Las ex clarisas acusan al Comisario de apropiarse «sistemáticamente, durante 18 meses, de las pensiones de sor Pureza y sor Adoración, con un monto superior a 2.000 euros mensuales más complementos, sin estar a su cargo».
Las ex monjas de Belorado (Burgos) han afirmado que «jamás» dañaron a sus hermanas mayores, a quienes siempre brindaron «amor, ternura y dedicación plena, junto con todos los cuidados disponibles», tanto médicos como en alimentación e higiene.
Tras conocerse el pasado viernes que siete ex monjas de Belorado serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono y omisión de socorro contra cinco religiosas mayores en el monasterio de Orduña, además de por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida, las ex clarisas emitieron un comunicado denunciando «la constante campaña de desprestigio y demonización» contra su comunidad religiosa, «únicamente por serlo y por expresar libremente» su opinión sobre la actual jerarquía romana».
Reiteraron que nunca causaron «daño alguno» a sus hermanas mayores, sino que por el contrario, siempre las atendieron «con completo amor, ternura y dedicación, asegurando los cuidados disponibles, tanto médicos como alimenticios e higiénicos».
Precisaron que, en virtud del voto de pobreza, todas las religiosas «no reciben ingresos para sí mismas, ya sea en concepto de salario, pensión u otro», sino que «los fondos que obtienen se destinan a la comunidad, conforme a nuestras Constituciones Generales y el Derecho Canónico de 1917 y 1983«.
Por tanto, indicaron que dentro de las comunidades religiosas, cada hermana «contribuye con lo que puede, ya sea por su trabajo o pensión, y desde un fondo común se asigna ese dinero para cubrir las necesidades» de todas.
«Los recursos se administran conjuntamente, tal como practicaban los primeros cristianos, siendo esta una característica inherente a la vida religiosa desde sus orígenes», destacaron, defendiendo que «lejos de ser una conducta ilícita, se trata de una tradición milenaria vigente en miles de institutos religiosos hoy día».
Recordaron que en junio de 2024 les retiraron las cuentas de comunidad y los NIF, por lo que debieron continuar «utilizando cuentas abiertas a nombre de los DNIs», lo que explica «las transferencias entre cuentas». «Lo que constituye una extorsión por parte del Comisario, ahora es presentado como un delito grave, qué hipocresía», reprocharon.
Además, señalaron que las hermanas mayores recibieron transferencias derivadas del trabajo de la comunidad, provenientes del restaurante y el criadero, ya que con sus propios ingresos habrían caído en la pobreza y abandono. Por ello, cuestionan «por qué no se menciona el dinero que ellas reciben de la comunidad».
Manifestaron que «no se recibieron pensiones de cuatro hermanas desde el inicio del cisma, sino dos pensiones seis meses después, en diciembre de 2024, y una pensión nueve meses después, a finales de marzo de 2025«, mientras que, precisaron, «dos pensiones nunca fueron percibidas, aunque esas monjas recibieron atención integral como las demás».
Las ex clarisas acusan al Comisario de retener «sistemáticamente, durante 18 meses, las pensiones de sor Pureza y sor Adoración, con un valor superior a 2.000 euros mensuales más extras, sin estar a cargo de ellas». Por ello, consideran que «es él quien debe justificar el uso de esos fondos, puesto que los retuvo contra la voluntad de las monjas mayores y sin consultarlas respecto a su destino en ningún momento».
Asimismo, afirmaron que «no existe dinero transferido al hermano abogado de sor Isabel», sino que «trabaja ‘gratis et amore’, para la Comunidad«, aunque dicho hecho no sea comprendido en algunos ámbitos, pero aún persiste la grandeza de alma.
EN BUEN ESTADO DE SALUD
Sobre la salud de las mayores, sostuvieron que «los informes de urgencias de Basurto demuestran que se encontraban en buen estado para su edad, hidratadas, nutridas y correctamente medicadas», preguntándose «por qué se oculta este dato».
Las ex monjas explicaron que «tres hermanas jóvenes en edad laboral dejaron sus empleos y cesaron sus cotizaciones a la Seguridad Social para cuidar 24/7 a las hermanas ancianas». «¿Es esto un delito grave? ¿Quién realmente se perjudica con este acto de caridad?», cuestionaron.
Por otra parte, denunciaron que «una de las ancianas fue abandonada recibiendo únicamente 150 euros mensuales de ayuda social, mientras necesitaba fisioterapia que costaba más de 200 euros al mes». «Sus pensiones no le fueron entregadas. Esa hermana ya no podía alimentarse ni abrigarse, ni cubrir sus mínimas necesidades de atención constante debido al modo de gestión de la Comisión Gestora, aunque fue cuidada igual que las demás, conforme a la caridad cristiana y las Constituciones de nuestra orden», afirmaron.
Igualmente, indicaron que «otras dos ancianas recibían una pensión mínima que apenas les alcanzaba para comida y pagos básicos, pero nunca para atención 24/7, la cual sí recibieron durante su estancia en la Comunidad».
Las ex monjas declararon que «solo una de ellas podría haber cubierto sus necesidades, no solo de manutención, sino también de cuidado personal constante, y aun así una pensión íntegra fue entregada a las necesidades de su familia, con su solicitud expresa, y recibió cuidados puntuales en audífonos que superaron los 4.000 euros«.
Otra monja anciana, según informaron, «tuvo una hospitalización en un centro privado con un coste superior a 6.000 euros, pagado exclusivamente con ingresos del trabajo de la Comunidad, ya que ella no podía afrontar ese gasto». «Se priorizó la salud de esta hermana, no su limitada capacidad económica», enfatizaron, aportando este dato porque consideran que se oculta.
En este sentido, destacaron que las actas recogen que las ancianas «manifestaron libremente en los tres interrogatorios a los que fueron sometidas que deseaban permanecer en su casa y comunidad». «Es un hecho indiscutible», defendieron.
Respecto a las hermanas «bien-idas» que denuncian malos tratos o humillaciones, afirmaron que lo hacen «con dolo». «Saben que esto nunca sucedió y además se consideran sus declaraciones sin pruebas, basadas en hechos ocurridos en 2025, cuando ellas abandonaron voluntariamente el monasterio en 2024«, advirtieron.
Finalmente, denunciaron que el operativo del 18 de diciembre, con el que la Guardia Civil «forzó la entrada al monasterio en Orduña», causó «la interrupción total de la atención a las ancianas que eran cuidadas en ese momento por las religiosas responsables».
«Fueron expulsadas del baño y otras áreas, obligándolas a dejar a las ancianas en manos de los agentes, quienes ingresaron en todas las habitaciones, incluso donde se estaba asistiendo a hermanas para lavarlas y cambiarles el pañal. No hubo hermanas desatendidas, ni solas en un baño. Es completamente falso«, concluyeron.