Los estudiantes podrán colaborar en la creación y modificación de normativas. Las becas deben contemplar el incremento del precio de la vivienda.
El Gobierno ha ampliado la influencia de los estudiantes dentro de las universidades. Los contenidos que los profesores impartan cada curso deberán tener la aprobación de los alumnos, quienes además participarán en la elaboración de normativas que les conciernen e incluso colaborarán en la formulación de aquellas relacionadas con sus propias huelgas estudiantiles. Por primera vez, la huelga académica es legitimada y reconocida como un derecho.
Estos cambios están reflejados en el proyecto de real decreto del Estatuto del Estudiante Universitario. Este texto, impulsado por el Ministerio de Diana Morant, deroga una normativa similar de 2010, vigente cuando el ministro era Ángel Gabilondo, también integrante del PSOE. En aquella versión ya se contemplaba el derecho de los estudiantes a «participar corresponsablemente en el proceso de toma de decisiones y políticas estratégicas», aunque se profundizaba poco en ello. Actualmente, se amplían los derechos introducidos en 2023 por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu).
En este sentido, el borrador establece que «la programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes de cada universidad conforme a su normativa, garantizando que la aprobación se realice por un órgano con representación estudiantil».
La programación docente comprende los contenidos impartidos por los profesores cada curso, las metodologías educativas, los sistemas de evaluación, la asignación de docentes, así como los recursos y equipamientos de aprendizaje. Anteriormente, estas responsabilidades recaían en los departamentos o centros. Aunque los estudiantes tenían derecho a conocer esta información con suficiente antelación, no podían aprobar la programación docente. Ahora, esta medida avanza un paso más, lo que probablemente genere debate entre el profesorado.
Reconocimiento del derecho a huelga académica
Los estudiantes también tendrán el derecho a «ser escuchados y participar en los procesos de elaboración o modificación de normativas universitarias que afecten al estudiantado, así como en la gestión de la calidad académica». Este derecho en el decreto de 2010 se limitaba al diseño de normas de permanencia en la universidad, a la elaboración de informes de verificación de títulos y a la planificación de programas de becas, áreas que se mantienen y ahora se fortalecen con otras nuevas.
Por primera vez se reconoce el derecho a huelga de los estudiantes, respetando, sin embargo, el derecho de aquellos que deseen asistir a clase. El decreto indica que las universidades deberán establecer las condiciones para ejercer este derecho y definir el procedimiento de declaración del paro académico, que será realizado por el órgano que representa a los estudiantes. La representación estudiantil tiene tanta voz que «deberá ser escuchada y participar en la elaboración de las normativas que regulen el paro académico estudiantil en su universidad».
A cambio de esta mayor influencia, se establece una vinculación más estrecha con el Gobierno. El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que en 2010 se describía como «el órgano de deliberación, consulta y participación de los estudiantes ante el Ministerio», ahora se define como «el órgano colegiado del Ministerio para la participación, deliberación y consulta del estudiantado».
Un tercio en la educación privada
El decreto señala que en esta década las universidades han experimentado «cambios significativos» y también ha evolucionado el perfil del estudiante. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos en instituciones privadas ha pasado del 7% en 2000 al 29% en el curso 2025/26. Quienes cursan estudios virtuales superan ya el 27%, cifra que representa «una de las proporciones más elevadas entre los países desarrollados de Europa».
Mientras tanto, el número de estudiantes extranjeros ha aumentado un 30%, la mayoría son mujeres (57%), se observa un crecimiento en las matrículas de los másteres y destaca la importancia de quienes combinan estudios y empleo (representan el 30%, alcanzando el 69% en los másteres y el 89% en los doctorados).
El real decreto define los derechos y obligaciones de los estudiantes en todos los centros, públicos y privados, además de los adscritos y de formación continua, en grados, másteres y doctorados, respondiendo a estas nuevas realidades. Por ejemplo, el texto enfatiza la importancia de compatibilizar la actividad académica con la laboral y de garantizar prácticas que cotizan a la Seguridad Social.
Inserción laboral
Además, las universidades deberán proporcionar a sus estudiantes indicadores sobre la calidad académica y la inserción laboral de las titulaciones. Por primera vez, se podrá reconocer hasta seis créditos en los planes de estudio de los grados por actividades de participación social, cooperación al desarrollo, sostenibilidad, así como por difusión y promoción del conocimiento científico, cultural y artístico.
El nuevo decreto también aborda el problema de la vivienda, obligando a las universidades a «promover» el alojamiento para estudiantes «en condiciones dignas y adecuadas». Incluso establece que las becas deben considerar el gasto en pisos, colegios mayores o residencias cuando el acceso a los estudios implique desplazamiento, y además «deberán valorar la posibilidad de incluir los diferentes niveles de coste de vida según la provincia donde se ubique la facultad».
Otra novedad para los estudiantes es el «derecho a la desconexión digital», equiparable al que tienen los trabajadores. Mientras el decreto de 2010 mencionaba ofrecer asesoramiento «en materia de salud», ahora se hace especial énfasis en la «salud mental». En un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor, todas las universidades deberán contar con protocolos de prevención y actuación frente al suicidio, acoso escolar y «acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género».
El borrador indica asimismo que «el Consejo de Universidades establecerá criterios básicos comunes para que las universidades puedan atender solicitudes de cambio de género y nombre en los expedientes estudiantiles, conforme a la legislación aplicable».
Transformación del perfil de los campus
Mayor oferta. En el curso 2000/01 había 66 universidades, mientras que en 2025/26 serán 97. En este periodo se han ofrecido 10.000 titulaciones oficiales, según precisiones del real decreto.
Crecimiento de la demanda. La cantidad de estudiantes ha pasado de 1.554.000 a 1.875.000, lo que representa un aumento del 21% que «rompe la tendencia de estancamiento de la década anterior».
Origen familiar. Un porcentaje «significativo» de estudiantes tiene uno o ambos padres universitarios, alcanzando el 54% en 2023/24, porcentaje que llega al 69% en carreras como Medicina.