Las claves
El Parlamento Europeo ha avanzado en el reconocimiento de la policía como profesión de riesgo a nivel de toda la UE, tras la aprobación de una enmienda promovida por el Partido Popular Europeo.
Esta enmienda destaca la exposición constante de policías y profesionales de emergencias a peligros severos y ataques intencionados, apoyando así su consideración como profesiones de elevado riesgo.
El PSOE optó por abstenerse en la votación de la enmienda, en tanto que Vox la respaldó; sin embargo, los socialistas apoyaron el texto definitivo de la resolución.
El reconocimiento oficial como profesión de riesgo conllevaría mejores condiciones jubilatorias, complementos en el salario y un incremento en el respaldo psicológico y material para los agentes afectados.
Este jueves, el Parlamento Europeo dio un paso inicial para reconocer a los distintos cuerpos policiales como una profesión de riesgo en toda la Unión Europea.
Todo ello mediante una enmienda que señala que los funcionarios «que ejercen funciones policiales» enfrentan una exposición «estructural y continua» al peligro de lesiones graves o incluso la muerte motivada por «actos intencionados de violencia de terceros».
El impulso principal de esta iniciativa partió del Partido Popular Europeo, que logró incorporar este cambio en una resolución dirigida a la reducción de la mortalidad laboral.
Además, el grupo conservador exigió que la votación de esta enmienda fuese nominal (roll-call), con un registro público que permite documentar el sentido de voto de cada eurodiputado. Esta estrategia facilitó mostrar las posturas de los partidos españoles en Estrasburgo.
La bancada de Vox apoyó la enmienda, mientras que el PSOE se abstuvo, evitando respaldar un texto que abriría el reconocimiento de policías, guardias civiles, funcionarios penitenciarios, bomberos y otros servidores públicos como profesiones de riesgo en todo el continente. Sin embargo, los socialistas votaron a favor del conjunto final de la resolución.
En realidad, la enmienda modificó un considerando de la resolución, que pasó de referirse de forma genérica a «trabajadores del sector público» para mencionar expresamente a «funcionarios públicos con funciones policiales y trabajadores en el área de salvamento de emergencia«, reconociendo que su actividad los expone a una realidad «relativamente nueva» de violencia intencionada.
«Reconocimiento de riesgos»
El Parlamento Europeo reconoce, por ende, «el incremento de ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad», y constata que estos profesionales afrontan de forma estructural y continua el riesgo de sufrir graves lesiones o la muerte debido a esos ataques.
Este reconocimiento, añade el texto, «justifica el reconocimiento preciso de la naturaleza de los riesgos implicados».
Según fuentes del PP, se trata de un paso inicial hacia la equiparación jurídica de estos agentes con profesiones catalogadas de alto riesgo, que intentaron impulsar anteriormente a través de una directiva en enero pasado.
Este estatus incluiría condiciones jubilatorias mejoradas, retiro anticipado sin detrimento en la pensión, complementos salariales específicos y un fortalecimiento del apoyo psicológico y de los recursos materiales con que enfrentan la delincuencia organizada y el terrorismo.
86 vetos acumulados
El contraste con la situación española es marcado. En el Congreso de los Diputados, la Mesa controlada por PSOE y Sumar ha rechazado en 86 ocasiones la proposición de ley del PP para reconocer a Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, aplicando la llamada «técnica del congelador»: prórrogas sucesivas de plazos de enmiendas que impiden que la ley pueda ser debatida en el Pleno.
Este bloqueo ya fue criticado por el Tribunal Constitucional, que en una resolución emitida hace un mes reprochó a la Mesa de la Cámara Baja por una «obstrucción del proceso legislativo» mediante el uso de ampliaciones sucesivas de plazos, impidiendo de facto la tramitación de iniciativas opositoras.
De esta manera, el control formal del orden del día se convierte en un veto político con consecuencias aparentes nulas.
Esta semana, el PP ha logrado superar esa barrera con una maniobra parlamentaria. Los populares presentaron como nueva propuesta de ley en el Congreso el texto aprobado por el Senado (actualizado), que el PSOE había paralizado mediante prórrogas, y consiguieron la mayoría para iniciar su tramitación en la Cámara Baja.
Empeño de largo plazo
Desde el inicio de esta legislatura, el PP ha convertido la consideración de «profesión de riesgo» para las fuerzas y cuerpos de seguridad en uno de sus principales ejes, tanto en España como en Bruselas.
En Madrid, ha presentado propuestas y enmiendas para extender a Policía Nacional y Guardia Civil las condiciones que ya disfrutan policías locales, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. En Europa, ha impulsado primero la mencionada directiva y ahora esta enmienda incluida en la resolución sobre mortalidad laboral.
Frente a esta insistencia, la posición del PSOE ha sido de bloqueo continuo. En la Mesa del Congreso; en el Gobierno, que no ha asumido ninguna de estas iniciativas; y ahora también en el Parlamento Europeo, donde sus eurodiputados han optado por abstenerse en una enmienda que subraya el riesgo particular de estos agentes.
La controversia incluso marcó la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 17-M. La exvicepresidenta y candidata socialista, María Jesús Montero, describió como «accidente laboral» la muerte de dos guardias civiles frente a las costas de Huelva, expresión que generó indignación entre asociaciones de guardias civiles y la obligó a rectificar posteriormente.
Para el PP, esa declaración denota la reticencia del PSOE a respaldar una reivindicación apoyada por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa liderar.
La votación en Estrasburgo ofrece a los populares un nuevo argumento para acusar a los socialistas de «desamparo hacia quienes garantizan la seguridad de todos».