Las claves
Pedro Sánchez ha rechazado la posibilidad de combinar las elecciones generales con las autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027, evitando así un llamado «superdomingo electoral».
El calendario judicial, que incluye varios procesos vinculados al entorno del Gobierno, condiciona los escenarios posibles para la convocatoria de elecciones generales.
El presidente planea presentar unos Presupuestos para 2027 con un enfoque claramente social, aunque es improbable que logre su aprobación.
La opción más factible es adelantar las elecciones generales a marzo o abril de 2027, reduciendo la duración de la legislatura en algunos meses.
El presidente Pedro Sánchez descartó este viernes por completo la coincidencia de las elecciones generales con las autonómicas y municipales que tendrán lugar en mayo de 2027.
Con esta declaración, dejó abierta la posibilidad de acortar la legislatura, lo que ubicará los comicios generales en marzo o abril del próximo año.
Desde Montenegro, Sánchez reconoció que existe un «debate pendiente» entre alcaldes y candidatos autonómicos —que rechazan ser castigados en las urnas por los escándalos de corrupción del Gobierno— y subrayó «por activa y por pasiva» que no habrá un ‘superdomingo electoral’ en mayo de 2027.
Con julio de 2027 como fecha límite, su margen de maniobra está limitado por un calendario judicial intenso que, desde noviembre próximo, podría llevar a Begoña Gómez a ser juzgada por un jurado popular.
Además, existe una amenaza mucho más cercana: el sumario del caso fontanera compromete al ministro Marlaska por contradicciones, señala a la directora de la Guardia Civil debido a sus encuentros secretos con Leire Díez y también podría involucrar a Sánchez en Moncloa. Esto puede cambiar completamente el panorama.
Este viernes, el presidente reiteró su compromiso de tramitar los Presupuestos de 2027, enfocados en lo social. Aunque es poco probable que los apruebe, serían su principal atractivo electoral.
Los cuatro escenarios posibles que se abren actualmente son los siguientes:
Fin de curso complicado
En un momento marcado por la mayor crisis desde que asumió la Moncloa, Pedro Sánchez atraviesa un final de curso político agotador, con un sinfín de causas judiciales que no permiten respiro alguno.
En las próximas semanas se conocerán las sentencias sobre el hermano de Pedro Sánchez (cuyo juicio concluirá la próxima semana en Badajoz) y sobre José Luis Ábalos (para quien el fiscal solicita 24 años de prisión) y Koldo García (19 años y medio) por el caso mascarillas. Esto apenas es el inicio.
Mientras tanto, continúa la instrucción de procesos judiciales delicados relacionados con supuestas manipulaciones en contratos de obras públicas, en los que están implicados José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Isabel Pardo de Vera y otros exfuncionarios del Ministerio de Transportes.
También sigue abierta la investigación sobre la financiación del PSOE (basada en revelaciones de Víctor de Aldama), el caso hidrocarburos y la Sepi, con la participación nuevamente de Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández como figuras clave.
Solo la visita del Papa León XIV (que se extenderá hasta el próximo viernes) y el Mundial de Fútbol (del 11 de junio al 19 de julio) pueden apartar temporalmente la atención informativa, que hoy está dominada por escándalos que van desde la imputación del expresidente Zapatero hasta la operación oculta de Leire Díez desde Ferraz contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.
El período de sesiones en el Congreso finalizará el 30 de junio, lo que supondrá un alivio, debido a que el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para aprobar sus principales leyes. Tampoco puede aprobar algunas de las reformas exigidas por Bruselas para liberar nuevos fondos europeos.
Sin duda, este constituye el momento menos propicio para convocar elecciones, que en estas circunstancias pondrían al PSOE al borde del precipicio.
Presupuestos para otoño
Para distanciarse de los escándalos de corrupción, Pedro Sánchez reiteró ayer que esta vez el Gobierno cumplirá el mandato constitucional de tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2027, algo que no se ha hecho en los últimos tres años.
Durante su estancia en Montenegro, apeló a la «responsabilidad» de sus socios para sacar adelante unos «Presupuestos con un marcado perfil social, que mantengan el rigor fiscal que caracteriza a este Gobierno y que continúen con la agenda de transformación económica y social impulsada durante ocho años».
El BOE publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda que establece, entre las prioridades de los nuevos Presupuestos, el «refuerzo del Estado de Bienestar», el acceso a vivienda, los servicios de salud y educación públicos, la «generación de empleo estable y de calidad» y la «transición ecológica justa».
De cumplir los plazos legales, el Gobierno debe entregar el proyecto presupuestario en las Cortes antes de finalizar septiembre, lo que situaría el debate de enmiendas a finales de octubre.
Pedro Sánchez sabe que no cuenta con mayoría para aprobar los presupuestos y apenas dispone de espacio para ofrecer nuevas concesiones a sus socios a cambio de su respaldo.
Por ende, los «Presupuestos sociales» anunciados se perfilan más como una herramienta o señuelo electoral. Si el Congreso rechaza las cuentas a finales de octubre, Sánchez tendría un argumento para convocar elecciones, que tras el plazo legal de 54 días podrían tener lugar en diciembre de 2026 o enero de 2027.
Sin embargo, emerge nuevamente el calendario judicial. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular (integrado por nueve ciudadanos) por cuatro presuntas faltas: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los recursos presentados. Si ratifica la decisión del juez instructor, la selección del jurado y el juicio oral podrían comenzar a partir de noviembre, aunque la fecha definitiva sigue sin definirse.
Esto dificulta la posibilidad de que los comicios se realicen en diciembre o enero.
Primavera de 2027
Este escenario se presenta como el más probable, tras el anuncio del presidente del Gobierno de este viernes.
Celebrar las elecciones en marzo o abril de 2027 permitiría a Sánchez cumplir su promesa de agotar la legislatura, aunque acortada en aproximadamente tres meses.
Cabe señalar que algunas fechas quedarán descartadas, por ejemplo: la Semana Santa se celebra del 21 al 28 de marzo.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que las elecciones deben realizarse 54 días tras la publicación en el BOE del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral.
Por lo tanto, si Sánchez firma el decreto el 11 o 12 de enero, justo después de las Navidades, los comicios se celebrarían el 7 de marzo.
Si la firma ocurre el 23 de febrero, la campaña comenzaría tras la Semana Santa y los españoles votarían el 18 de abril.
Julio de 2027
Esta es la fecha límite para realizar las elecciones generales, cuatro años después de los comicios del 23-J de 2023.
Como indicó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, los candidatos municipales y autonómicos del PSOE temen que se repita la situación ocurrida entonces: en las elecciones del 28M de 2023, sufrieron el rechazo ciudadano hacia el Gobierno.
Al día siguiente, Pedro Sánchez sorprendió convocando elecciones generales, usando como advertencia principal los pactos del PP con Vox.
Tampoco los principales aliados de Sánchez, como el PNV, desean ser perjudicados por su respaldo al Ejecutivo en las elecciones autonómicas previstas para el último domingo de mayo de 2027.
Otro factor en contra de celebrar elecciones en julio es la desmovilización del electorado de izquierdas, que representa una amenaza significativa tanto para el PSOE como para cualquier fuerza sucesora de Sumar.
Además, organizar elecciones generales en pleno verano reduciría la participación ciudadana.
Todo ello consolida a la primavera de 2027 como el escenario más probable para celebrar los comicios.