El reciente informe de la Guardia Civil destaca cómo la red vinculada al PSOE intentó coaccionar a ciertos fiscales y eliminar a otros, como Alejandro Luzón, con el fin de favorecer sus intereses y proteger a Sánchez.
La ‘fontanera’ Leire Díez, quien se autodenominaba «la que manda» en un documento dirigido al excomisario Villarejo, y creía que podía «salvar al presidente» Sánchez por sí sola –»sin él no hay nada más», anotó asimismo en una de sus inusuales notas personales recogidas en sus libretas–, se vanagloriaba de tener el «control» sobre la Dirección General de la Guardia Civil, así como sobre otra institución clave para brindar ventajas judiciales a imputados y, aprovechando lo que estos pudieran aportar, «desestabilizar» causas relacionadas con el PSOE: la Fiscalía.
Díez aspiraba a «remover» de su puesto a Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, como admitió a la UCO Joaquín Parra, empresario implicado en el ‘Caso Hidrocarburos’ y uno de los supuestos integrantes de la rama extremeña de la red, aquella que buscaba «aniquilar» la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, actualmente en fase de sentencia.
La propia Leire lo escribió en una de sus libretas, intervenidas por los agentes: «Tribunal Supremo, dice que no hay pruebas sobre lo que ha dicho Aldama. ¿Por qué está en libertad? ¿Desobedeció o no informó el fiscal anticorrupción al FGE [Fiscal General del Estado]?«.
En palabras claras, Leire constataba que el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, quien había realizado varias declaraciones judiciales explosivas admitiendo sobornos e implicando también a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, continuaba en libertad, mientras que otros importantes dirigentes del PSOE habían sido encarcelados provisionalmente durante la instrucción de los casos.
Díez especulaba entonces sobre posibles acuerdos de Fiscalía con Aldama a cambio de su confesión e información sobre otros imputados –finalmente, en el primer juicio por los supuestos sobornos relacionados con mascarillas, se le reclaman siete años de prisión, frente a 24 para Ábalos y Koldo–, y sugería que Alejandro Luzón, jefe Anticorrupción, podría haber «desobedecido» a su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz –quien, posteriormente, fue condenado por revelar un correo confidencial del abogado de la pareja de la política del PP Isabel Díaz Ayuso–.
El reciente informe de la UCO, la unidad élite de la Guardia Civil a la que pretendían atacar, confirma cómo planeaban dominar Fiscalía. La fórmula era sencilla, y Leire, que la divulgaba sin reservas a casi todos sus interlocutores, se la confió a Parra, según relató este a la UCO: «La Fiscalía depende del Gobierno, y los fiscales deben acatar órdenes de sus superiores». Y puesto que la Fiscalía dependía del Gobierno, y este a su vez del PSOE, el líder del partido, Santos Cerdán, encomendó a Leire Díez la labor de contrarrestar procedimientos en su contra, haciendo que la Fiscalía quedase bajo control de Leire.
Por ejemplo, fue ella quien sugirió al abogado extremeño Sáenz de Tejada que presentara una denuncia en Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, que instruía el caso contra David Sánchez, «porque consideraba tener dominio sobre dicha institución».
Asimismo, y dado que Villarejo podría aportar recursos, Leire trató de influir en el fiscal anticorrupción César de Rivas, intentando promover un encuentro entre él y el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera. No obstante, De Rivas se negó. Cuando Cabrera lo abordó tras una vista judicial y le informó de que «iban a tener una reunión basada en conversaciones con Leire», el fiscal le respondió textualmente que «no sabía nada y que no lo involucrara en problemas».
El propio Cabrera recibió el 8 de abril de 2025 un mensaje mediante la aplicación Signal proveniente de Leire, en el que le comunicaba que pocos días antes, «el jueves», había estado «en FGE [Fiscalía General del Estado]».
La intención de manipular Fiscalía también se refleja en el documento «Incumplimientos», donde Leire solicitaba la ayuda de Santos Cerdán para estos asuntos. La ‘fontanera’ se quejaba de que Fiscalía no había recibido a Cabrera para ofrecer beneficios a Villarejo –quien, según ella, posee «pruebas» de la «corrupción» de Manuel Marchena, presidente de la sala penal del Supremo y responsable de la sentencia del ‘Procés’–.
Del mismo modo, mencionaba que se beneficiarían a Javier Pérez Dolset, imputado en el ‘Caso Zed’ y socio de Leire en sus actividades, pero no hubo avances. Igualmente, con el abogado Gonzalo Boye, defensor de políticos catalanes del ‘Procés’: Fiscalía debía favorecerlo en un procedimiento, pero nada de ello se materializó.
El fiscal José Grinda también fue objeto de las maniobras del grupo. Se le ofreció, presuntamente a través del periodista Pere Rusiñol, progreso profesional e incluso dinero para enfrentar una demanda civil interpuesta contra él por una mujer de Jaén. Parra declaró a la UCO que tanto Leire como Pérez Dolset discutían sobre «eliminar» a Grinda, quien intervenía en procesos que afectaban a ambos.
Otro de los canales utilizados por la trama fueron los imputados del ‘Caso Hidrocarburos’, ya procesados por el juez Santiago Pedraz: a Antonio Rodríguez Estepa, uno de los acusados, se le prometieron beneficios procesales a cambio de información contra «la UCO, [el teniente coronel] Antonio Balas, altos cargos de Hacienda y Repsol», quienes supuestamente estarían detrás del procedimiento de Hidrocarburos.
La oferta le fue transmitida por la abogada Letizia de la Hoz, defensora de Koldo García (ella lo niega rotundamente), en representación de Leire: «Los beneficios concretos que Letizia le planteó en relación a la causa penal que afectaba al implicado eran que podrían negociar con el jefe de la Fiscalía para alcanzar un acuerdo favorable, todo supeditado a que aportara información».
Además, a Rubén Villalba, guardia civil, Leire también le pidió material incriminatorio contra la UCO. Al no recibirlo, según Francisco Ortega, testigo del encuentro entre ambos, Leire le soltó que podía llevarle directamente a la Fiscalía General del Estado para que declarara allí, si no deseaba contárselo a ella.