplos en materia de diseño tributario.
"Considero que el sistema más eficiente es el de Estonia", indica la economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes.
Uno de sus puntos fuertes es que aplica una tasa fija a las empresas, independientemente de su tamaño.
Este modelo estonio es uno de los más singulares a nivel mundial. En ese país báltico, las utilidades empresariales solo tributan cuando se distribuyen a los dueños, y generalmente, el accionista no paga un impuesto adicional personal sobre esas ganancias.
De esa forma, funciona como un sistema integrado entre los impuestos empresariales y los personales de los propietarios.
Pocos países cuentan con un sistema integrado. Dentro de la OCDE lo tienen, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y en gran parte Canadá.
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El engaño de los rankings
Con sistemas tan variados, comparar el modelo chileno con otros resulta complejo.
Y más confusos aún son los rankings que solo consideran la tasa legal establecida por ley (conocida como Statutory Tax Rate en inglés).
Esta tasa no toma en cuenta deducciones, créditos, exenciones ni incentivos, por lo que no refleja el monto real que pagan las empresas en impuestos.
Basar comparaciones únicamente en este porcentaje "no proporcionaría resultados metodológicamente confiables", advierte Kurt Van Dender, jefe de la División de Política Fiscal y Estadística del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
"Puede conducir a interpretaciones erróneas", comenta en diálogo con BBC Mundo.
Los análisis internacionales consideran numerosos factores adicionales a la tasa impositiva para comparar países,
Para tener una imagen más precisa, expertos como Van Dender examinan la tasa efectiva, que es el impuesto real abonado por las compañías después de aplicar todos los descuentos posibles.
Esa tasa "real" se denomina técnicamente tasa efectiva promedio, o Effective Average Tax Rate en inglés.
En la OCDE, el promedio es del 20,5%, mientras que Chile tiene una tasa efectiva del 23%, según el informe Corporate Tax Statistics 2025.
No obstante, el análisis resulta más complicado para Chile debido a que su sistema de impuestos corporativos y personales está solo parcialmente integrado.
"Peras con manzanas"
"La tasa corporativa es solo uno de numerosos elementos en un sistema tributario que influye en la decisión de inversión", puntualiza Damián Vergara, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Michigan.
"Si solo se observa la tasa, es comparar peras con manzanas, especialmente considerando que Chile no contempla impuestos locales y que su sistema tributario está más integrado que la mayoría de países de la OCDE", comenta a BBC Mundo.
Por ello, la comparación internacional puede ser "equivocada".
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Sobre la propuesta gubernamental, Vergara identifica ciertos riesgos, como la disminución en la recaudación y un probable aumento de la desigualdad, ya que si se aprueba, "los principales beneficiados serían quienes están en los tramos altos de ingreso".
La posible ventaja sería un efecto positivo en la inversión que podría traducirse en mayores empleos y mejores salarios, aunque esta ventaja "es incierta" debido a la complejidad del sistema tributario chileno y al perfil de las empresas que podrían beneficiarse, añade.
Mientras el Senado chileno mantiene un intenso debate para aprobar la megarreforma (el partido de Kast carece de mayoría, por lo que requiere negociar), el Consejo Fiscal Autónomo, un organismo público, independiente y técnico, señaló que el proyecto podría "comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Si no se concretan los incrementos fiscales estimados mediante el crecimiento económico, indicó, el país enfrentará un escenario de mayor deterioro fiscal.