Ferraz decidió asumir los costos relacionados con Leire Díez tras una reunión con los altos mandos del Gobierno el día en que Sánchez envió su carta a la Ciudadanía y permaneció recluido en la sede presidencial debido a la imputación de su esposa.
El PSOE puso en marcha una operación destinada a «desestabilizar» a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que investigaban al presidente sólo 16 horas después de que éste se encerrara en Moncloa y difundiera su Carta a la Ciudadanía. Para llevar a cabo esta acción, se utilizaron fondos del partido, beneficiándose, entre otros, Leire Díez, figura principal de la llamada cloaca, y el empresario Javier Pérez Dolset. La Guardia Civil sostiene que el PSOE empleó recursos propios para intentar reclutar al ex comisario José Manuel Villarejo y presionar a la familia del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
El análisis cruzado de la documentación proporcionada por la Unidad Central Operativa (UCO) junto con las agendas de Leire Díez y diversos testimonios recogidos por este medio, trazan una cronología comprometida para el PSOE y el Ejecutivo. El 24 de abril de 2024, Sánchez fue informado de que su esposa, Begoña Gómez, pasaba a ser «investigada», se retiró a Moncloa y a las 19:00 horas publicó su carta en X: «Necesito responder si vale la pena continuar, a pesar del lodazal en que derecha y ultraderecha quieren convertir la política. Si debo seguir al frente del Gobierno o renunciar a este gran honor. (…) Nunca he estado apegado al cargo. Sí al deber, al compromiso político y al servicio público».
Una hora y media después, la alta dirección del Gobierno y del PSOE se reunió en el complejo presidencial. Entre los asistentes estuvieron la ex vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Óscar Puente, Óscar López y Félix Bolaños. Por Ferraz participó el secretario de Organización, Santos Cerdán. Fuentes cercanas indicaron que la atmósfera era de «consternación» debido a la incertidumbre sobre las acciones que tomaría Pedro Sánchez.
Doce horas tras la cita, el PSOE ya había activado a Díez y Pérez Dolset, asumiendo sus costes con fondos partidarios, según los documentos entregados a la UCO por la agencia de viajes. En particular, a las 11:26 horas del 25 de abril, se reservó un billete de Iberia de Madrid a Bilbao a nombre de Díez con cargo al PSOE.
La gestión atípica generó un conflicto entre el PSOE y la agencia, que inicialmente se negó a tramitar el vuelo solicitado para la llamada fontanera. Una trabajadora rechazó procesar el pasaje porque la petición provenía de la empleada de Ferraz, Covadonga San Pedro Pascual, quien no contaba con autorización partidaria. Sin embargo, a las 11:37, el PSOE aclaró por correo que era «una orden directa de Santos Cerdán». Esta cadena de correos fue aportada por la UCO al juez Santiago Pedraz.
Un día después, el 26 de abril, el PSOE pagó el regreso de Díez a Madrid. «Me voy urgentemente a Madrid (…). Cerdán me envía. Dispongo de información que podría ayudar al presidente», relató Leire a su socio en la trama Sepi, Vicente Fernández. Ese mismo día tuvo lugar una reunión crucial en la sede de Ferraz con la presencia de Díez, Santos Cerdán, Pérez Dolset, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, y Ion Antolín, entonces jefe de Comunicación del PSOE. La Guardia Civil también sitúa en esa cita al entonces director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, aunque no está confirmado si participó en esta o en otra reunión celebrada al día siguiente, el 27.
Desde ese momento, el partido continuó cubriendo los viajes de Díez y Pérez Dolset, lo que el juez interpreta como una operación para «desestabilizar procesos judiciales». La Guardia Civil asigna a Cerdán un «papel directivo» y a Díez la «dirección ejecutiva» de las tareas.
Entre los desplazamientos sufragados por el PSOE se encuentra uno del 26 de agosto de 2024, un vuelo de ida y vuelta destinado a que Leire tuviera un encuentro con Villarejo en Madrid, según refleja la UCO. Además, la fontanera tuvo a su disposición un vehículo de alquiler pagado también por el PSOE.
La ex militante socialista propuso al comisario negociar un pacto con la Fiscalía, con la intención de obtener a cambio datos sobre el juez Manuel Marchena. De hecho, en el ordenador intervenido a Cerdán figura un apartado titulado «incumplimientos» donde se menciona al magistrado del Tribunal Supremo: «IMPORTANTE: Villarejo posee pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena», señala la Guardia Civil.
La UCO también dedica atención al abogado del ex comisario, Antonio García Cabrera, quien fue declarado testigo, aunque los agentes dudan de su versión. No creen que el letrado estuviera ausente en los encuentros entre su cliente y Díez, como él afirmó, porque «no concuerda con las evidencias» disponibles. Cabrera reconoció, sin embargo, haber mantenido dos reuniones con Díez por «motivos vinculados a la defensa de su cliente».
El acercamiento que la UCO atribuye a Díez con el comisario giraba en torno a «la obtención de información relevante sobre diversas figuras, incluyendo fiscales, judiciales y policiales». A cambio de estos datos, se le habrían ofrecido a Villarejo ventajas en procesos judiciales, según el informe.
En otro de los «incumplimientos» señalados por Cerdán aparece esta frase: «Supuestamente el fiscal iba a contactar con el abogado de Villarejo y esta llamada no se realizó». El fiscal en cuestión es César de Rivas, con quien Díez intentó establecer comunicación «sin éxito». La fontanera supuestamente acudió a la Fiscalía General para coordinar un encuentro entre algún representante y el abogado Cabrera.