Las claves
El PP solicita al juez que cite a declarar a las hijas de Zapatero, Ábalos y Koldo García por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal en el marco del caso Plus Ultra.
La acusación considera que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, ejercían como administradoras solidarias y socias en una empresa clave dentro de la red investigada, habiendo recibido sumas relevantes de dinero.
Esta petición incluye a otros cargos y empresarios, solicitando además nuevas diligencias, fianzas millonarias y documentación adicional relativa al rescate público de Plus Ultra.
El escrito pide también indagar en los viajes internacionales de Zapatero y sus hijas, con especial atención a Venezuela, y exige la reconstrucción del circuito de control sobre los fondos públicos concedidos a Plus Ultra.
El Partido Popular ha requerido al juez de la Audiencia Nacional que impute a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal en el caso Plus Ultra.
La solicitud se presenta en un escrito de la Acusación Popular Unificada, liderada por el PP, que integra todas las peticiones previas de las acusaciones populares y reclama, además, fianzas millonarias y nuevas diligencias relacionadas con el rescate de la aerolínea.
«Tras analizar las informaciones recientes», explicó Borja Sémper, portavoz del partido, «todas las acusaciones particulares han coincidido en esta conclusión». Según los populares, «es imprescindible conocer toda la verdad y que quien haya cometido algún delito responda ante la Justicia».
La acusación señala a Laura y Alba Rodríguez Espinosa como administradoras solidarias y socias de Whathefav, SL, una empresa que, según una resolución judicial, es el «elemento finalista del entramado» y el «centro de redistribución de flujos económicos» dentro de la red.
El documento hace hincapié en que «han recibido, en sus cuentas personales —de las cuales el investigado figura como autorizado—, importes de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente».
El PP recuerda que el propio Zapatero «admitió expresamente» en su declaración del 2 de marzo de 2026 en el Senado que la inclusión de sus hijas en el circuito de Análisis Relevante a través de Whathefav «formó parte del acuerdo» con Julio Martínez Martínez, también investigado.
Con estos indicios, sostienen que los hechos podrían constituir blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal, encajando en los artículos 301, 392 y 570 bis del Código Penal.
Ábalos y Koldo
Respecto a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el escrito destaca que el auto del 18 de mayo de 2026 lo señala como «destinatario directo y figura principal en la denominada ‘vía Ábalos’ para ejercer influencias, paralela a la ‘vía Zapatero’«.
Las comunicaciones intervenidas indican que la dirección de Plus Ultra implementó «desde el 23 de marzo de 2020 una estrategia específica para contactar al referido compareciente» mediante mensajes como «Necesitamos comunicarnos con Ábalos» y «con su mano derecha».
Según la acusación, su asesor en ese momento, Koldo García Izaguirre, actuó «como pieza clave en la ‘vía Ábalos'», gestionando contactos con el Ministerio de Transportes y «transmitiendo en tiempo real las acciones del investigado D. José Luis Rodríguez Zapatero».
Se destaca, entre otras, la comunicación del 7 de septiembre de 2020: «Zapatero está reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo».
Con base en estos datos, el escrito pide imputar a Ábalos por tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, posiblemente, organización criminal, encuadrando su actuación en los artículos 428, 419 y 570 bis del Código Penal.
Para Koldo, se solicita su investigación por tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal, conforme a los artículos 428 a 430, 419 y siguientes y 570 bis del Código Penal.
Otros cargos y diligencias
La solicitud también alcanza a otros cargos y empresarios relacionados con el rescate de Plus Ultra.
Entre ellos se menciona al directivo de SEPI José Ángel Partearroyo, cuyas comunicaciones como «Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros […] Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor«, fechadas el 2 de marzo de 2021, se aportan como indicio de revelación de secretos, prevaricación y cooperación necesaria en tráfico de influencias.
El escrito asimismo reclamó una batería de diligencias que incluyen documentos, peritajes y declaraciones testificales.
Se solicita un tercer requerimiento a SEPI debido a la «incompletitud documental, inconsistencias en la información aportada y falta de trazabilidad en aspectos clave del expediente», y se exige reconstruir por completo el circuito de decisión y control del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La acusación enfatiza que, conforme al marco legal del fondo y las obligaciones asumidas ante la Comisión Europea, la ausencia o insuficiencia de documentos esenciales es «prima facie, incompatible con el sistema de control y seguimiento establecido por ley«.
Por esta razón, exige informes internos, registros contables específicos, actas completas, correos electrónicos y protocolos de conservación documental para verificar si se cumplió el régimen de control reforzado sobre los 53 millones otorgados a Plus Ultra.
Viajes de ZP desde 2017
En el ámbito internacional, el escrito solicita oficios a la Policía Nacional para recopilar todos los viajes realizados por Zapatero y sus hijas desde 2017, con especial énfasis en los desplazamientos a Venezuela.
Asimismo, pide registros de visitas a Moncloa y Transportes, informes de la Embajada en Caracas y una comisión rogatoria a Venezuela para esclarecer la estructura y origen del capital de Snip Aviation y otras sociedades venezolanas accionistas de Plus Ultra.
La base jurídica y económica de la acusación se completa con un extenso apartado sobre responsabilidad civil.
La investigación «parte, precisamente, de la posible utilización del rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., aprobado en marzo de 2021 por un monto de 53 millones de euros» en un contexto en que se indagan delitos como tráfico de influencias, blanqueo, apropiación indebida y organización criminal.
El auto, recuerda el escrito, ubica a Zapatero «en la cúspide de una estructura organizada de tráfico de influencias».
La Acusación Popular Unificada sostiene que el daño reclamable debe extenderse «a la totalidad del desembolso público» si se demuestra que la concesión de la ayuda estuvo «causalmente condicionada por el ejercicio ilícito de influencias» y por una operación sin título jurídico legítimo.
Por ello, solicita que se acuerde una fianza equivalente a la deuda impagada por Plus Ultra, requiriendo a SEPI el estado del reembolso, y, en caso de incumplimiento, el embargo de bienes de los investigados para garantizar la responsabilidad civil derivada del delito.