La UDEF entregó el pasado miércoles el informe que fundamenta la citación como investigado del ex presidente del Gobierno
Existe una regla no escrita en los tribunales, aunque respetada, según la cual las resoluciones judiciales con impacto político se aplazan hasta después de los procesos electorales para no interferir en las votaciones. De este modo, se ha procedido con la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien para el juez José Luis Calama ocupa el «vértice» de una organización criminal, liderando estratégicamente y manteniendo relaciones institucionales y empresariales de alto nivel.
Como ha ido informando EL MUNDO, la figura del ex presidente lleva varios meses bajo la lupa de los investigadores (primero de la Fiscalía Anticorrupción, luego de un juzgado madrileño y, finalmente, de la Audiencia Nacional) por su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
A pesar de las críticas del PSOE hacia la Justicia tras la imputación de Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, los hechos muestran que la Audiencia Nacional esperó a que concluyeran las elecciones en Andalucía para iniciar la operación anticorrupción, en la que se practicaron registros en el despacho del ex secretario general del PSOE -considerado el «centro de coordinación de la red», según el magistrado-, en la empresa de sus hijas, Whathefav, y en otras dos sociedades.
Según fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), encargada de la Policía Judicial en este caso, remitió el pasado miércoles a la Audiencia el atestado policial que fundamenta la imputación de Zapatero y la petición de diligencias de entradas y registros. Estas diligencias contaron con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso solicitó el registro del domicilio particular del ex presidente, aunque Calama rechazó esta petición.
Las diversas fuentes vinculadas al caso explican que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia, José Luis Calama, de acuerdo con la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, decidió aplazar la operación hasta después de las elecciones en Andalucía para evitar causar perjuicios al PSOE. Estas fuentes insisten en que el retraso se produjo para no afectar la cita electoral de los ciudadanos.
La aparición del ex presidente
El nombre de Rodríguez Zapatero emergió en la investigación tras las primeras entradas y registros ordenados por la Audiencia Nacional referentes al rescate de la aerolínea, actuando en tareas de cooperación judicial con Francia y Suiza -que habían remitiendo comisiones rogatorias al tribunal español especializado-.
En ese contexto, al examinar la Fiscalía Anticorrupción el material incautado en las oficinas de Plus Ultra, surgió el nombre de Julio Martínez Martínez -alias ‘Julito’, quien funciona como principal lugarteniente y persona de confianza absoluta del ex líder del PSOE- y detrás de él, la figura central de Zapatero. Nunca antes un ex presidente del Gobierno había sido imputado en España.
Cuando la Audiencia se declaró incompetente para investigar estos hechos en noviembre de 2024, Anticorrupción continuó con la investigación mediante diligencias preprocesales que posteriormente judicializó de nuevo, esta vez en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) a finales de 2025. En ese punto, el papel de Zapatero ya se consideraba esencial para los investigadores y los registros realizados al supuesto testaferro Julio Martínez Martínez solo confirmaron las sospechas iniciales. El ex presidente volvió ayer a proclamar su inocencia.