Las claves
El juez Pedraz ha citado a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para que declare como testigo debido a su vínculo con Leire Díez dentro de la investigación sobre la ‘operación PSOE’.
La UCO ha encontrado comunicaciones entre Narbona y Díez concernientes al intento de redirigir los ataques contra Pedro Sánchez y paralizar las investigaciones policiales y judiciales.
Se analizan reuniones y visitas de Leire Díez y otros involucrados a la Fiscalía General, así como supuestas maniobras para influir en testimonios y desacreditar pesquisas.
Entre los convocados a declarar figuran empresarios, abogados y miembros de la UCO, junto con personas relacionadas con presuntos pagos en efectivo y sobornos.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha convocado a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, a testificar el próximo 10 de julio debido a su conexión con la ‘fontanera’ del partido Leire Díez.
Como informó EL ESPAÑOL, la UCO encontró en los dispositivos de Díez una conversación mantenida con Cristina Narbona el 24 de abril de 2024, día en que se llevó a cabo en la sede del PSOE una reunión decisiva a la que asistieron, además de la ‘fontanera’ y Pérez Dolset, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su segundo, Juanfran Serrano.
Los investigadores consideran que ese encuentro supuso el inicio de la denominada ‘operación PSOE’, liderada por Cerdán y coordinada por Leire Díez, cuyo objetivo principal era paralizar las investigaciones policiales y judiciales que afectaban al partido y a sus dirigentes, especialmente al círculo familiar del presidente Pedro Sánchez.
Durante su diálogo con Narbona, Leire Díez mencionó la intención de «reconducir» las críticas contra Sánchez, quien ese mismo día había anunciado un tiempo de reflexión para decidir su continuidad en Moncloa tras la apertura de diligencias por parte del juez Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción.
Díez habló de brindar una «ayuda cualificada» y de darle la vuelta al asunto «como un calcetín». Narbona señaló que «se lo habías comentado a Santos el otro día».
A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha acordado 21 declaraciones testificales adicionales entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre los convocados se encuentra la empresaria Carmen Pano, quien ha declarado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que llevó en efectivo 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
El origen de ese dinero sería un empresario del sector hidrocarburos, Claudio Rivas, quien también ha sido citado por el juez.
Pedraz también pretende escuchar al abogado del excomisario Villarejo, Antonio García Cabrera, y al principal letrado del exministro Ábalos, José Aníbal Álvarez. Ambos mantuvieron varias reuniones con Leire Díez.
Otra de las testigos convocadas es Miriam Serrano, la denunciante contra el fiscal José Grinda por mantener intercambios de ‘sexting’ cuando ella era menor de edad.
En la instrucción aparecen diálogos donde Leire Díez pregunta a Miriam Serrano si ya la han contactado para facilitarle empleo. En otros mensajes, la ‘fontanera’ solicita a Juanfran Serrano gestionarle la colocación laboral, incluso la llevó a la sede de Ferraz.
Pedraz quiere también interrogar a miembros y exmiembros de la UCO que habrían recibido presiones para «mantener una postura pasiva» en las investigaciones que involucran al PSOE o a sus dirigentes.
Asimismo, hay una citación como investigada para la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, quien supuestamente intentó sobornar a Carmen Pano para que modificara su declaración acerca del dinero entregado en Ferraz.
El juez ha aprobado otras diligencias importantes solicitadas por las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen.
De este modo, la Fiscalía General tendrá que informar si ha registrado visitas de Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados García Cabrera, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, estos dos últimos también investigados como la ‘fontanera’.
«En caso de que dichas reuniones hubieran ocurrido, se exige proporcionar información sobre registros de visitas, fecha, hora y personas que participaron,» señala la resolución judicial.
En los documentos consta varias alusiones a encuentros de Leire Díez en la Fiscalía General durante la gestión de Álvaro García Ortiz, confirmados mediante la ubicación del teléfono móvil de la ‘fontanera’.
La ‘fontanera’ ofreció acuerdos con la Fiscalía a varias personas con quienes intentaba obtener información para desacreditar a los investigadores de la UCO, a ciertos magistrados y al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.